PorJuan Rezzano

"Su gobierno va a contar con las herramientas necesarias para que lleve adelante el plan de gobierno que el pueblo votó". Con su frase dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el cierre de la exposición que realizó al filo de la votación en general de la ley ómnibus, el jefe de la bancada de la UCR, Rodrigo De Loredo, dio el mejor pie para la formulación de unas preguntas que quedaron otra vez flotando en la atmósfera enrarecida de la república, harta la pobre, asqueada de tanto manoseo, de que invoquen su nombre en vano. ¿Para qué está el Honorable Congreso de la Nación? ¿Qué rol le toca en el ordenamiento jurídico del sistema democrático argentino? ¿Qué mandato les da el pueblo soberano a quienes inviste como sus representantes para gobernar por él? Spoiler: no es el que asumió el viejo partido de las boinas blancas segundos después de que el legislador cordobés, levantando el tono y abriendo bien grandes sus ojos, le facturara a Javier Milei los "insultos", los "agravios" y las "humillaciones" que había descargado durante la campaña y dejara sentado, para que constara en actas, que no tiene "ninguna cuota de admiración" por el jefe de Estado.

En un sistema presidencialista como el argentino, que es copia del estadounidense, ¿por qué no dejan que decida todo la persona que fue elegida para definir el rumbo del país por tanta gente como exige la Constitución, si sería todo más fácil? Justamente, porque el sistema republicano de división de poderes le encomienda a uno de ellos, el Legislativo, que ponga límites al poder unipersonal del Presidente de manera que las leyes "tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes", como explica el propio Congreso en su sitio oficial. Ejemplo: el jefe del Poder Ejecutivo no puede tomar ciertas decisiones críticas, como endeudar al país o dictar el estado de sitio o declararle la guerra a otra nación. Debe hacerlo el Congreso, donde está representada no sólo la porción de la población que votó al señor o a la señora que ocupa el despacho principal de la Casa Rosada. 

O sea: quienes integran el Congreso deben dictar leyes que, en tanto determinan las reglas del funcionamiento de la vida en sociedad en sus aspectos más sensibles, expresen el conjunto y la diversidad de la voluntad popular -de mínima, el piso establecido según el carácter de la disposición de la que se trate-. Por eso, no es su función darle al Gobierno "las herramientas necesarias para que lleve adelante el plan que votó el pueblo", como dijo De Loredo y como han pretendido de las oposiciones todas las fuerzas políticas cuando han sido oficialismo, sino obervar las expectativas de quienes les confiaron su representación.

Transigir es, según la definición del diccionario, "consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia". Como De Loredo, la UCR es un gallo que cacarea y agacha la cresta; que ha hecho de la ambigüedad de sus posiciones vidriosas un negocio político.

Autopercibido miembro ilustre del campo nacional y popular y la socialdemocracia internacional, en 2014 transigió con la expresión emergente más competitiva de la derecha liberal y se asoció al macrismo para volver del coma en el que había quedado después de protagonizar la tragedia de 2001.

Dueño de una estructura nacional como solo el peronismo tiene, transigió entre 2015 y 2019 con un partido municipal porteño que le hizo lugar en el furgón de cola del gobierno de la alianza. Cacareó, pero agachó la cresta.

La sucesión de fracasos macrista y peronista que enlazaron los ocho años fallidos de Cambiemos y el Frente de Todos envalentonó a la muchachada de Leandro Alem, que cantó volveremos, volveremos, como en el '83, pero otra vez transgió: en el cierre de listas de 2023, fue otra vez a la cola del macrismo, con Gerardo Morales y Luis Petri de segundos de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Volver y perdurar

En una charla que mantuvo con Letra P en el marco del ciclo Democracia, 40 años: deudas y desafíos, Federico Storani, habitante de los arrabales radicales desde que la Convención de Gualeguaychú selló el pacto con las huestes de Mauricio Macri y la excorreligionaria Elisa Carrió, se entusiasmó con una alianza estratégica UCR-peronismo que pusiera un dique al avance de la ultraderecha. Este viernes, al acompañar la ley ómnibus de Milei, el radicalismo volvió a transigir, ahora con un gobierno privatista, que asfixia a la ciencia y a las universidades, que ajusta y reprime y pretende la suma del poder público.

Transigir para volver y transigir para perdurar en la opacidad de principios que, si no gustan, pueden ser reemplazados por otros. Ese sigue siendo el negocio de la Unión Cívica Radical Transigente. Acaso algún día la Patria se lo demande, pero es de esperar que sepa arreglárselas de nuevo para volver a volver, aunque difícilmente como en el '83.

Fuente: www.letrap.com.ar