Por Eugenia Muzio

A la deuda comercial le faltan algunos millones. El padrón que abrió el equipo económico de Toto Caputo para saber a cuánto ascienden los compromisos que importadores de bienes y servicios tienen con sus proveedores en el exterior, se cerró y alcanzó los u$s42.600 millones; lejos de los casi u$s60.000 millones que preveía el mercado y sin noticias sobre una auditoría prometida para corroborar la veracidad de la deuda en medio de versiones sobre operaciones entre filiales. Del total, cerca de u$s8.500 millones fueron declaradas canceladas sin acceso al mercado de cambios.

El nuevo secretario de Comercio, Pablo Lavigne, argumentó que el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que implementó Sergio Massa a fines de 2022 promovía la "discrecionalidad y arbitrariedad". "Generó enormes distorsiones y las empresas acudieron a todo tipo de vías de escape para poder seguir produciendo", dijeron a Letra P fuentes oficiales. En el debate presidencial de cara las elecciones generales, Javier Milei había definido al esquema como un "tongo", expresión que se utiliza para señalar un fraude.

Fuentes ministeriales del área comercial afirmaron que "el fin del registro oficial es transparentar la deuda comercial real que existe con proveedores del exterior". Las estimaciones oficiales y privadas daban cuenta de una cifra que oscilaba entre los u$s50.000 millones y los u$s60.000 millones, de los cuales unos u$s25.000 millones superan los valores normales de la deuda.

Sin auditoría

Con el censo empresarial, se ponía en marcha también una auditoría para determinar cuánto se debe, en concepto de qué y a quiénes. Por ahora, no hay rastros de esa pesquisa, confirmaron en los despachos oficiales a Letra P. En Comercio advirtieron que la competencia de una investigación corresponde a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Aduana, pero fuentes gubernamentales afirmaron que no hay medida en marcha.

"El problema es que el proceso de autorización de importaciones es de muy difícil trazabilidad para atrás, por lo que se depende en gran medida de las eventuales denuncias que hagan importadores", explicaron a este medio. "Comercio está dispuesta a aportar toda la información que tenga en su poder y requiera el organismo fiscal, ya que el objetivo de esta gestión es el de brindar la mayor transparencia y seguridad jurídica en las operaciones de comercio exterior", agregaron las fuentes.

Un informe de Romano Group da cuenta de que a noviembre de 2023, la deuda ascendía a u$s54.000 millones, compuesta por u$s43.000 millones por parte de importadores de bienes y u$s11.000 millones de servicios. El stock que más creció en este último tiempo es el correspondiente a bienes, con un aumento del 96% contra diciembre de 2021, y 30% en servicios. El dato más relevante es cuánto creció el año pasado, en medio de restricciones cambiarias fuertes, respecto al promedio: unos u$s 24.000 millones, un flujo que duplica el nivel de crédito en condiciones normales.

El 66% de la deuda de privados se concentra en capital que ya es exigible, sin vencimiento pactado, o bien con vencimiento hasta tres meses. Es decir, dos tercios de la deuda es con vencimiento en el corto plazo. El 60% del total, u$s28.500 millones, se trata de deuda con casas matrices; mientras que el 36%, u$s17.500 millones, es con proveedores del exterior.

Acceso a pymes para cancelar deuda

El padrón fue una condición para acceder al Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) que emitió el Banco Central en dólares y que, por ahora, está dando resultados magros. En la última semana, el título comenzó a circular por el mercado secundario de bonos, a un precio de u$s69 y recién empezó a generar interés entre inversionistas, indicaron operadores de la City a este medio.

Entre los importadores, señalan dos problemas fundamentales que tiene el Bopreal: no sirve para pagar a proveedores y las pymes no entran en el esquema. La Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) pidió entablar un vínculo entre la entidad y Comercio "a fin acercarle propuestas para facilitar y buscar alternativas de pago para las pequeñas y medianas empresas".

A partir de este reclamo por la "atomización" que resultó del registro, el área que dirige Lavigne y el BCRA, a cargo de Santiago Bausili, "resolvieron proveer una alternativa que intente resolver completamente esta situación crítica para cerca de 10.000 empresas, dentro de las cuales más de 5.100 son micro pymes, cerca de 3.900 pequeñas y cerca de 1.000 medianas, representando casi un 80% del universo total de MiPyMEs y más del 70% del total de empresas registradas en el padrón".

Fuente: www.letrap.com.ar