El empresario detenido Lázaro Báez presentó ayer ante el juez federal Sebastián Casanello más pruebas de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que había integrado su firma Austral Construcciones junto con Iecsa, de Angelo Calcaterra, para la construcción de dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Se trata del argumento que había dado Báez al ser indagado la semana pasada por Casanello a raíz de los más de 208 millones de pesos que recibió de la firma Helvetic Service Group, y que él había dicho que iban a ser utilizados para las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz. La estrategia de Báez, a diferencia de lo que se esperaba antes de su indagatoria sobre la posibilidad de avanzar en sus vínculos con Néstor y Cristina Kirchner, parece querer ligar los movimientos cuestionados judicialmente con el presidente Mauricio Macri, ya que Calcaterra es primo del Jefe de Estado. Mediante un escrito presentado por sus abogados, Báez agregó más datos de esa Unión Transitoria de Empresas junto con Iecsa, Austral Construcciones, Sinohydro, Esuco and Chediak. Al ser indagado, Báez había asegurado que el 31 de julio de 2012 se suscribió un memorándum de entendimiento para presentarse en la licitación de los proyectos de usinas hidroeléctricas, y que se contrató un servicio de consultoría con la firma SKG International LTD y Grupo ODS (controlante de Iecsa), por el cual la primera tenía como objetivo ser el canal natural para lograr la incorporación de un socio de capitales chinos para constituir una UTE. “Esta conjunción de empresas permitiría un respaldo importante para presentarse a la licitación del proyecto y poder aumentar las posibilidades de adjudicación, como así también asegurar el éxito”, indicó Báez. A través de sus abogados ahora presentó el correo electrónico remitido por Iecsa a Austral Construcciones referido al complejo hidroeléctrico; y el acuerdo suscripto el 10 de diciembre de 2012 para la constitución de la UTE. Asimismo, acompañó el proyecto para la construcción de las hidroeléctricas y el compromiso de acuerdo para tal fin entre las empresas, así como el contrato por el servicio de consultoría. “Solicitamos que ordene la incorporación de la documentación y sea evaluada en oportunidad del dictado de la falta de mérito o el sobreseimiento”, concluyó en su escrito Báez.s