Se cumple un mes y la Defensoría del Pueblo está acéfala, ese es el término correcto”, remarcó ayer Miguel Alegre, el primer funcionario en ocupar ese cargo en la institución con rango constitucional. Por consiguiente, el ahora ex defensor advirtió que la situación de estancamiento es “desde mi punto de vista una violación a la Constitución”, resaltó en una entrevista con El Litoral. 
“La institución está paralizada, no se da trámite a ningún reclamo. No hay un responsable que dé curso a las demandas que se hacen”, aseguró y destacó: “Se deja en estado de indefensión a toda la comunidad porque hoy no existe la posibilidad de que la institución defienda sus derechos. Se está violando la Constitución y es de gravedad institucional”, insistió.
Pocas semanas antes de que termine el mandato de Alegre la Comisión Bicameral de la Legislatura provincial inició el proceso de selección del nuevo defensor, pero surgió un error en la convocatoria que mandó todo a foja cero. En principio preveían seleccionar también a los dos auxiliares del titular, cosa que queda reservada para quien asuma en el cargo.
De esta manera todo el proceso comenzó de nuevo y con una lista de más de 60 postulantes. Recién la semana pasada avanzaron con los exámenes y ahora se superó las correcciones. Se puede decir que se está a mitad de camino.
Estas idas y vueltas hicieron que pase septiembre sin nuevo defensor del Pueblo. Para Alegre esta situación es inadmisible. 
Si bien en la segunda semana del mes pasado se emitió un comunicado oficial donde aseguraron que “todo el personal de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Corrientes se halla trabajando con normalidad en sus horarios habituales, de 7 a 13, tanto en su sede central de Capital como en sus seis subsedes del interior”, para Alegre todo está paralizado.
“Imagínese que no se puede cumplir con la cantidad de reclamos mensuales que ingresan a la Defensoría, como cuestiones de servicio de luz, agua, cloaca, construcciones, etcétera.
En los 5 años ingresaron entre 8.500 y 9.000 expedientes, por lo cual el movimiento administrativo es más que intenso”, acotó.

Negligencias
Alegre consideró que se llegó a esta situación “por negligencia de los legisladores. En lugar de definir a mi sucesor 15 días antes de que culmine mi mandato, deberían haberlo hecho tres meses antes”, subrayó.
“Dejaron vencer todos los plazos. Esto es de gravedad institucional. Es una misión delegada por la Constitución de proteger a los vecinos y no se está haciendo”, sostuvo.
Ante la consulta de El Litoral, el ex defensor consideró que “lo más grave que puede suceder es que se continúe en este estado de acefalía, porque se necesitan los dos tercios de los votos de los legisladores para definir al nuevo defensor del pueblo; pero qué va a pasar si no se consiguen los dos tercios. Los plazos se extenderán en busca del consenso y seguirá el estado de indefensión”, alertó.

Representación legal
“El escenario actual es más grave todavía, porque se pueden cerrar las delegaciones del interior. Los encargados tienen contratos que deben ser avalados por un defensor titular, pero si no hay uno nuevo en lo inmediato, pueden caer. Así, indefectiblemente cerrarán”, subrayó.
Actualmente hay seis subsedes: Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Esquina, Bella Vista, Mocoretá y San Miguel.
“Pero hay más”, indicó Alegre. “También pueden caer contratos para la representación de la abogada de la institución que lleva juicios importantes. Son expedientes voluminosos, como el de la facturación de la Dpec del cargo fijo, que en su momento se logró una cautelar, al igual que contra el Municipio por el impuesto de contribución por mejoras”, recordó.
Así “la Defensoría no podrá representar legalmente a nadie si caen los contratos de los representantes legales. Y son causas importantes que alcanzan a 150 mil usuarios de la luz y miles de vecinos en cuanto a la contribución por mejoras. Creo que no se está teniendo la visión completa de esta problemática”, concluyó. (GAL)

Fuente:www.ellitoral.com.ar