Por Facundo Borrego 

Paradójicamente, Javier Milei se refleja en el espejo de Hugo Chávez. En lugar de ordenar a troche y moche expropiar inmuebles privados de empresas, como quedó registrado en aquel recordado video, el libertario metió en el paquete de privatizaciones de la ley Bases la mayoría de las sociedades del Estado más por fundamentalismo que por fundamentos. La Administración General de Puertos (AGP), administradora transitoria de la Hidrovía Paraná-Paraguay, quedó en ese rincón. ¡Privatícese!

Como hace años, el destino de la vía navegable troncal es incierto y la AGP quedó en la mira. En el sector agroexportador retumba la pregunta sobre qué sucedería con el mantenimiento del río si su actual administradora, que hasta iba a armar la nueva licitación de fondo que tanto se espera, entra en una etapa de privatización. Nadie sabe con certeza. Pero antes hay otra pregunta: ¿Para qué quieren privatizarla?

La AGP tiene funciones en la vía navegable troncal que son indelegables a una sociedad privada, como definir la tarifa del peaje, armar el pliego licitatorio o concesionar el dragado y balizamiento. No hay figura jurídica que tome la administración de la vía navegable y tercerice a otro privado las operaciones.

Una fuente del sector portuario va más allá y ensaya cómo sería el sueño de un libertario de privatizar directamente la vía navegable, ya no la AGP o la concesión del mantenimiento. “Imaginate, cobrarían por metro transitado a cada buque cerealero como si fueran dueños del río, no les importaría qué traza federaliza a las provincias, o qué daño medioambiental produce”.

Paradójicamente, van a tensar tanto la idea de privatización que espantarán al establishment agroexportador. Por eso la figura de concesión de obra pública del Estado a un privado para el mantenimiento del río es la única viable. Cómo se licita, administra o controla, es otra discusión.

En conclusión, si AGP se privatiza, poco tendría que hacer en la hidrovía. En ese caso, quizás se resuelva volver al viejo modelo de la subsecretaría de Puertos o hasta podrían crear una unidad ejecutora. Sí es preciso señalar que tiene acciones en el Belgrano Cargas, que también está en la lista negra. Distinta implicancia puede tener una privatización en el Puerto de Buenos Aires, donde gestiona los terrenos nacionales y hasta hay funciones comerciales que podrían despertar el interés de varios.

El interventor

Por ahora no tienen en claro qué quieren hacer con la sociedad, sólo piensan en sacarse un clavo. De hecho, no conocen muy bien las funciones y hasta confunden AGP con hidrovía, con la Aduana. Esto grafica el grado de amateurismo en varias áreas del gobierno nacional.

A principios de enero se designó a Gastón Benvenuto como nuevo interventor. Se trata de un abogado de unos 40 años sin experiencia en temas portuarios que llegó de la mano del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y no del exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro como trascendió en algún momento. Incluso se rumoreó con que iba a seguir los pasos de Ferraro en una suerte de nobleza al estilo “vine con él, me voy con él”, por más que habían pasado diez días de asumir.

De hecho, la disputa entre Posse y Ferraro también se nota en esta área portuaria. Según se sinceró una fuente que lejos está de La Libertad Avanza, el nuevo interventor tiene una buena formación empresarial y demuestra ser despierto, activo y proclive a entender los funcionamientos.

Pero comenzó con el pie izquierdo: el Gobierno despidió a unos 60 trabajadores que cumplían tareas de planta en su mayoría y con más de 10 años de antigüedad. El viernes recibió a las autoridades del gremio de ferroportuarios nacional APDFA, que hizo una movilización de protesta a la sede central del organismo en Puerto Madero.

El perfil profesional de Benvenuto no escapa a la prédica del Gobierno de vender empresas a la que no le cierren los números. Prometedor para la AGP. Quizás a esa lógica responde la decisión estudiar en detalle durante unas semanas la sociedad antes de dar algún paso. Hasta ahora no respondió a los pedidos de reuniones, alqo que puso inquietos a los sectores agroexportadores. El destino de la vía navegable depende de lo que suceda con la privatización en el Congreso y de una pregunta clave: ¿A qué empresario o grupo inversor le darían la AGP?

Fuente: www.letrap.com.ar