Por Jorge Elizondo 

En su presentación ante el Congreso con motivo del inicio de las sesiones ordinarias, el Presidente volvió a reafirmar sus objetivos, reiterando sus discursos de campaña.

Sin el menor atisbo de autocrítica respecto a los insultos y agresiones contra los gobernadores que reclaman la coparticipación y las transferencias destinadas a la educación, redobló la apuesta llamando a los denostados mandatarios provinciales a firmar en la ciudad de Córdoba lo que denominó Pacto de Mayo, con motivo del 214º aniversario del inicio de nuestra Revolución.

Pero existe otra condición que los gobernadores deberían cumplir antes de firmar los diez puntos del pacto: deben firmar un pre-acuerdo ante el jefe de Gabinete, el ministro del Interior y/o el ministro de Economía, en el que manifiesten aceptar el DNU 70/2023 y la frustrada “Ley Ómnibus”. Se trata de una maniobra de carácter extorsivo, ya que en el supuesto de que sea rechazado, el Poder Ejecutivo se negará a cumplir con sus obligaciones legales.

El denominado Pacto de Mayo nada tiene que ver con los pactos que las fuerzas políticas firmaron durante nuestra historia: el Pacto Federal es uno de los pactos preexistentes a nuestra Constitución nacional, el Pacto Social firmado por la CGT, la CGE y otras organizaciones empresarias fue el eje económico fundamental de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón; el Pacto de Olivos firmado por Alfonsín y Menem, en representación de las dos principales fuerzas políticas culminó en la reforma constitucional de 1994. En ningún caso hubo una redacción previa impuesta por una de las partes a las demás.

El llamado Pacto de Mayo, contrariamente a la idea de nuevo contrato social lanzada por el Presidente no es más que un contrato de adhesión, dado que su contenido ha sido determinado unilateralmente por el Poder Ejecutivo, condicionado por una imposición previa: la firma de un preacuerdo para ratificar el DNU 70/2023 y la “Ley Ómnibus” que el propio bloque oficialista decidió enviar a comisiones, ante los innumerables cuestionamientos de los diputados de diversos bloques, algunos caracterizados como “dialoguistas”.

En realidad, el contenido y la forma impuestos por el Presidente en su alocución del 1º de marzo se asemejan más a un proceso bélico que político. En efecto, la reunión de los gobernadores con el ministro del Interior, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía y la exigencia de la firma de dicho pre-acuerdo equivalen a una especie de armisticio con el que se daría término a la confrontación provocada durante el mes de febrero por el incumplimiento de las obligaciones referidas a la coparticipación, la negativa a transferir los fondos destinados a la educación. Pero no se determinan cuáles serían las obligaciones que el gobierno estaría dispuesto a cumplir a fin de reparar el daño causado a las provincias, si sería a través de la coparticipación del impuesto al cheque o con la coparticipación de retenciones o cualquier otro medio.

Luego de más de dos meses, el 25 de mayo, los gobernadores deberían firmar los diez puntos ya redactados por el Ejecutivo, sin que se prometa debate alguno, ni en el Congreso ni fuera de este.

En otros términos: en el 214º aniversario de la Revolución de Mayo, que dio inicio a la guerra de la independencia contra el colonialismo español, los mandatarios provinciales deberían firmar un acta de rendición frente al gobierno central y al poder económico trasnacional y local que representa.

Cabe destacar que el gobierno de Milei desconoce una vez más al Poder Legislativo, ya que pretende condicionarlo con la firma de un pre-acuerdo-armisticio y un pacto de rendición de los gobernadores, como si estos tuvieran facultades para imponer sus decisiones sobre los senadores y diputados elegidos por el pueblo de sus respectivas provincias.

Cualquier pacto político y/o social debería ser validado por ley del Congreso de la Nación, previo debate y conformidad expresa de la totalidad de las fuerzas políticas y sociales de nuestro país: partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones empresarias, etc.

¿Qué concepción del Estado tiene el Poder Ejecutivo? Más allá de los desvaríos del Presidente, que llegó a definirlo como una “organización criminal”, a la que curiosamente le ha tocado presidir; es evidente que lejos de buscar su destrucción o debilitamiento, lo utiliza como instrumento político al servicio de la clase dominante, con un estilo agresivo y violento contra la oposición y las organizaciones sindicales y sociales que no se diferencia sustancialmente de los gobiernos antidemocráticos y dictatoriales. Ignora al Congreso, pretende gobernar por decreto, refundar el Estado y la economía sobre bases contrarias a la Constitución nacional y a los pactos internacionales de derechos humanos, atentando contra los derechos de los trabajadores y reforzando la dictadura del capital sobre estos, a través de miles de despidos, el crecimiento de la desocupación y la pobreza.

Es evidente que el titular del Ejecutivo no tiene como objetivo destruir el Estado —como manifiestan erróneamente algunos comunicadores sociales y políticos—, ni siquiera de transformarlo en el “Estado mínimo” que reclaman los liberales, sino de convertirlo en un Estado que refuerce el dominio del capital, eliminando para siempre los límites del Estado social de derecho o Estado de justicia social. Es esto lo que el Presidente y la coalición gobernante anhelan destruir.

Tal transformación regresiva del Estado pretende lograrla no mediante una reforma constitucional, sino a través de dos instrumentos: el DNU y la frustrada “Ley Ómnibus”, que el Congreso debería sancionar, lo que constituiría su último acto como poder del Estado, ya que —con el pretexto de la “emergencia”— habría delegado la casi totalidad de sus facultades legislativas al Ejecutivo, lo que equivale a otorgarle facultades extraordinarias, violando el art. 29 de la Constitución nacional.

Contenido del pacto

El llamado “Pacto” consta de diez puntos, que no son más que una reproducción del Consenso de Washington, que el imperialismo norteamericano impuso a los gobiernos latinoamericanos en los ‘90:

1) La inviolabilidad de la propiedad privada.

2) El equilibrio fiscal innegociable.

3) La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

4) Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

5) La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

6) Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

 7) Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

 8) Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

9) Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

10) La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

Estos puntos, que se formulan dogmáticamente, sin explicación alguna, como si se tratara de las tablas de Moisés, son el decálogo de un país sometido, que habría renunciado a su soberanía política e independencia económica.

El punto 1, “inviolabilidad de la propiedad privada”, no se refiere evidentemente al derecho personal de los habitantes de nuestro país a la propiedad de la tierra y la vivienda. El derecho que se le niega a la inmensa mayoría de los habitantes de la Nación, a los que se priva del derecho a una vivienda digna (art. 14 bis de la Constitución nacional) y que ni siquiera tienen hoy acceso a un alquiler, dado que, en nombre de la libertad, el DNU 70/2023 ha derogado la ley de alquileres sancionada por el Congreso de la Nación, eliminando cualquier tipo de regulación.

Se refiere a la propiedad de los grupos económicos transnacionales o nacionales y sus privilegios, como en el caso de Vicentin; a la propiedad de los latifundistas, a la de los multimillonarios extranjeros como John Lewis y otros nacidos en nuestro país, que despojan a los pueblos originarios de su propiedad comunitaria, a la de todos quienes están aprovechando la derogación de la Ley de Tierras por el DNU para apoderarse de las mejores tierras del país. Resulta evidente que hay un artículo de la Constitución nacional que le molesta a la coalición gobernante y que desearía suprimir: el que establece que el Estado tiene derecho a la expropiación, por causa de utilidad pública.

El punto 2, “equilibrio fiscal innegociable”, es otro dogma del neoliberalismo que se impone a los países dependientes —y que los países imperiales no cumplen—, que de ningún modo constituye un objetivo fundamental para lograr el crecimiento del país.

El punto 3, “la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno”, es un objetivo imposible de cumplir si nuestro país se encaminara hacia un mayor crecimiento y desarrollo con inclusión y justicia social. La disminución del gasto público a un 25% del PBI implica literalmente el crecimiento aún mayor de la pobreza y el hambre de más de la mitad de los habitantes del país.

Sin que se haya firmado el llamado “Pacto”, ya estamos padeciendo el fin de la obra pública, en perjuicio de las provincias y de los miles de trabajadores de la construcción que han sido despedidos en todo el país; la reducción del presupuesto destinado a la educación y la cultura; la pretensión de cerrar Télam y otras instituciones del Estado, con el despido —celebrado por algunos funcionarios— de miles de trabajadores estatales.

El punto 4 habla de una “reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio”. Es evidente que es necesaria una reforma tributaria, pero de ningún modo acotada a los fines que menciona. Se habla de reducir la presión impositiva, pero sin referirse a qué sectores sociales se debe aliviar: si a los menos favorecidos o a los grupos económicos. Parece que sólo les preocupa “promover el comercio”, como si estuviéramos en el siglo XIX. No nos sorprende que no se mencione siquiera a la industria, para cuya promoción no existe el menor interés. Creemos en la necesidad de un sistema tributario que no se base —como el actual— en los impuestos indirectos que gravan el consumo del pueblo (el IVA entre ellos), sino en los impuestos directos que graven principalmente a las grandes fortunas, a la banca, a las mineras y a las superganancias de los grupos económicos que monopolizan el comercio exterior.

El punto 6 impone a las provincias un compromiso de “avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Nos preguntamos cuáles son las razones de la urgencia y si el interés manifestado por grupos económicos transnacionales y funcionarios de primer nivel del gobierno de Estados Unidos que han demostrado interés en el litio y otros minerales estratégicos tienen alguna vinculación con la urgencia del compromiso exigido.

El punto 7 se refiere a “una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”. Ya conocemos el lenguaje de quienes gobiernan en nombre de los intereses de las corporaciones, y nos referimos a estos proyectos en varios artículos publicados en este medio. Una reforma laboral moderna es para ellos la que garantice el despido libre (sin indemnización), el reemplazo de los convenios colectivos de trabajo de actividad por los convenios de empresa (al que expresamente se refirió el Presidente en su alocución del 1ª de marzo), la eliminación de periodicidad de las paritarias, la inocuidad del derecho de huelga y la limitación y debilitamiento de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

El punto 8 hace referencia a una reforma previsional que “le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron”. El “respeto por quienes aportaron” implica evidentemente el desconocimiento liso y llano o la reducción de los derechos de millones de trabajadoras y trabajadores que trabajaron toda su vida y que no tuvieron aportes en virtud del incumplimiento de sus empleadores.

La exigencia de que el nuevo sistema previsional “permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación” implicaría el regreso de las AFJP, de triste memoria para nuestro país.

El punto 10 se refiere a la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. En estos términos se proyecta la liberación total del comercio exterior, sin controles de ningún tipo, estableciendo el dominio total de las corporaciones transnacionales y locales exportadoras sobre la economía de nuestro país. Que la Argentina sea “protagonista del mercado global” no sería en sí mismo un objetivo deseable, si quedamos encorsetados en el viejo esquema oligárquico de la Argentina agroexportadora, pagando el precio de la primarización de la economía y la ruina de la industria

Legitimidad de origen e ilegitimidad de ejercicio

Por detrás de las agresiones del Presidente de la república, los insultos y la repetición incesante de las falacias de los economistas de la escuela austríaca, de la escuela neoclásica, de la escuela de Chicago y el monetarismo del asesor de Pinochet, Milton Friedman, que sostienen los medios hegemónicos, está la dirección del poder real, el de los grupos económicos nacionales y transnacionales.

La derecha y la extrema derecha sólo pueden aceptar una “democracia controlada” que no genere sobresaltos para el poder real, por eso es necesario que todas las fuerzas políticas se comprometan en sostener el mismo programa neoliberal: garantizar la propiedad privada sin limitación alguna, sin nacionalización ni control del comercio exterior, sin admitir la posibilidad de una reforma constitucional que implique un avance hacia una sociedad democrática e igualitaria.

Por detrás del juego de las instituciones republicanas existe un escenario donde necesariamente deben ponerse de acuerdo el gobierno y la clase dominante para garantizar la continuidad del pacto no escrito de subordinación del poder político al poder económico.

Es muy importante para las corporaciones locales y transnacionales que el gobierno actual tenga “legitimidad de origen”, pero en la medida en que esta sea útil para que se cumpla con el pacto no escrito. No debe sorprender que a ninguna organización del gran empresariado le preocupe que el Presidente reclame poderes extraordinarios, incurriendo en una clara ilegitimidad de ejercicio de su mandato, cuando tanto el DNU como la “Ley Ómnibus” les ofrecen a los grupos económicos locales y transnacionales la propiedad o el control de 40 empresas del Estado que se pretenden privatizar y del funcionamiento de la economía del país.

Una vez más la clase dominante y su gobierno plantean el chantaje de la crisis que ellos mismos han provocado. Han logrado consolidar una regresiva redistribución del ingreso a favor de los sectores más concentrados del capital que se acentuó durante la última década. En 2015 la participación del trabajo representaba el 51,8% y la del capital el 48,2%; en 2019 la primera había bajado al 46,1% y el capital subió al 53,9%; y en 2021 el trabajo bajó al 43,1% y el capital se elevó al 56,9%. La devaluación del 118% y la liberación total de los precios, provocaron una reducción aún mayor de los salarios, que se calcula aproximadamente en un 13,1% durante el primer mes del año.

Los que viven de su trabajo y los que se incorporan a la cada vez más numerosa legión de desocupados son los condenados a soportar las consecuencias de las medidas económicas del gobierno: la estanflación y el cierre de empresas. Hay una exigencia del gran capital de licuar aún más los salarios y elevar la tasa de ganancia, abriendo el país a la voracidad de las transnacionales y del capital financiero, más allá de la suerte del DNU, la “Ley Ómnibus” y el Pacto de Mayo. Pero existe un objetivo político de la clase dominante que el gobierno está dispuesto a ejecutar con entusiasmo: el debilitamiento de los sindicatos y de todo tipo de organización de lucha de los explotados, desocupados y demás sectores populares, a través de la represión y la demonización de todas las luchas.

En esta etapa de crisis mundial del capitalismo, agravada por las guerras, en la que se destruyen empleos y se agudizan las desigualdades, la gravedad de la embestida contra los derechos colectivos e individuales de los trabajadores y sus efectos sobre las condiciones de trabajo obligan a las organizaciones sindicales a redoblar sus esfuerzos para lograr aumentos salariales superiores a la inflación, avanzar hacia la recuperación de lo perdido durante estos años, la defensa de los convenios colectivos de actividad, de las normas y principios del derecho del trabajo, rechazando cualquier proyecto de “reforma laboral”, la lucha contra todos los despidos, tanto estatales como privados, sin olvidar los objetivos de lograr la reducción de la jornada sin reducción salarial y el reconocimiento efectivo de sus derechos a la participación en las ganancias, control y dirección de las empresas.

Por último, los trabajadores y los sectores populares no pueden limitarse a la lucha económica; se impone potenciar la unidad y la movilización de sus organizaciones por la defensa de las instituciones democráticas, contra la pretensión del gobierno de neutralizar o sustituir las funciones del Congreso, otorgando facultades legislativas al Presidente de la Nación, lo que significaría, en caso de concretarse, una clara violación del sistema republicano, representativo y federal dispuesto por la Constitución nacional.

El objetivo es impedir que el Ejecutivo logre su objetivo de refundar el Estado sobre bases inconstitucionales y antidemocráticas. Sus instrumentos actuales son el DNU y la “Ley Ómnibus” que pretende reflotar, a los que se agrega el Pacto de Mayo. La lucha de los diputados y senadores democráticos en el Congreso de la Nación y las acciones judiciales promovidas por la inconstitucionalidad del Decreto no pueden detenerse, mucho menos cuando el gobierno pretende que sean aprobados a través de un procedimiento irregular y extorsivo: el que conduce al Pacto de Mayo.

Es necesario que tanto los legisladores como los gobernadores rechacen estas imposiciones; pero aun cuando existan quienes no lo hagan, será la acción de los trabajadores y el pueblo en las calles y plazas de nuestro país —ejerciendo su legítima defensa de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales— el factor determinante que dé por tierra con estas medidas del gobierno.

Fuente: www.elcohetealaluna.com