Criptogate: el Gobierno quiere enterrar el escándalo pero el Congreso no lo deja
Por Paula Marussich
Guillermo Francos esquivó las cien preguntas sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA durante su informe de gestión ante Diputados, pero confirmó que regresará el martes próximo para ser interpelado. Por eso, ahora todas las miradas están puestas en el resto de los funcionarios convocados: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; y, sobre todo, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, reticente a dar explicaciones ante el Congreso. Aunque la Constitución no prevé sanciones formales por su inasistencia, su ausencia podría ser interpretada como un incumplimiento de los deberes de funcionario público, causal de juicio político. En el oficialismo, por estas horas, se debate qué hacer con Caputo. Mientras tanto, en Unión por la Patria hacen cuentas y se entusiasman: si los funcionarios eluden sus responsabilidades, el escenario podría allanar el camino para que avance la comisión investigadora, que comenzará a funcionar al día siguiente.
Todavía no se había retirado del Congreso Guillermo Francos, la noche del miércoles, cuando Martín Menem se vio forzado a oficializar la convocatoria para la semana siguiente. Entre los diputados que pasaron más de seis horas escuchando al jefe de Gabinete ignorar preguntas sobre la estafa promovida desde la cuenta de X del Presidente, empezaban a delinearse las primeras estrategias. Desde Unión por la Patria confirmaron a este diario que vienen trabajando hace días en la interpelación, mientras que el bloque Democracia para Siempre terminará de ajustar su hoja de ruta el lunes. Todos descuentan que Francos volverá a presentarse, pero persisten las dudas sobre el resto de los convocados, en especial Caputo, conocido por sus maniobras para esquivar el Congreso. En septiembre, se ausentó de la Comisión de Presupuesto y tampoco presentó el proyecto de Presupuesto 2025: la exposición quedó en manos del propio presidente Javier Milei.
La comisión investigadora comenzará a funcionar el miércoles, apenas un día después de la interpelación a los funcionarios del Ejecutivo. Pero su arranque ya está condicionado por una ingeniería política hecha a medida. Martín Menem habilitó la balcanización de la Cámara de Diputados y oficializó una resolución que amenaza su funcionamiento. Su conformación pasó a ser de 28 integrantes, catorce de perfil opositor y catorce alineados con el oficialismo y sus aliados. El mapa definitivo, ratificado por Menem, expone la guerra de interbloques y las maniobras desplegadas para asegurarse posiciones clave.
Para destrabar la parálisis, varios bloques opositores presentaron impugnaciones que buscan revertir la ampliación y restituir la composición original de 24 miembros. Entre los firmantes figuran Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal; Fernando Carbajal y Danya Tavela, de Democracia para Siempre; y Sabrina Selva, de Unión por la Patria. Las objeciones apuntan a la maniobra impulsada por Martín Menem para modificar la correlación de fuerzas mediante la creación de interbloques y a designaciones realizadas fuera del plazo reglamentario, como las de Innovación Federal.
Si bien la estrategia inicial era forzar una votación durante la sesión del martes para desandar los cambios en la comisión, desde Unión por la Patria y Democracia para Siempre se mostraban confiados en poder inclinar la balanza incluso sin necesidad de formalizar el planteo en el recinto. Para eso deberán salir a pescar votos en una pecera diversa: los diputados de Innovación Federal, que responden a partidos provinciales de Salta y Río Negro y algún radical que siga instrucciones de un gobernador desencantado.
Fuente: www.pagina12.com.ar