Los radicales que gobiernan están inmersos en el análisis del proyecto que pretende enmascarar las pretensiones evidenciadas del Decreto Nº 2.034. Los justicialistas aguardan que el Superior Tribunal dé lugar a la cautelar presentada por Capital, San Luis del Palmar, Ramada Paso, Tabay y Saladas para el destrabe de los fondos que la Provincia congeló por haber judicializado la constitucionalidad del condicionamiento específico del punto extra.
Entre el lunes y el martes habrá novedades que emanen de la Corte correntina, con los ministros del Poder Judicial conscientes de la relevancia de su decisión, sin que mellen sobre ellos presiones algunas relacionadas con detalles para nada menores como el giro de partidas del Gobierno provincial o el costo social que implicaría definir que un decreto puede más que una ley.
En el Ejecutivo correntino evitan mirar para Casa Lagraña y se ocuparon de desviar la atención a la Legislatura, donde este miércoles se dará, o no, la "batalla del Senado" (ver nota aparte).
En el PJ observan atentos a la cúpula judicial. Es que confían en que los superiores entenderán la necesidad de urgencia que demanda la situación instalada tras el freno del goteo coparticipable para las comunas pejotistas, las que vieron afectadas sus gestiones ante la imposibilidad de contar con recursos millonarios.
En cuanto a la postura radical, de enfatizar sobre la Cámara alta y el proyecto de ley que blanqueará la intención del Decreto 2.034, los peronistas esperarán al martes para ver si se puede entablar un canal de diálogo que derive en consensos, para que esta novela del punto extra tenga un final pacífico.