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8 de septiembre de 2014

Punto extra: radicales y peronistas alistan argumentos para no dar el brazo a torcer

La audiencia de conciliación será el miércoles. El presidente del Superior Tribunal, Horacio Semhan, hará de mediador. Una vez iniciado el proceso se especula con una solución en 15 días.
Asistirán por parte del Gobierno, el fiscal de Estado, Carlos Pila, y el procurador Luis Rey Vázquez. Representará a los peronistas los asesores jurídicos Justo Pío Sierra y Carolina Landi Díaz Colodrero.

En la disputa por el punto extra de coparticipación, los abogados del Gobierno provincial y de los cinco municipios peronistas alistan sus argumentos para la audiencia de conciliación que se realizará el miércoles. Ambas partes dejaron en claro que no están dispuestas a negociar. Todo parece indicar que será el STJ quien defina la cuestión.  La disputa por la supuesta inconstitucionalidad del decreto que firmó el gobernador Ricardo Colombi para imponer a los municipios que el punto extra de coparticipación se destine a obras, comenzará a ser debatido el miércoles cuando los asesores legales del Gobierno y de los cinco municipios asistan a la primera audiencia de conciliación.  El propio presidente del Superior Tribunal, Horacio Semhan, hará de mediador. Asistirán por parte del Gobierno provincial, el fiscal de Estado, Carlos Pila, y el procurador Luis Eduardo Rey Vázquez. Representarán a los municipios peronistas los asesores jurídicos Justo Pío Sierra y Carolina Landi Díaz Colodrero. No está confirmada la participación de los intendentes. “Es algo que nos enteraremos ese día, porque no tienen la obligación de estar, pero pueden hacerlo”, dijo a El Litoral una fuente cerca al STJ.   Los peronistas confían en torcer la voluntad del Gobierno provincial ante la Corte, por eso el propio intendente de Capital, Fabián Ríos, anunció que “no” aceptarían “una solución salomónica” .   También el secretario de Recursos Humanos de la Municipalidad, Pedro Lugo, se explayó al respecto: “Creemos que la Justicia nos dará la razón. La cuestión es clara, pero desconocemos cuánto puede tardar. Así que habrá que esperar esa definición”. Según pudo saber este medio, una vez que se inicie la primera audiencia, los plazos legales exigen una solución en 15 días. Habrá que esperar y estar atentos a lo que suceda.  El Gobierno también se mantiene firme en su postura, pero sus argumentos  tiene un fuerte discurso político y carecen de tecnicismos jurídicos. Claro que los representantes legales alistan toda una artillería de normas que avalarían la postura oficial.  Desde que se inició este conflicto, el propio Ricardo Colombi ha tildado a los intendentes de “malos administradores” para desacreditar el reclamo. Y para justificarse apeló a discursos de campaña. Recordó que su gestión ha apostado fuertemente al fortalecimiento de las municipalidades. Mostró con exhaustivos detalles los millones que las comunas recibieron desde 2010 a esta parte.   “Si no fuera por Colombi, hoy el índice de coparticipación sería del 15 por ciento y no habría discusión sobre el tema”, dijeron.  Pero la puja por el punto extra de coparticipación excede la discusión de una supuesta inconstitucionalidad. El trasfondo tiene un fuerte tinte político. Los peronistas sueñan con doblegar a Colombi y aseguran contar con ventaja en esta oportunidad. Habrá que verlo.  El jueves pasado, legisladores justicialistas fueron a pedir celeridad al Superior Tribunal. Sólo el ministro Fernando Niz los atendió. En aquella oportunidad se oyó decir a un senador que “era necesario ponerle un freno al Gobernador”. Ese será el objetivo de los justicialistas. El punto extra de coparticipación fue una promesa electoral que Colombi realizó en 2009. Se comprometió a elevar un punto hasta lograr que la masa coparticipable que reciben los municipios sea del 19 por ciento.  El radical cumplió desde 2010 hasta 2012. Pero en 2013, la situación fue distinta. No hubo dinero extra para las comunas y la justificación fue el contexto económico nacional e internacional. También era año electoral y el mercedeño se jugaba la reelección.  Todo ese año se discutió sobre ese punto extra. Hasta hubo marchas de gremios municipales, porque los jefes comunales reclamaban ese dinero para poder aumentar salarios. Algo no muy distinto de lo que sucede hoy. A fines de ese año y con Ricardo Colombi reelecto, el peronismo accedió a avalar la toma de créditos para el tercer mandato radical. Pero a cambio exigió que el giro del punto extra se establezca en la ley de presupuesto. El oficialismo aceptó. Los millones debían girarse a todos los municipios desde el 1 de agosto. El Gobierno amenazó con adelantarlo, pero no pudo. Finalmente, decidió girar esos fondos pero con la condición de que se destinen a obras, para evitar que ese dinero se utilice en gastos corrientes. Hubo municipios a los que no disgustó la idea. Pero el peronismo se alzó en repudio. El miércoles se inicia el desenlace con una histórica e inédita audiencia de conciliación. La Justicia intentará que peronistas y radicales se pongan de acuerdo, algo que no sucede hace años.   Fuente:www.ellitoral.com.ar

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