Por dario Pignotti

Desde Brasilia

El desastre ambiental que dejó más 200 muertos y desparecidos en el sur de Brasil pudo ser evitado, o al menos atenuado. Ese fue uno de los planteos formulados este lunes por el gobierno brasileño al realizar un balance de los estragos que causaron las tempestades en el estado de Rio Grande do Sul.

Cuando una región tan basta como es la floresta brasileña con sus 4,5 millones de km2 -una superficie similar a la de Argentina, Colombia y Venezuela sumadas - es desmatada sistemáticamente por agricultores, ganaderos y mineros, suceden desequilibrios de consecuencias gigantescas que alteran el régimen de lluvias además de modificar la temperatura.

En lo que va de 2024, además de los diluvios inéditos ocurridos en Rio Grande do Sul, hubo cinco ondas de calor atípicas, en ciudades como San Pablo, Rio de Janeiro y Brasilia. El último ejemplo de ello sucedió el sábado, cuando los termómetros rozaron los 34 grados, bastante por encima de la temperatura habitual, en Copacabana horas antes del show de Madonna.

La modificación intencional de la geografía amazónica (con el uso de sus tierras para producir soja o alimentar ganado) es uno de los factores que, al quebrar el equilibrio ecológico, desencadenaron el desastre sucedido en Rio Grande do Sul, en el otro extremo del país.

Según los informes divulgados en la noche de este lunes las lluvias intensas en esa provincia sureña causaron 85 muertos y 134 desaparecidos mientras 200 mil personas debieron dejar sus viviendas para alojarse albergues públicos o ser acogidas por sus familiares.

Medidas

La prioridad del gobierno es socorrer a los ciudadanos cuyas casas están amenazadas por los deslaves de tierra en la región serrana, situada en el centro de Rio Grande do Sul, donde comenzó el temporal la semana pasada.

Paralelamente comenzó el rescate de miles de vecinos de la capital Porto Alegre, ubicada en el este de la provincia, casi a nivel del mar, cercada por las aguas del rio Guaíba.

Una vez resuelto estos problemas acuciantes en un segundo momento, “cuando bajen las aguas”, el gobierno planea restablecer los servicios de agua y luz de los cuales hoy están privados unos 800 mil ciudadanos, y se reconstruirá la infraestructura afectada por la fuerza de las aguas.

En un tercer momento el gobierno va a aumentar las partidas para la construcción de viviendas populares en el marco del programa Mi Casa, Mi Vida.

Lula viajó dos veces a la provincia sureña castigada por los temporales. La primera visita ocurrió el jueves cuando aterrizó en la ciudad de Santa Maria, en la región central y este domingo viajó a Porto Alegre, donde sobrevoló la ciudad cubierta por las aguas.

“Yo sé que el estado está en una situación financiera difícil y quiero que sepan que el gobierno federal los va a apoyar”, dijo el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT), ante el gobernador Eduardo Leite, del conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

La provincia de Rio Grande do Sul está en el extremo sur del país, donde comparte fronteras con Argentina y Uruguay, y al igual que estos dos países su economía está basada en la agricultura, gracias a sus planicies extensas, y un parque fabril ligado en parte a la agroindustria.

Desde la década del 90 el estado y su capital fueron, más allá de algunos impases, bastiones del PT. Pero esa hegemonía de izquierda se fue diluyendo y en los últimos años quedó eclipsada por el ascenso de una derecha ligada a los grandes productores agropecuarios bastante sintonizada con el bolsonarismo.

Buena parte de los parlamentarios gaúchos, oriundos de Rio Grande do Sul, integra la bancada del agronegocios en el Congreso nacional conocida por sabotear los proyectos del gobierno para mitigar el cambio climático.

Esos legisladores trabajan “día y noche para destruir la legislación ambiental” y las políticas impulsadas por Lula desde enero 2023, denunció Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima.

Para estos congresistas el cambio climático es una invención de los “globalistas”, entre quienes incluyen a la ministras Marina Silva y Sonia Guajajara (Pueblos Indígenas).