15 de abril de 2015
Condenaron a funcionarios de San Roque por irregularidades y pérdidas de balances
A siete años de la denuncia, ayer se expidieron sobre el juicio iniciado en mayo del 2013. Como informó El Litoral, hubo dilaciones con certificados médicos y faltas injustificadas. El ex intendente y actual edil, Raúl Pelozo, junto al secretario de Hacienda fueron sentenciados a un año de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En el 2008 el Concejo de San Roque resolvió pedir a la Justicia que investigue presuntas irregularidades en la adquisición de rodados por parte del entonces intendente Raúl Pelozo, como así también la extraña desaparición de los balances del primer semestre del 2007 en los que precisamente habían observado las mencionadas anomalías. Por este caso, ayer el Tribunal Oral Penal de Goya condenó al ahora ex jefe comunal y actual edil, al secretario de Hacienda Marcelo Lahargue y a los ex ediles y empleados en funciones, Miguel Pelozo y Marcial Villalba.
Minutos antes de las 10 continuó el juicio que había comenzado el 31 de mayo del 2013, jornada en la que finalmente se suspendió el debate por la ausencia de los cuatro procesados. Raúl Pelozo, que ejercía la intendencia en esos días, presentó un certificado médico firmado por una concejal que además era médica en un hospital capitalino. Un argumento similar esgrimió el titular del área contable. Mientras que los otros dos faltaron sin justificar el motivo.
Ante esta situación, los magistrados fijaron nueva fecha: el 7 de marzo del 2014. Pero otra vez dos de los acusados dijeron no poder asistir por problemas de salud. La repetición de la justificación de las ausencias generó sospechas en el Tribunal, que tal como lo informó El Litoral, ese mismo día envió una profesional a la localidad para que corroborara la veracidad de los certificados expuestos por Miguel Pelozo y Marcelo Lahargue. Tras examinar al primero, constató que padecía litiasis vesicular, pero que eso no le impedía comparecer ante la Justicia.
Luego la médica fue hasta el domicilio legal consignado por Lahargue, donde ante su llamado insistente en la puerta, un poblador se presentó como el hermano del verdadero propietario de la vivienda, negando así que allí viviera el citado funcionario comunal.
Para intentar ubicarlo, la profesional del órgano judicial fue a la comisaría primero y después a la Municipalidad, lugar en el que tampoco lo encontró. No obstante, una empleada le manifestó que Lahargue se encontraría en Santa Ana.
Tras recibir un informe de los datos recogidos por la médica en San Roque, el Tribunal Oral Penal de Goya consideró que todos los procesados están en condiciones de comparecer, por lo que establecieron que el debate se haría al mes siguiente: el 25 de abril.
Tercera y nulidad
“Estimamos que ahora sí concurrirían los cuatro procesados, caso contrario pediremos a la Policía que los busque”, habían manifestado fuentes judiciales a El Litoral el 24 de abril del año pasado. Requerimiento que finalmente no fue necesario porque acudieron el ex intendente y actual concejal Raúl Pelozo, el contador Marcelo Lahargue y los ex ediles devenidos en empleados del Municipio, Marcial Villalba y Miguel Pelozo.
Fue así que en el tercer intento, ese 25 de abril, comenzó el debate en el Tribunal Oral Penal de Goya que se extendió por alrededor de tres horas. En ese período, declaró primero Norma Borda, que precisamente ocupaba una banca en el recinto e integraba la comisión de Presupuesto cuando se produjo la presunta desaparición de los balances del primer semestre del 2007, donde habría constado la compra directa sin aval legislativo de un camión y una camioneta por parte del Ejecutivo. Luego brindó su testimonio quien había sido secretario del Concejo, José Aguirre, y por pedido de la defensa, Juan Carlos Báez explicó detalles de cómo se aplica la Ley 5.571 de Administración Financiera.
El siguiente en testimoniar fue el ex edil Luis Almirón, que precisamente se había desempeñado como presidente del Concejo y era testigo de los pedidos realizados al Ejecutivo para que enviara la documentación referida a los rodados adquiridos. También en esa oportunidad brindó su testimonio un ex empleado del área de Hacienda, Roque Luque, que manifestó haber visto los balances que supuestamente estaban extraviados.
Pero como faltó Juan Salinas, ex concejal y uno de los denunciantes del caso ante la Fiscalía, por pedido de la defensa el Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de mayo del año pasado.
Ese día Salinas concurrió y ratificó sus dichos sobre la desaparición de los balances. Después la defensa de Pelozo pidió la nulidad de las audiencias y la absolución de los acusados. Requerimiento al cual el Tribunal Oral Penal de Goya dio lugar en forma parcial, ya que sólo resolvió invalidar el debate.
Cuatro sentenciados
Precisamente, ayer se reanudó el debate en el que volvieron a declarar como testigos la edil Norma Borda, Luis Almirón y Juan Carlos Báez, quien fue propuesto por la defensa. Esta vez faltaron Juan Salinas, José Aguirre y Luque Roque, dos de los cuales presentaron certificado médico. “Tal vez pensaban que iban a dilatar de nuevo el proceso pero el fiscal Patricio Palisá pidió que se incorporaran las testimoniales que ellos dieron la vez anterior. Dieron lugar a su solicitud y tras un cuarto intermedio el Tribunal Oral Penal de Goya presidido por Romelio Díaz Colodrero e integrado por los doctores Julio Duarte y José Acosta en forma unánime los condenaron, manifestaron a El Litoral fuentes vinculadas al caso.
Luego precisaron que “por incumplimiento de los deberes de funcionario público condenaron al ex intendente y actual concejal Raúl Pelozo y al secretario de Hacienda, Marcelo Lahargue, a un año de prisión condicional y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos. Mientras que a los ex concejales y por estos días empleados de la Municipalidad, Miguel Pelozo y Marcial Villalba, los sentenciaron a dos años de prisión condicional y a cuatro de inhabilitación. En este último caso es por destrucción y ocultamiento de los medios de prueba, es decir, de los balances”.
“Ellos tienen 10 días para apelar, tal vez puedan modificar los tiempos que le fijaron por ejemplo de inhabilitación pero después de tantos años consideramos que quedaron demostradas las responsabilidades que cada parte tuvo en este caso denunciado en el 2008”, concluyeron.
Fuente:www.ellitoral.com.ar
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