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17 de septiembre de 2014

El peronismo correntino, con una posición firme

El representante de la Municipalidad dejó en claro que mientras no se acrediten los recursos en las cuentas de las intendencias reclamantes, la cuestión no se tornará abstracta. La presentación del proyecto no tiene virtualidad hasta la promulgación de la nueva norma que, está claro, regirá para adelante. La controversia tribunalicia queda abierta por la restitución de los montos retenidos. En este aspecto -hasta ahora- la mediación ha fracasado y la decisión del justicialismo es impulsar una decisión interpretativa del Superior respecto a la prevalencia del decreto sobre la Ley.
El nuevo encuentro de conciliación desarrollado ayer en la Corte correntina no arrojó resultados concretos, respecto a la puja judicial originada por los fondos coparticipables condicionados para obra pública. Tras el cónclave, cada parte dio su interpretación de lo ocurrido. Los radicales que gobiernan confiaron en que el jueves "los cinco municipios retirarían la acción judicial y se sumarían al reparto de fondos para obras". Sin embargo, el asesor legal de la Municipalidad de Corrientes, Justo Pío Sierra negó categóricamente la versión oficial.

Es que con la aparición del proyecto parlamentario, para avanzar mediante ley lo que se quiso aceitar con un decreto, lo que les resta a las cinco comunas que recurrieron a la Justicia es exigir el descongelamiento de los recursos que se les retuvo al hacer valer sus derechos en favor a su autonomía municipal.
Lo que quedó en evidencia fue que las audiencias conciliatorias manifestaron poco de ello, sino que sirvieron para que las partes asienten sus bases en posturas que, a prima facie, parecen paralelas, sin punto alguno de intersección pacífica.
Un ejemplo de ello lo dieron el fiscal de Estado, Carlos Pila y el director de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Alejandro Retegui, quienes al finalizar el encuentro con los representantes de Capital, Tabay, Ramada Paso, Saladas y San Luis del Palmar manifestaron que "el Decreto del Poder Ejecutivo sigue vigente". Además Retegui señaló que de esta manera "a estos cinco municipios no le quedarán más dudas y se sumarán al esquema del que ya participan sesenta y seis comunas".
Es que en el Gobierno sostiene que al estar abierta la vía legislativa (el proyecto para "legalizar el punto extra en obras" está en el Senado), la judicial queda abstracta en función de la jurisprudencia de Corte.
Y a través de un comunicado oficial, los radicales aseguraron que se consensuó que en el próximo encuentro previsto para este jueves, los letrados que representan a estas cinco comunas confirmarán el retiro de la acción, allanándose a los términos del Decreto que buscarán ratificarlos por Ley. "Se desestima así la vía judicial, ya sea para la obtención de una cautelar, como así también una sentencia sobre la cuestión de fondo", reza la misiva ricardista.
Esta confianza ciega de los radicales obligó al representante capitalino, Justo Pío Sierra a dejar en claro la situación. "No desistiremos", aseveró sin medias tintas.
"Los municipios cuestionan el proyecto de ley porque determina que el punto de coparticipación no es federal, sino provincial y eso es lo que deja sin efecto el Decreto 2.034", indicó Sierra como para bajar el nivel de efervescencia manifestado desde la Provincia.
"Nosotros en la audiencia que mantuvimos a la mañana decidimos ir a un cuarto intermedio", explicó el Asesor Legal para explicar que ello fue porque desde el PJ se solicitó en la audiencia que "se destrabe el punto de coparticipación que les corresponde por Constitución", y al encontrar evasivas desde la otra parte advirtieron que "si el jueves no hay una solución, se pedirá al Superior Tribunal de Justicia que ordene a la Provincia que se cumpla con la Ley de Presupuesto".
La presentación que el Ejecutivo hizo en la Legislatura para "blanquear" la intención primaria de condicionar los recursos coparticipables para los municipios no aplaca el reclamo de las cinco comunas. Desde el PJ remarcaron ayer sobre la mesa, ante el presidente del Superior Tribunal, Guillermo Semhan que hasta la promulgación de la nueva norma no existe sustento legal para continuar con el bloqueo de los recursos. Y una vez que el proyecto sea aprobado, éste regirá para adelante. Por lo que lo retenido desde el 1 de agosto debe ser enviado a las correspondientes arcas municipales.
Con el fracaso manifiesto de la conciliación, la decisión del justicialismo es impulsar una decisión interpretativa del Superior respecto a la prevalencia del decreto sobre la Ley.

Fuente:www.diarioellibertador.com.ar

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