La Cámara de Diputados arrancó ayer una maratónica ronda de consultas y para escuchar la postura de entidades productivas y de organizaciones ambientalistas  sobre el proyecto de creación del Parque Nacional Iberá, en los terrenos del extinto magnate estadounidense Douglas Tompkins. Ruralistas pidieron extender el plazo de estudio de la iniciativa y ser nuevamente convocados antes de su tratamiento.
La jornada inició con cerca de las 10 . “Iberá Patrimonio de los Correntinos” fue la primera institución en manifestarse ante los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Ecología y Ambiente, y Producción, Industria, Comercio y Turismo.
En representación de la organización hablaron  “China” Moulín, Mabel Moulín y Eduardo Aguirre.  Primero detallaron la importancia de los humedales, resaltando que es uno de los tres acuíferos del mundo, que como tal, tiene un incalculable valor. “Si se cede jurisdicción, como la quieran llamar (ambiental, de dominio), nunca más se la va a recuperar”, sentenció Moulín.
Después continuaron desde la Sociedad Rural de Mercedes. José Eloy Agosti y Raúl Román hicieron uso de la palabra para pedir que en el análisis del tema, se revea la cuestión de los “límites”.
La actividad prosiguió por la tarde. La última reunión fue con la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes. Los señores Martín Marticorena y José Meabe hicieron uso de la palabra, para solicitar que se tome 30 días para analizar el expediente en cuestión.  Solicitaron también que se re-lea diversos artículos de la Ley de Parques Nacionales.
“Tenemos un grupo de productores que están preocupados y estamos averiguando algunos puntos que no están claros en el proyecto”, dijo a El Litoral el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Martín Moncada. “Lo esencial es que estamos defendiendo la propiedad privada. En el caso de que se apruebe el Parque Nacional y Reserva Iberá, manifestamos que no estamos en desacuerdo si se respetan las propiedades lindantes al parque”, expresó el referente rural.
Informó que presentaron a los legisladores un escrito con una serie de dudas. Una de ellas consiste en que el parque estará dividido en cuatro secciones pero que en el medio hay propiedades de productores, quienes temen no poder utilizar sus tierras. Estas podrían considerarse corredores verdes que restrinjan el tipo de producción, aunque no está del todo estipulado en la propuesta, según indicaron.
Otra de las preguntas que plantearon los productores fue “¿qué pasará con los caminos internos?” que quedarán en la jurisdicción. También, consultaron si existe algún tipo de cargo por la cesión de los terrenos al Gobierno Nacional. De otorgarse las tierras a Nación, qué fuerza de seguridad intervendrá, “si la policía, si la federal”, cuestionaron.
Moncada, a su vez, enfatizó en el uso en la iniciativa de terminología que no está contemplada en la Ley de Parques Nacionales, que data de 1980. Una de ellas es “cesión ambiental”, preguntándose “¿en qué consiste y qué alcances tiene’”.
Una pregunta fundamental, es si las tierras “serán jurisdicción de los correntinos o no”. Por lo pronto el referente del sector rural explicó que solicitaron a los diputados un plazo prudencial de 30 días para analizar la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado, y responder las dudas. “Queremos que nos vuelvan a convocar antes de tratar el proyecto”, indicó.
Además, solicitaron copias de la documentación que respalda al proyecto. Por ejemplo, la intención de cesión de los terrenos de Conservation Land Trust al Gobierno Nacional. Hoy, en tanto, continúa la ronda de consultas. Esta vez será el turno de los intendentes de los departamentos que estarán afectados.