Dos nuevas jugadas del Poder Judicial tienen a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena. Por un lado, el juicio oral y público en la denominada causa “Cuadernos” ya tiene fecha. Será el 6 de noviembre de 2025 y tendrá a CFK como imputada principal en lo que será un año electoral. En el banquillo habrá nada menos que 75 acusados y se prevé que declaren 682 testigos. Por otro lado, la Cámara Federal, con votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ordenó reabrir el expediente que investiga a la exrpresidenta por presuntas “inconsistencias en las declaraciones juradas”, que había archivado el juez Julián Ercolini.

La causa que garantiza el escarnio público de la principal líder de la oposición y presidenta del PJ tendrá audiencias todos los jueves y se prevé que el proceso dure más de siete años. Está basada en una serie de cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien fuera mano derecha del ministro de Planificación, Julio de Vido, durante el gobierno de CFK. Según la acusación, allí anotaba de puño y letra los trayectos que hacía en busca de sobres con dinero que, en teoría, pagaban distintos empresarios para tener acceso a la obra pública nacional. En los mediáticos cuadernos, que en un primer momento se dijo que habían sido quemados y luego aparecieron misteriosamente, se detectaron más de 1.500 adulteraciones e irregularidades, entre tachaduras, correcciones, testados y sobre escritos.

Las presiones que el fallecido juez federal Claudio Bonadío y el fiscal federal Carlos Stornelli ejercieron durante la instrucción sobre los empresarios para que se declararan “arrepentidos” y respaldaran la denuncia vehiculizada desde el diario La Nación fue cuestionada en su momento por el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que defendía al empresario Sergio Taselli. “Me preocupa que esto tenga que ser así: tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, vas preso. Me dio esa sensación y me alarmó cuando me fui. Hay que ir y confesar, si no, quedás preso y no me gusta”, explicó el actual funcionario de Milei. “Si no sale en libertad en breve lapso, va a mentir y va a involucrar a alguno”, comentó sobre su cliente.

Los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori, del TOF-7 porteño, dispusieron ayer las testimoniales sobre las cuales faltaba resolver y fijaron el inicio de las audiencias para el 6 de noviembre del próximo año. Por el momento, se desconoce dónde tendrá lugar el proceso, aunque por sus dimensiones es, a priori, imposible que las audiencias con todas las partes presentes puedan realizarse en las salas de audiencias de Comodoro Py. Los actos iniciales, los alegatos y la lectura del veredicto se transmitirán por el canal del Poder Judicial.

La ex presidenta será juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita y por cohecho pasivo junto con De Vido, el ex subsecretario Baratta, el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y otros exfuncionarios. Entre los empresarios estarán el extitular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, entre otros. Estará también el primo de Mauricio Macri y titular de IECSA Ángelo Calcaterra y los empresarios Aldo Benito Roggio, Claudio Javier Glazman y Rudy Fernando Ulloa Igor, entre muchos más. El exchofer Centeno, igual que muchos empresarios, comparecerá como “imputado colaborador”. Todos los acusados fueron citados para el jueves 12 de diciembre, cuando deberán conectarse por la plataforma Zoom con el tribunal, en grupos de a diez, para ser notificados formalmente del comienzo del juicio.

Saquen las topadoras

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron también ayer reabrir la causa por presuntas “inconsistencias en las declaraciones juradas” de la expresidenta, para “profundizar la investigación”. Anteriormente, el juez Ercolini, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, había archivado la denuncia por entender que se trataba de detalles menores que no “constituían delito”.

La causa busca indagar en presuntas “inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas de Cristina Fernández en el período comprendido entre 2010 y 2014 (ambos inclusive)”, que habrían ocurrido “a partir de la disolución de la sociedad conyugal” tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Los jueces escribieron que “la homologación del archivo en relación con dicho delito no tiene carácter definitivo, ya que fue declarada por imposibilidad de proceder, dejando abierta la posibilidad de su reapertura”. Apuntaron “erróneas exteriorizaciones de los bienes y deudas”, además de “la exclusión de los dos inmuebles ubicados en Río Gallegos a partir de las declaraciones juradas del año 2012”.

En minoría, Mariano Llorens sostuvo que no solo había que reabrir la causa y avanzar en la investigación sino que debían llamar a indagatoria a CFK, sobre la base de una mirada “conglobada” con el resto de los expedientes. A su entender, los datos son “un eslabón en toda la cadena de hechos ilícitos que habrían sido cometidos por Cristina Fernández y su entorno, por los cuales actualmente está siendo investigada”. Otro episodio del poder judicial en su persecución a la presidenta del PJ,

Fuente: www.pagina12.com.ar