No sólo los santarroseños están expectantes. Desde los ámbitos políticos e institucionales y desde otros municipios de la Provincia también se siguen atentamente estas instancias, que podrían ser un espejo para otras realidades conflictivas que podrían resolverse a futuro.
En juego está nada menos que la tutela jurisdiccional al respeto de la competencia y atribuciones de los concejos deliberantes para actuar como únicos jueces en las instancias propias del juicio político que contempla la Constitución, la que sólo habilita la intervención del Superior en el caso de inobservancia de las normas de procedimiento o afectación de las garantías constitucionales, sin constituirse en una instancia de revisión de la decisión en sí misma que compete exclusivamente a los concejos deliberantes.
En diálogo con EL LIBERTADOR, el senador provincial y presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical, Sergio Flinta, expresó ayer cautela habida cuenta de la judicialización de la crisis política en Santa Rosa. Su jefe político, el gobernador Ricardo Colombi, había expresado en la antevíspera que el enrarecido clima institucional santarroseño podría conducir a una intervención.
"Vemos la imposibilidad de un acuerdo. Por eso esperemos que este conflicto de poderes lo resuelva la Justicia", expresó Flinta a este diario, durante una entrevista que en forma más amplia se publicará el próximo lunes. El "Checho" Flinta le bajó un cambio así a la eventualidad de la intervención, que sin embargo dejó como alternativa de última instancia "sólo en caso de una situación extrema: por ejemplo si se desatase un clima de violencia o que no se acate una resolución de la Justicia", apuntó.
De todos modos aclaró que esa eventual intervención "es una situación no deseada".
Con la firma del presidente, doctor Guillermo Horacio Semhan y los ministros Alejandro Alberto Chaín, Fernando Augusto Niz y Eduardo Panseri, la Corte provincial fijó la audiencia que se realizará hoy. El mecanismo está previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades y se realizará con la presencia del fiscal general, César Sotelo.
Las partes podrán concurrir a la audiencia con las pruebas que no hayan sido oportunamente ofrecidas más allá que el análisis de las mismas no es competencia del Tribunal en esta instancia.
El expediente se inició con la presentación del ex intendente de Santa Rosa, Marcelo Eduardo Otazo, quien solicitó la declaración de nulidad de la Resolución N° 59 dictada por el Concejo Deliberante municipal, que el pasado martes 11 dispuso someterlo a juicio político, suspendiéndolo en sus funciones durante ese trámite.
LOS HECHOS

El cuerpo deliberativo de Santa Rosa venía observando, entre otros síntomas, movimientos de fondos cuyos destinos no eran explicados por la administración municipal. Ante reiterados y no satisfechos pedidos de informes, el Concejo resolvió iniciar los trámites de juicio político contra el Intendente. Se configuró así una situación de crisis política e institucional, que incluso se llevó puesto al viceintendente Juan José Encinas que se sintió empujado a renunciar.
Lo curioso es que Encinas lidera el sector político que lideraba el Municipio y tenía la mayoría de los concejales. Pero éstos se le dieron vuelta a mitad de camino y terminaron poniendo entre las cuerdas al intendente suspendido Marcelo Otazo.
Otazo, aconsejado por sus asesores (entre esos consejeros muchos miran hacia la Casa de Gobierno), decidió recurrir al Superior Tribunal de Justicia, ya que de alguna manera la propia Fiscalía General había dictaminado que el planteo configuraba un conflicto de poderes.
Finalmente la Corte provincial entendió que las pruebas del caso denotaban gravedad institucional, y manifestó que la cuestión tenía la suficiente relevancia para habilitar la competencia originaria y exclusiva del Tribunal.
Así las cosas, se llega a la instancia de hoy en que el máximo tribunal de la Provincia oirá a las partes en litigio, luego de lo cual bajará el martillo en uno u otro sentido en un leading case que será invocado en un sentido u otro en situaciones de conflictos futuros que puedan presentarse en otras comunas.