“El desafío para las próximas semanas es garantizar que la caída en los costos de los insumos se refleje en los precios finales”, define el secretario de Comercio, Augusto Costa. Admite que hubo subas de precios después del salto en el tipo de cambio del 24 de enero, que explica por “avivadas empresariales y actitudes defensivas en un contexto de pánico, generado en buena medida por los medios y por referentes de la oposición”. Costa remarca que el Gobierno luego actuó con una serie de acuerdos con formadores de precios, revisión de otros precios, el avance del programa Precios Cuidados y también el reclamo de consumidores y entidades. Pero resalta que hay en juego una disputa por márgenes de rentabilidad entre las empresas y frente a los consumidores. Costa dialogó en exclusiva con Página/12. Detrás de él asomaba el gigantesco planisferio en el despacho de secretario. Casi de la magnitud de su tarea.

–En enero se lanzó Precios Cuidados, saltó el tipo de cambio, hubo aumentos de precios y nuevos acuerdos con empresas. ¿Cómo evalúa esa serie de eventos?

–Veníamos con una experiencia de tres semanas de plena vigencia en AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires) de Precios Cuidados y avanzando en el monitoreo de su implementación. Luego de la suba del dólar del 17 por ciento en una semana, empieza a haber una campaña mediática tratando de poner en riesgo el acuerdo y generando alarmas respecto de una hiperinflación. Eso tuvo efectos concretos en la conducta de muchos agentes económicos, tanto de los que son parte del programa Precios Cuidados como de otros sectores y cadenas. Nuestra respuesta fue rápidamente ratificar el acuerdo. Precios Cuidados es el eje central de nuestra política de administración de precios. Las empresas también lo ratificaron, y nosotros nos comprometimos a considerar variaciones en los valores acordados en función de cambios en los costos. Eso es parte del acuerdo: si el cambio está justificado, los precios van a variar en las revisiones trimestrales. Luego continuamos avanzando con el programa en el interior del país. El mensaje fue que el programa no sólo está vigente, sino que se amplía. Al mismo tiempo empezamos a relevar otros precios. Y ahí, en muchas empresas y supermercados vimos movimientos de precios en reacción a la devaluación. Entonces, para ofrecer más certidumbre de precios en un contexto de señales distorsionadas, lanzamos la canasta escolar y la de construcción. Avanzamos porque desde la macroeconomía hay señales de estabilidad que el Gobierno garantizó.

–Desde diversos sectores advierten que hubo una importante suba de precios.

–Vimos aumentos injustificados en distintos sectores como reflejo de esta especie de psicosis social que se generó. También hubo situaciones de desabastecimiento, interrupción de venta y cambios en las condiciones comerciales respecto del plazo de pago y de las prácticas de comercialización. Esto fue generalizado, pero con particularidades que nos llevaron a intervenir en ciertas cadenas de valor para procurar restablecer la normalidad. Nos reunimos con distintos actores clave del sector de insumos difundidos, como acero, aluminio y petroquímica, que habían sido denunciados por empresas de alimentos, automotrices y construcción por haber dolarizado los precios. Con las petroleras también se acordó un esquema de traslación. Allí muchos costos son en dólares, la suba está justificada, pero la idea es que sea de manera coordinada. También estamos trabajando con los productores de envases (ver nota en estas páginas).

–Una situación que se repite es que la industria modera algo las subas a los supermercados más grandes, pero a comercios medianos y pequeños les aumenta fuerte, con impacto sobre una porción relevante de consumidores.

–Efectivamente. Los actores con menor poder de negociación, como las cadenas regionales o los comercios más chicos, recibieron de muchas empresas –Arcor, por ejemplo– listas de precios que no incorporan los mismos aumentos que a las cadenas grandes. Nosotros ahí tuvimos una intervención para equilibrar el terreno de juego. Lo que está de fondo es la disputa por los márgenes, por la apropiación de la renta de la cadena. En la revisión de precios que hacemos se pone muy de manifiesto todo esto, estamos interviniendo para evitar situaciones de abuso. El caso de Arcor es paradigmático. Varias empresas y supermercados denunciaron aumentos, nosotros inspeccionamos y ahí empieza el juego de siempre, que la empresa dice que no aumentó pero en góndola sí aumentaron. En el caso de las cadenas regionales, adherir a Precios Cuidados es una forma de que el Estado los ampare ante abusos de las empresas más grandes. Generan así un vínculo con el Estado.

–Hay acuerdos en insumos difundidos y con otras empresas proveedoras, pero eso en muchos casos no se refleja en los precios finales.

–Típicamente, ante un incremento de los costos, el traslado a precios es inmediato. Y cuando se revierten los costos, hay resistencia a la baja de los precios. Por ejemplo, todos los productos panificados subieron cuando hubo un salto en el precio de la harina a mediados del año pasado. En el último trimestre, la harina bajó un 60 por ciento, y los panificados siguieron subiendo. Entonces era una excusa la suba de la harina, de hecho ese insumo explica sólo un 15/20 por ciento de los costos totales. El objetivo es garantizar que la caída en los costos de los insumos se refleje en precios finales. Para eso estamos haciendo inspecciones permanentes en todo tipo de comercios. Este es el desafío de las próximas semanas.

–¿Cómo actúa la Secretaría luego de una denuncia?

–Recibimos permanentemente denuncias, es infinita la cantidad que nos llega. Lo que hacemos es tomar nota de todo y llamar a la empresa. Si niegan la acusación, se le envía una cédula oficial para que presente información de la evolución de precios de los últimos seis meses. Y a partir de ahí se analiza si el hecho denunciado es cierto o no. En algunos casos, se hacen visitas de inspectores. Igualmente, nosotros no podemos fijar precios. Nuestras intervenciones tienen que ver con la Ley de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor y tenemos que encuadrar allí cualquier sanción. En ninguno de los dos aparece el incremento de precio como una infracción. Pero si detectamos otro tipo de irregularidades a partir de las inspecciones, eso nos permite intervenir. Además, identificando a las empresas denunciadas, nos sentamos y dialogamos para que ese incremento se revierta.

–¿Y Precios Cuidados les permite, por ley, atacar los aumentos desmedidos?

–A través de Precios Cuidados labramos más de cien actas de infracción y esta semana tenemos 15 situaciones con posibilidad de aplicar sanciones (ver aparte). Pero, además, la referencia que da la canasta permite que el resto de los precios se ajusten por mecanismo de mercado. Si no lo hacen, la gente compraría sólo los productos acordados. Si se agotan y no se reponen, se estaría incentivando el desabastecimiento. Eso es incumplimiento y se va a sancionar. Si bien las canastas de Precios Cuidados, ya sea de consumo masivo, construcción o útiles escolares, muestran caídas de precios en promedio, su gran objetivo no es bajar precios, sino dar valores de referencia. Porque, constituidas esas referencias, tanto el consumidor como el Estado tienen nuevas herramientas. Si las empresas admitieron que esos precios son correctos, entonces los demás precios no se pueden distanciar mucho. No pueden poner precios disparatados fuera del acuerdo. Por eso también le damos tanta importancia al programa como eje de nuestra política. Por supuesto que también hay muchos otros productos que no tienen referencia directa con Precios Cuidados. Ahí estamos analizando la evolución de precios y convocando a las empresas.

–¿Cómo evalúa la reacción de los consumidores?

–La participación de los consumidores creció de manera exponencial. A partir de que la propia Presidenta transmitió que son los consumidores los que se tienen que poner la camiseta de la defensa de sus derechos, esta semana tuvimos muchos más contactos con la Secretaría. De hecho, pasamos de estar de 8 a 20 horas con 30 telefonistas a estar las 24 horas todos los días de la semana con más de 100 puestos de atención. Estamos coordinando acciones con las asociaciones de consumidores. Hay situaciones descentralizadas, como el “apagón” de consumo del viernes. También firmamos un convenio con la Federación Argentina de Municipios y esta semana vamos a definir la interacción con las áreas correspondientes de las provincias. Cuando pusimos en marcha Precios Cuidados, dijimos que uno de los objetivos era brindar elementos para que los consumidores pudieran tomar decisiones con información. Esa información está generando las reacciones que esperábamos, que es que la gente sale a defender sus derechos. También se conocieron casos de comerciantes que no convalidan aumentos de sus proveedores.

–¿Cuál es el plazo razonable para que se estabilice la situación y los precios reflejen la realidad de los costos?

–Desde el punto de vista cambiario ya está todo muy claro. De hecho, en los últimos días, hubo una disminución del tipo de cambio. El Gobierno está garantizando un horizonte de previsibilidad. Entendemos que en las próximas semanas debería alcanzarse un grado de estabilidad en materia de precios, reversión en los casos injustificados y una tendencia lógica en función de las variables económicas. Referentes políticos y medios de comunicación generaron daño a muchos consumidores al apuntar a un clima de casi crisis estructural, cuando las condiciones objetivas del país están muy lejos de eso. Y perjudicaron a los consumidores. Un ejemplo claro es que mucha gente fue corriendo a las casas de electrodomésticos y electrónica a comprar, convalidaron las subas desmedidas, de entre el 20 y el 25 por ciento, y después acordamos con esas empresas y los precios bajaron.

–En la gestión anterior de la Secretaría, regía un sistema informal de autorizaciones de precios. ¿Es replicable ese esquema, por fuera de la canasta de productos del acuerdo?

–Por fuera de Precios Cuidados, estamos juntándonos con las principales empresas, analizando toda la lista de precios y estableciendo pautas para cada una. Esas pautas se basan en ver cómo evolucionaron los precios de esos productos en los últimos meses y cómo lo hicieron los costos. En algunos casos se reconocen aumentos y en otros no, o porque ya habíamos detectado aumentos o porque no hay variaciones relevantes de costos.

–¿Qué se espera que pase a partir de abril, con la primera revisión de Precios Cuidados?

–Va a depender del producto. En algunos casos hubo mayor variación de costos, en otros casos, menores, y eso se va a reflejar en los precios. Y en algunos casos van a bajar los precios, como en frutería u hortalizas. Es un análisis producto por producto.

Fuente:www.pagina12.com.ar