El Gobierno dio el paso inicial para intervenir todos los registros automotores del país, una de las pro­mesas de campaña de La Libertad Avanza. El vicemi­nistro de Justicia, Sebastián Amerio, hizo la presenta­ción formal para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interven­tores en más de un centenar de registros automotores. Actualmente en el país exis­ten 1.557 registros de la pro­piedad automotor y, según los últimos relevamientos, se realizan unas 180.000 transferencias o inscripcio­nes por mes, entre automó­viles, motocicletas y trans­porte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. 

El sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada ofi­cina. Vale aclarar que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción. El sistema re­gistral depende de la Direc­ción Nacional de Registro Automotor (Dnrpa) y fun­ciona en la órbita del Minis­terio de Justicia. En la pro­vincia de Corrientes existen cinco registros del auto­motor: 05016 Capital Nº 5, 05008 Esquina, 05009 Itu­zaingó Nº 1, 05015 San Cos­me y 05007 Santo Tomé. 

Las críticas no solo apun­tan al sistema burocráti­co poco eficiente, costoso y complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con ex funcionarios, o familiares directos o indirectos. 

Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Li­bertad Avanza cuestionó el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la "casta política" y enfatizó que forman parte de un sis­tema que el nuevo Gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. 

En varias oportunidades Javier Milei dijo que cerra­ría los registros automoto­res y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transfe­rencias de vehículos. Una de las últimas situaciones polémicas de las que se tuvo conocimiento público, aún en el gobierno de Alberto Fernández, fue la desig­nación de Emilce Angélica Aiello, concuñada del por entonces ministro de Justi­cia, Martín Soria, como in­terventora del Registro Nº 3 de Centenario, un registro estratégico porque tiene ju­risdicción sobre la zona de Vaca Muerta.

"Son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y aquí no hay dis­tinción de colores políticos, porque esto ocurre desde hace décadas y hay regis­tros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vincula­ción directa o indirecta con autoridades de todos los go­biernos", comentó un espe­cialista. 

Pero más allá de ese cues­tionamiento, el problema que tienen los registros se podría dividir en dos claros puntos: el primero está rela­cionado con el mal funcio­namiento en sí del sistema registral de vehículos; y el segundo en sus costos. En total estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios. En principio hay que saber que si un auto es de origen nacional paga el 1,5% de arancel de trans­ferencia, y si es importado paga 2%.

Cuestionan la complejidad de formularios

El gran cuestionamiento que se hace sobre el funcionamiento del sistema de registracio­nes de vehículos en Argentina es la comple­jidad asociada a la cantidad de formularios, ya que cada uno de ellos requiere presencia­lidad, incluso para la firma del 08, el formu­lario de transferencia, que aunque es digital, eso es solo para adelantar el trámite y precar­gar los datos de vendedor y comprador, pero que se debe firmar en forma manual. 

"En Argentina hay que pasar por seis ven­tanillas para hacer los trámites. En Chile y Perú es solo una y en México son dos. En EE.UU. es una sola, pero a la que se concurre después de haber hecho toda la operación entre vendedor y comprador, quienes no tie­nen siquiera que ir juntos porque uno va a re­tirar el título y otro a entregar un formulario en el que dice que ese auto ya no es de su pro­piedad desde la fecha que lo entregó y firmó los papeles de venta", cuenta un experto del mercado de autos usados. 

El sistema norteamericano aporta un modelo distinto también desde lo concep­tual. La matrícula o patente es del conduc­tor y al vender el automóvil se entrega sin esa identificación legal, de modo tal que el comprador tiene que colocar sus placas, y si no las poseyera, es un gasto que tendrá que hacer por única vez al comprar su primer ve­hículo. Así, las multas o deudas no son del automóvil sino del dueño, entonces no es necesario pedir libre deuda como ocurre en Argentina.

Fuente: www.nortecorrientes.com