La comunidad universita­ria se prepara para intentar un masivo acompañamien­to en las calles como mé­todo de presión para que la Cámara de Diputados re­chace el veto a la Ley de Fi­nanciamiento Universitario que propiciará Javier Milei, según anunció por redes so­ciales.

A diferencia de los jubi­lados, el colectivo de las universidades pública tiene una notable capacidad de movilización, como demos­tró el 23 de abril, cuando cientos de miles de perso­nas coparon las calles de las principales ciudades del país.

Si se concreta el veto, la situación será análoga a la de los jubilados: mientras que en el Senado la Ley de Financiamiento Universita­rio superó los dos tercios de los votos, en Diputados lle­gó al 65 por ciento de apoyo (143 votos afirmativos y 77 negativos).

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congre­so, el costo fiscal que tiene la aplicación de la ley san­cionada por el Senado en la madrugada de este viernes es de 0,14% del PBI. "De ninguna manera se pone en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado", dijo la dirigen­te estudiantil y referente nacional de Franja Mora­da, la pata universitaria de la Unión Cívica Radical, cuyo bloque en Diputados implosionó esta semana cuando cinco integrantes cambiaron su voto respecto de junio y avalaron el veto a la Ley de Movilidad Jubi­latoria.

El Consejo Interuniversi­tario Nacional, que reúne a los rectores de las univer­sidades públicas del país, celebró la sanción de la ley en el Senado, por lo que, tal como ocurrió en abril, se espera una amplia coordi­nación del sistema univer­sitario.

PBI, 0.14%

La aplicación de la norma sanciona implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalen­te a 738.595 millones de pesos, según un informe de la Oficina de Presu­puesto del Congreso.

La ley sancionada re­compone los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Na­cional, que sufrieron una fuerte quita del poder ad­quisitivo.

De acuerdo con los datos publicados por la Federa­ción Nacional de Docentes Universitarios, al contras­tar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el Indec, en agosto de 2024, la caída del poder de compra fue de 9,2% respecto de di­ciembre de 2023.

A modo de ejemplo: un auxiliar de primera con de­dicación simple (9 horas semanales) y 10 años de an­tigüedad, en diciembre de 2023 percibía 132.000 pesos y en agosto de 2024 cobró un salario bruto de 232.500 pesos.

Si la comparación se realiza con los sueldos de noviembre (antes de la in­flación del 25,5 por ciento registrada en diciembre tras la devaluación dispuesta por el Gobierno nacional), la caída hasta agosto fue del 23,71 por ciento.

Los promotores de la ley quieren apurar el tranco y no darle tiempo al Gobierno para dividir el frente univer­sitario. Su problema es que el Presidente tiene diez días para vetarla.

"En cuanto Milei firme el veto habrá diputados de la oposición que pedirán una sesión especial en la Cáma­ra de Diputados para insistir en la ley. Pocos días antes se convocará a una moviliza­ción nacional", indicaron en las usinas del radicalismo que responden a Emiliano Yacobitti -vicerrector de la Universidad de Buenos Ai­res (UBA)- y al senador y jefe de la UCR, Martín Lousteau.

"El veto total a la ley es un destrato absoluto a la co­munidad universitaria, a los alumnos, a los docentes, no docentes y un golpe grande al futuro y a la calidad edu­cativa", enfatizó la diputada Danya Tavella, autora de la iniciativa.

Los bloques pedirán una sesión especial en la Cáma­ra de Diputados para insistir con la normas.

Fuente: www.diarioepoca.com