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19 de junio de 2014

Desalojaron una clínica privada y más de 20 personas quedarían sin trabajo

Por una orden judicial, empleados y pacientes del Instituto del Diagnóstico fueron retirados ayer del edificio ubicado en Uruguay al 800. Los trabajadores, organizados en una cooperativa, dicen que quedaron en medio del conflicto entre el dueño del centro de salud y los propietarios del inmueble.

Los trabajadores y pacientes de una clínica privada ubicada en Uruguay al 800 fueron desalojados ayer. Una orden judicial hizo lugar al pedido de los propietarios del inmueble, quienes alegan que se incumplió con el contrato de alquiler.  El conflicto entre los dueños del Instituto del Diagnóstico y los propietarios del edificio en el que funcionaba lleva varios años. Los empleados del centro de salud se organizaron en una cooperativa, pero podrían perder su puesto de trabajo. Durante un procedimiento que estuvo a cargo de cerca de 20 policías, los empleados y los pacientes del Instituto del Diagnóstico -que hasta ayer funcionaba en el edificio de calle Uruguay Nº 841- fueron desalojados. La medida se llevó adelante tras una fallo judicial, que hizo lugar a un reclamo de los propietarios del inmueble.  Según explicaron representantes de los trabajadores, el conflicto entre los dueños de la clínica y la familia propietaria del edificio lleva varios años. “En 2007 los dueños del sanatorio decidieron cerrar la institución, los trabajadores se opusieron al cierre y llegamos a un acuerdo de palabra para continuar trabajando”, explicó ayer a Radio Continental uno de los trabajadores, Ricardo Ojeda, que fue designado como presidente de la cooperativa que conformaron los empleados, llamada “Salud Corrientes”.  “Teníamos un paciente internado que fue sacado a la calle. Estoy con neumonía y no tengo obra social. Uno de mis hijos también trabaja acá y no queremos quedarnos en la calle”, dijo una de las empleadas de la clínica tras el operativo, en diálogo con un móvil de Radio Sudamericana.  La medida afectaría a más de 20 personas que podrían quedar sin su puesto laboral. “Sólo había un acuerdo de palabra con los dueños de la sociedad anónima, que nos cedieron hasta que ellos solucionen la parte legal, pero ahora después de este desalojo lo dejaremos en manos de los abogados”, señaló Ojeda.    Sin respuestas La situación que afecta a los trabajadores y a los pacientes del Instituto del Diagnóstico está siendo analizada por el Ministerio de Salud Pública. Según indicaron ayer desde la cartera sanitaria, los representantes del área legal recibieron una copia del oficio que ordenó el desalojo de ayer, por lo que desde el Departamento de Fiscalización Sanitaria se decidió enviar una ambulancia para brindar asistencia. Sin embargo adelantaron que al tratarse de un conflicto del sector privado, el ministerio no podría intervenir.  Con respecto a la situación de la cooperativa que formaron los empleados, desde la Subsecretaría de Trabajo señalaron que analizarán cuál es la situación legal. “Aún no hemos recibido ninguna presentación por parte de los representantes de estos trabajadores, pero vamos a evaluar cuál es la situación para brindar la asistencia que corresponda”, dijo a El Litoral el titular del organismo, Jorge Rivolta.    Fuente:www.ellitoral.com.ar

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