Martes 24 de Noviembre de 2020

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2 de junio de 2016

Cinco cláusulas secretas del proyecto para saldar las deudas con los jubilados

La iniciativa para reajustar los haberes incluye algunos criterios que podrían generar polémica. Por ejemplo, la pensión universal estará disponible sólo tres años y habrá un cambio sensible en la moratoria vigente

La iniciativa presentada por el presidente Mauricio Macri la semana pasada contiene algunos ítems que generaron ciertas dudas en el ámbito de la seguridad social, el fuero donde hoy se tramitan los juicios por reajustes de haberes. Infobae repasó con especialistas los puntos más discutidos.La pensión universal para los mayores de 65 años anunciada por el gobierno nacional como parte del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados estará vigente sólo durante tres años, según surge del proyecto que ingresó anoche al Congreso Nacional.El Poder Ejecutivo prevé que durante ese lapso un consejo especial elaborará un nuevo régimen previsional que contemplará un beneficio social similar para los trabajadores que no tienen los aportes necesarios para jubilarse.Especialistas consultados por Infobae cuestionaron la técnica legislativa utilizada por Cambiemos. Es que en caso de que el Congreso no cumpliera con el plazo de tres años establecido para sancionar la nueva ley, muchas personas que hoy tienen menos de 62 años podrían quedarse sin cobertura.El artículo 5 prevé que los haberes reajustados de las personas que accedan voluntariamente al pago ofrecido por el Gobierno no podrán superar los topes establecidos por ley. Esta restricción podría perjudicar a una gran porción de jubilados que tienen derecho a percepciones mucho más altas.Del mismo modo que existe una jubilación mínima -hoy $4.949-, la ANSES establece todos los años un techo para los haberes más altos. La resolución 28/2016 fijó ese límite en $36.330,32, una cifra que usualmente es superada en las sentencias que dicta la Justicia federal.El programa lanzado por la administración nacional se instrumentará a través de acuerdos transaccionales que deberán ser homologados por los mismos tribunales que hoy consideran que los topes de ley son inconstitucionales, por lo que resulta improbable que terminen aceptando la propuesta realizada por el macrismo en el proyecto de ley.El artículo 5 además fija mecanismos técnicos para redeterminar el haber inicial y su movilidad que también podrían ser discutidos en sede judicial, estiman los abogados previsionalistas.Si bien el artículo 8 del proyecto estipula que se eximirá del Impuesto a las Ganancias el importe que corresponde abonar por la actualización del capital, continúa vigente la quita sobre el retroactivo, que es el pago más importante que tendrán los jubilados. Podría representar una poda de hasta 35% para los beneficiarios. En este punto no hay cambios con lo que sucede actualmente con el pago de las sentencias.En la Argentina para jubilarse hay que cumplir la edad legal (60 años las mujeres, 65 los hombres) y acumular 30 años de aportes. En un mercado laboral con alta informalidad, este segundo requisito se ha tornado de difícil cumplimiento para gran parte de la población.Con el objetivo de extender la cobertura social a la mayor cantidad posible de personas, el Congreso sancionó dos normas que le permiten a un trabajador "comprar" los aportes faltantes. En septiembre está previsto el vencimiento de una de estas moratorias. La que continuará vigente surge de la ley 24.476 y abre la posibilidad de que un empleado regularice los aportes no ingresados desde sus 18 años hasta el 30 de septiembre de 1993.De aprobarse la ley impulsada por el macrismo, se introducirá un cambio que no es menor: la Anses comenzará a analizar la situación socioeconómica del solicitante y evaluará si se justifica la aplicación del beneficio, criterio que hasta ahora sólo se utilizaba en el plan que vence este año.En definitiva, se podrán comprar años correspondientes a un período más acotado que antes por el vencimiento de una de las moratorias y sólo podrán completar aportes las personas que justifiquen una determinada situación socioeconómica.Aquellas personas que no tengan los aportes necesarios y no puedan ingresar a la moratoria, deberán esperar hasta los 65 años para acoger la pensión universal. Cobrarán el 80% de un haber mínimo.Una vez homologado el acuerdo, el Estado cancelará un 50% de la deuda en una cuota y el restante 50% será prorrateado en 12 pagos trimestrales, iguales y consecutivos, que serán actualizados; pero la norma no especifica con qué criterio de movilidad.proyecto ley jubilados blanqueo.pdf

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