Por Eugenia Rodríguez

El Ministerio de Capital Humano anunció que desde este mes implementará una serie de cambios en el monotributo social: reempadronamiento digital, reducción de la cobertura de la obra social y hasta la baja directa de más de 60.000 trabajadores. Desde el sector alertaron al respecto que el resultado será una mayor pérdida de formalidad laboral, así como afectará el acceso al sistema previsional y la cobertura por obra social, agravando la ya crítica situación de las familias que dependen de empleos más precarios (en torno a 8 millones de personas) y haciendo que “el famoso ajuste lo paguen las y los trabajadores informales del país”. El pago que ahora se les exige por obra social podría llevarse más del 10% de los ingresos mensuales habituales de estas familias. 

Esta herramienta fue creada para avanzar hacia una mayor formalidad en diferentes actividades de la economía (producciones que se realizan al margen de toda registración) así como también buscando garantizar derechos básicos como atención de salud y acceso a una jubilación a cientos de trabajadores y sus familias. Actualmente tiene más de un millón de inscriptos.

Si bien el gobierno insiste en que la prioridad está en “asistir a los más vulnerables”, así lo señaló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su reciente presentación ante el Congreso, lo cierto es que la cartera que conduce Sandra Pettovello se enfocó en destacar que estos cambios “permitirán un ahorro de más de 711 millones de pesos mensuales en el gasto público”. Paradójicamente desde el punto de vista de las arcas del Estado, mientras se reducen los fondos para el trabajo informal, se incrementan los beneficios impositivos para los sectores más acaudalados del país vía, por ejemplo, la reducción significativa del impuesto de Bienes Personales, que recae sobre la riqueza acumulada.

Hay que recordar, a su vez, que esta decisión del gobierno tiene su precedente en la intención manifiesta en el proyecto de “Ley Bases” que proponía eliminar por completo este monotributo, lo que luego quedó sin efecto en la votación del Senado. “Lo primero a remarcar es la insensibilidad del gobierno para con estas familias, ya sea por desconocimiento o ensañamiento con la gente pobre no tienen en cuenta para qué se utiliza esta herramienta que construimos para que miles puedan acceder a una obra social y a una jubilación. Milei y Caputo nos quieren tratar como si fuéramos grandes comerciantes mientras a los evasores les dejan blanquear sin pagar nada. A los pobres les quieren exigir de todo”, resaltó en dialogo con este portal Norma Morales, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

El ajuste a las y los últimos de la fila 

El Ministerio de Capital Humano avanzó en estos días con un conjunto de modificaciones que impactan de lleno en el monotributo social, un régimen que busca lograr la registración de un sector del trabajo amplio y heterogéneo que agrupa a trabajadores independientes de bajos ingresos, pequeños productores y quienes realizan individual o de forma agrupada diversas actividades de trabajo y subsistencia englobadas en la economía popular. El objetivo original de este sistema era formalizar la actividad económica, con inclusión en el sistema tributario y acceso a la seguridad social.

En tal esquema, las modificaciones anunciadas en estos días incluyen un reempadronamiento digital de las y los beneficiarios, con tiempo hasta fines de este mismo mes, sumado a la reducción de la cobertura social ya que gran parte de quienes hoy cuenta con cobertura completa del componente deberán pagar a partir de octubre el 50% del costo por el titular y cada uno de sus adherentes. Se agrega el anuncio de la eliminación directa de 62.051 beneficiarios por “incompatibilidades”, según el ministerio nacional.

“Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular conquistamos el monotributo social a partir del reconocimiento de nuestro sector y, por ley, tenía subsidiado el 50% del aporte a la obra social. Antes regía para el Potenciar Trabajo, hoy cambiado a Volver al Trabajo (VAT) y Programa de Acompañamiento Social (PAS). Según disponen ahora, hasta el 30 de septiembre van a hacer un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares, como condición para continuar en el monotributo. Los que no lo hagan quedan 'afuera'", señaló al ser consultado Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

Al respecto, el sector abarca a una diversidad de ramas productivas que se engloban en el marco de la economía popular con mayor presencia de trabajadores independientes, más vinculados a oficios como jardineros, electricistas, peluquería y servicios personales varios, y otros donde predominan las unidades asociativas, como en trabajos comunitarios y de cuidados. Se destacan el comercio popular y trabajos en espacios públicos, recuperación, reciclado y servicios ambientales, construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, servicios socio-comunitarios, agricultura familiar y campesina, servicios personales y otros oficios.

“Para las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular el monotributo social fue una conquista. Las cuidadoras comunitarias de barrios populares de todo el país nos rompemos el lomo trabajando en los espacios comunitarios como comedores y merenderos para que las familias tengan un plato de comida en su mesa. Lo hacíamos por nada y fuimos teniendo conquistas a través de las luchas colectivas, primero el Salario Social Complementario para mejorar el ingreso de nuestras cocineras y después el monotributo social para que podamos acceder a una obra social y a una jubilación” recordó Norma Morales sobre el origen y destino de esta herramienta de registración.

Uno de los puntos que más rechazan desde el sector tiene que ver con el nuevo requisito oficial de contar con hasta seis facturaciones consecutivas que, entienden, no debería ser excluyente. “El gobierno criminal de Javier Milei acaba de derogar esta posibilidad, sumando como requisito para ser monotributista tener que facturar al menos seis facturas por semestre, lo que muestra un gran desconocimiento de la realidad de la economía popular dónde muchos trabajadores de cooperativas cobran mediante recibos de asociados y no con facturación individual, incluso por propia normativa del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)”, explicó Gramajo. Lo mismo sucede con ciertas actividades cuya frecuencia varia por mes, como el caso de vendedores ambulantes. 

“El principal impacto va a ser la pérdida de la formalidad laboral, de acceso al sistema previsional y a la obra social, para las y los propios trabajadores y sus adherentes (familiares). Es decir, es un retroceso en materia de Seguridad Social”, indicó a El Destape, Matías Wasserman, economista del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP). Actualmente este monotributo llega a unos 488.000 titulares y 562.000 adherentes. Entre las consecuencias concretas de la medida del oficialismo destacó que “lo que va a terminar pasando es que la mayoría de la gente se va a dar de baja por no poder pagarlo” y remarcó también que quienes hoy pagan $0 por ser titulares de programas como el VAT y el PAS, van a tener que abonar $6.900 más $6.900 por cada adherente en concepto de cobertura de salud. Esto implica, por ejemplo, el 10% del monto de un programa laboral actual, que se mantiene congelado en apenas $78.000, “a una familia se le va a ir la mitad del ingreso solo para poder tener una obra social, es inhumano”, alertó Morales. 

Así, muchos trabajadores se verían obligados a darse de baja por no poder hacer frente a ese pago y, como resultado, “van a volver a la informalidad y además pierdan la obra social”, agregó Wasserman quien destacó que “esto trae dos consecuencias principales. Por un lado, se puede generar una situación parecida a lo que sucedió con la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), en donde gente que utiliza la obra social y está en tratamientos, va a dejar de recibirlos por no poder pagar, y por otro, esas personas van a terminar en el Sistema de Salud Público (que actualmente cuando los atiende carga los costos a las obras sociales), por lo que es posible que lo lleve a un mayor colapso”. 

Gramajo coincidió en que el pago que ahora recae sobre estos trabajadores “va a ser muy difícil de sostener” y contó la dura realidad que atraviesa un sector que sufre con dureza las políticas económicas de mayor flexibilización y precarización laboral: “hoy en día tienen que dejar de comer para que coman sus hijos. Esta es la dolorosa, triste y cruel realidad de nuestro sector como de muchos que caen en la pobreza y la indigencia”.  Según entiende, “va a ser complicado que las obras sociales puedan sostenerles la cobertura de salud ya que serán desfinanciadas por la caída de la gran mayoría de afiliados”. Los entrevistados también cuestionaron que el reempadronamiento sea únicamente digital y con un plazo muy breve (28 días), lo que “va a dejar un 30% o 40% afuera por el solo hecho de no poder realizarlo”, indicaron desde el OCEPP.

El detrás de escena de esta medida

“Durante el mes de septiembre los monotributistas sociales que sean beneficiarios de planes sociales deberán reempadronarse para permanecer en el régimen. La medida busca transparentar el sistema y producirá un significativo ahorro en el erario público”, destacaron en el comunicado oficial de la cartera que dirige Sandra Pettovello que, como dio a conocer este medio, sigue sin entregar gran cantidad de alimentos destinados a comedores de todo el país incumpliendo con el derecho al alimento y las políticas alimentarias esenciales del Estado. En ese sentido, destacó que se busca “un ahorro de más de 711 millones de pesos mensuales en el gasto público”. 

En relación, gran parte del discurso oficial para avanzar en recorte de partidas sociales, la retención de alimentos, y la eliminación de programas de empleo destinados a los sectores más vulnerables se basa en que la población con menores recursos “vive de planes” y “no trabaja”. Sin embargo, una vez más, los datos lo contradicen. Un informe del centro Fundar mostró en ese sentido que, en todas las franjas de ingreso, los ingresos laborales son el principal componente del ingreso familiar, es decir, “no es cierto que el grueso del ingreso familiar de los más pobres sean los planes sociales”. De acuerdo con la investigación, si bien el peso relativo de cada fuente de ingreso varía con el ingreso familiar, “las transferencias estatales (por ejemplo, la AUH) explican el 24% de los ingresos del 10% más pobre, y casi 0% en el 10% más rico” y “en ningún estrato de ingresos llegan a ser mayoritarias”.

Tanto desde el OCEPP que dirige el economista y diputado Itai Hagman como los y las propias trabajadoras consultadas, alertaron que el objetivo final del gobierno es avanzar en la eliminación de esta herramienta, tal cual se intentó con la Ley Bases. “Los nuevos requisitos de facturación semestral para la permanencia son directamente una forma de discriminación, ya que muchos trabajan en cooperativas y en realidad no facturan individualmente, sino que lo hace la cooperativa y ellos realizan sus retiros de asociados. Por lo tanto, darlos de baja solo los empujará nuevamente a la informalidad”, señaló a este medio Wasserman. De acuerdo con los últimos datos oficiales de 2023 sobre el porcentaje de inscripción fiscal de quienes integran el Registro Nacional de Trabajadores de la economía Popular (ReNaTEP) sólo el 10,5% estaba inscripto en algunas de las categorías del régimen simplificado para pequeños contribuyentes y el 9,7% corresponde al monotributo social. 

Al tiempo que Gramajo mencionó “este es el país que propone Milei, ajustando cada vez más a los de abajo, a los laburantes, a los jubilados, quitándonos la posibilidad de un futuro digno para nuestras familias. Siguen confirmando que la casta eran los más humildes de la patria”. A su vez, tras los primeros meses de gestión de La Libertad Avanza y la agudización de la recesión económica la cantidad de trabajadores de la economía popular creció un 2,5% comparado con el año pasado, según un informe del Centro de Innovación de las Trabajadoras y los Trabajadores (CITRA) que detalló que el peso de este sector entre la Población Económicamente Activa (PEA) llegó al 25%. 

“Cada vez hay menos changas, crecen los despidos y cesantías en las fábricas, se ve más gente pidiendo y durmiendo en la calle, las filas en los comedores y merenderos son cada vez más largas y, además, se está llenando de jubilados y jubiladas. Se suma que la garrafa social en nuestros barrios cuesta $14.000 por la desregulación de precios. Además, crece la violencia de género sin respuestas del Estado. Estamos conviviendo con los narcos que terminan siendo los dueños del barrio porque también son los prestamistas de nuestros vecinos para comprar comida, que están cada vez más endeudados. Es una situación muy triste y de mucha angustia”, graficó Norma Morales sobre una realidad que el gobierno parece no querer ver.

Fuente: www.eldestapeweb.com