6 de julio de 2014
A dos años de la toma, en el Pirayuí hay unas 600 familias okupas olvidadas
Las cientos de personas que conviven en el asentamiento precario todavía están a la espera de asistencia o de una solución definitiva a su situación habitacional. En 2012 ingresaron unas 2.400 familias y actualmente, a pesar de ser menos, los habitantes cuentan con conexiones de servicios y casas de materiales.
Durante los primeros días de julio del 2012 unas 2.400 familias tomaron ilegalmente 43 hectáreas del barrio Pirayuí manifestando que no poseían viviendas propias y necesitaban un techo, enmarcados en el grave déficit habitacional por el que atraviesa la provincia. Actualmente, a casi dos años del ingreso de los okupas conviven unas 600 familias que aguardan una solución al problema habitacional, en un descampado donde soportan las condiciones climáticas y donde, a pesar de una medida judicial de no innovar, construyeron sus precarias casillas con el fin de no irse.
Desde el inicio de la toma de terrenos los okupas tuvieron la intención de negociar para adquirir las tierras, pero todas las negociaciones y gestiones encaradas tanto por el Estado como por los ocupantes hasta el momento cayeron en saco roto y se encuentran sin respuestas ni avances. Inclusive las familias no recibieron ningún tipo de asistencia oficial desde 2012.
Los delegados okupas que todavía viven en el lugar señalaron que desde el año pasado no cuentan con avances en cuanto a las gestiones por una solución formal a la toma de terrenos, así como tampoco hubo asistencia por parte del Estado. “Desde el año pasado no tuvimos más novedades sobre las gestiones para comprar los terrenos. Nuestra intención siempre fue poder pagar cuotas sociales para quedarnos con los predios, pero nunca hubo avances claros”, expresó a El Litoral, Eli, una de las referentes del asentamiento que vive en el Pirayuí desde el 9 de julio de 2012, cuando fue la toma masiva.
“En todo este tiempo no hubo ninguna asistencia por parte del Estado. Sólo aparecen los distintos candidatos en las campañas previas a las elecciones, pero nunca traen una propuesta de solución para las familias”, añadió Eli.
Desde la toma se suscitaron distintas negociaciones que en su momento fueron encabezadas por el negociador de la Policía de Corrientes, Alejandro Botini y posteriormente por la Comisión Nacional de Tierra y Hábitat, pero en ambos casos no hubo soluciones definitivas. “Hasta el año pasado tuvimos contactos con la Comisión Nacional de Tierra y Hábitat, pero actualmente no tenemos nada de información. La última vez nos habían dicho que esperemos por la expropiación, la cual lleva varios años, pero saben que no nos vamos a ir de acá”, señaló Silvia Jerez, una de las delegadas del asentamiento del Pirayuí.
Actualmente en las 43 hectáreas quedan unas 600 familias de las 2.400 que ingresaron en 2012. “En algunas partes del asentamiento no quedan más lugares disponibles, pero quedaron las familias que verdaderamente necesitaban y que soportaron los inconvenientes como la medida de no innovar y las inclemencias climáticas. Pero hemos trabajado mucho para que no haya problemas ni inconvenientes entre los vecinos”, añadió Silvia.
En el asentamiento actualmente se levantan casillas menos precarias que las chozas iniciales e inclusive algunos de los okupas pudieron levantar casas de materiales. También pueden encontrarse precarias conexiones de agua potable y electricidad.
A pesar de las órdenes de la Justicia para que en los últimos años el Estado brinde asistencia a los okupas del Pirayuí (la cual hasta ahora no fue cumplida), las familias continúan a la espera de una salida a su situación habitacional informal.
Fuente:www.ellitoral.com.ar
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