Por Miguel Jorquera

El Gobierno y los bloques de diputados colaboracionistas dieron dictamen exprés a la versión reducida de la ley Bases, que incluye una reforma laboral y que llevará el lunes próximo al recinto de la Cámara Baja para darle media sanción. El oficialismo logró sellar un acuerdo contrarreloj con las bancadas aliadas, que se enfrentaron por la reforma laboral que la UCR redactó en espejo al DNU 70/23 frenado por la Justicia del Trabajo y que pactó su incorporación al proyecto del Gobierno a cambio de sus votos a favor. 

Finalmente la Casa Rosada se inclinó por una reforma “acotada”, que extiende el periodo de prueba de los trabajadores a seis meses —con posibilidades de ampliarlo según las empresas a ocho meses y un año—, elimina las multas a los empresarios por el empleo no registrado, implementa un fondo de cese laboral optativo para eliminar las indemnizaciones patronales y establece despidos “justificados” y penas de hasta tres años por bloqueos o tomas “parciales” de establecimientos productivos; aunque evitó avanzar (como proponía la UCR) contra el aporte de los trabajadores a sus organizaciones gremiales y los límites del derecho a huelga a múltiples actividades laborales. La oposición dura al gobierno le dispensó críticas y advertencias por el avance contra los derechos de los trabajadores; mientras que el triunviro de la CGT, el camionero Pablo Moyano, sostuvo que el intento de Milei de concretar una reforma laboral fortalecerá el paro general que la central obrera convocó para el 9 de mayo.

Reforma “limitada”

En la Casa Rosada no ocultaron su entusiasmo con la propuesta de reforma laboral que la UCR le ofreció incorporar al texto de la ley Bases como moneda de cambio por su respaldo. Pero en el variopinto interbloque de Hacemos Coalición Federal se opusieron a avanzar con una reforma profunda sin un debate por separado en Diputados. El jefe del bloque de HCF, Miguel Pichetto, se encargó de comunicar que no acompañaría la reforma y puso en peligro su aprobación. Por eso se inclinó por la postura de Pichetto de no avanzar contra las organizaciones sindicales y recrudecer el enfrentamiento con las centrales obreras. En frenéticas negociaciones de último momento, los bloques colaboracionistas elaboraron un texto sobre 17 puntos de acuerdos y avanzar con una reforma laboral “limitada” cuyos ejes centrales son:

* Se eliminan definitivamente las multas a los empleadores por trabajo no registrado.

* El período de prueba para los trabajadores tendrá seis meses de vigencia, pero las convenciones colectivas podrán ampliarlo hasta ocho meses en las empresas de seis y hasta 100 trabajadores, y hasta un año en las empresas de hasta cinco trabajadores.

* El "trabajador independiente" podrá contar con hasta cinco “colaboradores” para llevar adelante un emprendimiento productivo, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes.

* En los casos de despido sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el período de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración del último año. Se excluye el aguinaldo y otros conceptos de pago semestral o anual.

* Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir este régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Los empleadores también podrán optar por contratar un sistema privado a su costo para solventar la indemnización.

* La indemnización se agravará en un 50% si el despido está motivado en un acto discriminatorio si hay sentencia judicial que corrobore el hecho, donde la prueba estará a cargo de quien invoque la causal.

* La participación en bloqueos o tomas de establecimientos, ya sean totales o parciales, configurará una “grave injuria laboral” y podrá ser tomada como causal de despido. Además, se establecen penas de entre seis meses y tres años de prisión por impedir, estorbar o entorpecer el acceso a locales o industrias “con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio”.

Críticas

Durante el plenario en comisiones de ayer los opositores más duros criticaron fuertemente la reforma laboral del oficialismo y sus aliados. ”Para garantizar el quórum en el recinto y las firmas (dictamen) accedieron al pedido de un bloque por el tema reforma laboral: entregaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras argentinas a cambio de firmas en el dictamen y a cambio de quórum y votos en el recinto”, soltó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Además pidió "hacer memoria" con una advertencia: repasó las tapas de los diarios a lo largo del año 2000, cuando el Gobierno de Fernando de la Rúa y su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, impulsaron una reforma laboral que terminó en el escándalo de las coimas en el Senado para aprobarla y la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.

Myriam Bregman (FIT-PTS) hizo lo propio: “Lo que están haciendo es ilegal y es anticonstitucional. No pueden hacer una reforma laboral sin que pase por la comisión de trabajo, eso va a ser impugnado, ustedes lo saben. Solo le están dando una señal a los patrones del Llao Llao, nada más que eso. Es inconstitucional porque viola el principio de progresividad de derecho y todos los tratados internacionales, de derechos humanos y laborales firmados por nuestro país".

Su compañera de bancada, Romina del Plá (FIT-PO) ligó los objetivos que el Gobierno se traza con la reforma laboral y la ley Bases: “Para los trabajadores hay impuesto sobre los salarios, liquidación del monotributo social y derogación de las jubilaciones por moratoria. Para los empresarios hay moratoria impositiva, blanqueo de capitales y reducción de la alícuota a bienes personales. Si atamos los puntos, una vez más a los trabajadores nos hacen pagar la fiesta de los fugadores, de los narcos y de los empresarios".

En tanto, Pablo Moyano aseguró que esta reforma representa "una condena para los trabajadores". En declaraciones a AM750 dijo que a la reforma "la rechazamos de plano. No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se le tengan que pagar ellos mismos”, dijo. Al mismo tiempo, alertó por la pérdida de derechos y lamentó que, si avanza la reforma, los trabajadores no tendrán derecho a huelga. "Plantea los períodos de prueba y eso no es negociable. Eso es regresivo, te saca derechos. Y es represiva si llevás adelante a una medida de fuerza. Es condenar a los trabajadores que llevan adelante una medida”.

Fuente: www.pagina12.com.ar