Las partes citadas por la justicia participaron de una reunión con los ministros del Superior Tribunal, de la que fue parte también el fiscal general César Sotelo. Acompañados por el abogado Marcelo Fernández, los concejales Martín Martínez, María Ferragut, Eduardo López, Teresita Abraham y Mariela Lator, así como Pedro Maidana, asistieron muñidos de documentación y pruebas que revelan el faltante de casi 3 millones de pesos en el municipio de Santa Rosa, razón por la cual se inició el juicio político y se suspendió al intendente, Marcelo Otazo.

Las partes se notificaron de la decisión de la Corte Provincial que resolvió declarar la nulidad del acta N° 59 por la cual el Concejo Deliberante del municipio de Santa Rosa y ordenó que el trámite de juicio político se reconduzca, respetando las garantías constitucionales del debido proceso legal e intimó a las partes que en un plazo de 30 días se dispongan, en el marco de sus competencias, a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Carta Orgánica en materia de administración financiera (arts. 238 ss. y cdts. ; 248 ss. y cdts; 267 ss. y cdts).

El abogado apoderado del Concejo Deliberante aseveró que se habían cumplido todos los pasos legales para la suspensión y que no habían sido los concejales, sino la misma normativa la que establecía los trámites y requisitos que debían darse para ello. También aseguró que se agotaron las vías de notificación y que Otazo estaba al tanto del juicio político, por lo que a su criterio no había en rigor de verdad un conflicto de poderes. Sostuvo que el control de legalidad debía darse en la sentencia y no en esta etapa. Cuestionó las deficiencias financieras del municipio y se refirió a un faltante de más de 2 millones de pesos.

Para los Concejales, el dictamen solo restablece a Otazo en el cargo, pero entienden que hasta para la propia justicia persisten las dudas sobre el desmanejo de fondos públicos en Santa Rosa, porque de lo contrario no hubieran obligado al Municipio a cumplir lo dispuesto por la Carta Orgánica en materia de administración financiera.

El concejal Maidana dijo que en la reunión con el STJ  “cada uno hizo su presentación” y que en las preguntas que le hicieron al Intendente “no supo responder sobre balances ni sobre datos del auditor”.  Una vez notificados sobre los fundamentos los concejales y sus asesores resolverán los pasos a seguir para cumplir con los pedidos de la justicia y avanzar en el proceso que inició el Legislativo comunal, en busca de transparencia en las cuentas municipales.

 “Tenemos puesta la camiseta del Pueblo, y el Pueblo tiene puesta la camiseta de los Concejales. Esto va mucho más allá de la política, son casi 3 millones los que faltan y estamos dispuestos a volver a salir a la calle a expresar la indignación popular”, declaró el concejal Eduardo López tras la manifestación que esta semana realizaron sobre ruta 12, en rechazo al apoyo del Gobernador Ricardo Colombi a los hechos de corrupción que el cuerpo viene denunciando.

Fuente:tcnflash.com