Por Mara Pedrazzoli

YPF, Aerolíneas Argentinas, Arsat, los trenes, Aysa, la TV Pública y el Banco Nación son algunas de las empresas públicas más emblemáticas que el presidente Milei buscará privatizar e incorporó en un listado anexo, con otras 41 empresas y sociedades con participación mayoritaria estatal, en la Ley Ómnibus ingresada este miércoles al Congreso. Energía Argentina (la ex Enarsa), Fabricaciones Militares, las centrales atómicas, la administración general de puertos, los corredores viales, Correo Argentino y Télam son otros nombres que integran la lista. Para facilitar y agilizar el proceso de venta y desguace de estas empresas, Milei ya había incorporado en el Decreto 70/2023 su conversión a sociedades anónimas, ahora sigue los pasos de lo peor del menemismo.

Con la pretensión de que su gobierno "marque un punto de inflexión en la historia", Javier Milei reafirmó en el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" de 351 páginas una viejísima idea del liberalismo, que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del privado”. Ratificó así lo más liberal del legado de Carlos Saúl Menem. 

Los liberales tienen una visión bastante peculiar de la actividad privada, una confianza ciega en que el sistema capitalista conduce a la competencia y no a la concentración del capital privado. Consideran que privatizar es abrir el juego a la competencia y no entregar negocios a grandes empresas que concentran un poder garrafal.

En el caso de las empresas públicas, la privatización supone además la pérdida de un criterio social y no exclusivamente económico en la distribución de sus funciones. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas es capaz de comunicar destinos internos del territorio nacional que no son rentables para una organización privada. Lo mismo ocurre con el caso de los trenes de pasajeros y trenes de carga. Tanto Aerolíneas como TAC fueron ejemplos de gestión en los últimos años. 

Fabricaciones Militares también es una empresa estratégica vinculada a la defensa nacional que permitió recuperar fábricas cerradas durante el macrismo. La lista es larguísima o tal vez inabarcable para un artículo periodístico: Arsat es ejemplo de tecnología e investigación en Argentina y el mundo. YPF ha ido creciendo y expandiendo sus ramas de negocios a industrias estratégicas para el desarrollo nacional, como el shale-gas y el litio. ¿Todo esto quedará en manos privadas pudiendo potenciar la autonomía económica del país?

Para instrumentar el proceso de privatizaciones. la Ley Omnibus de Milei se ampara en la Ley de Reforma del Estado sancionada en agosto de 1989 durante los primeros meses del gobierno de Menem, la cual posibilitó la intervención y privatización de empresas públicas y la disolución de diversos entes reguladores. 

“A fines de 1989, Menem ordenó privatizar dos de los canales de TV que estaban en manos del Estado (el 11 y el 13), para lo cual modificó un artículo de la Ley de Radiodifusión que permitió la formación de multimedios”, analiza Juan Pablo Csipka en un artículo publicado por este diario. 

La concentración económica y no la competencia fue el corolario de las privatizaciones. “En los meses siguientes se vendieron Aerolíneas Argentinas, los trenes, los peajes, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba), Obras Sanitarias de la Nación (encargada de los servicios de agua y cloaca), Yacimientos Carboníferos Fiscales y Somisa”, continúa Csipka.

En 1992 llegó la segunda ola de privatizaciones del gobierno Menem, con los casos emblemáticos de YPF, cuyos activos y acciones se fueron vendiendo de a poco hasta ser finalmente adquirida por Repsol en 1999, y Gas del Estado, la cual se dividió en once sociedades privadas con mayoría de capitales extranjeros (nueve de Distribución y dos de Transporte por gasoductos) previo a su disolución en 1997. La reducción de las plantas y por ende los despidos masivos fueron la norma previo al traspaso al capital extranjero durante las privatizaciones de los años 90. 

El dinero, los dólares, que ingresó inicialmente como contrapartida de la venta empezó luego a fugarse bajo la forma de utilidades y dividendos que estas compañías remitían al exterior, plantando nuevamente un problema estructural para el país vinculado con la fuga de capitales.

Finalmente, cuando Argentina salió de la Convertibilidad, empresas como YPF, los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas y las empresas de agua, luz y gas volvieron al ámbito estatal. La ley enviada el miércoles por la tarde al Congreso “incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”, dijo en su habitual conferencia matutina de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni. Puntualmente, las privatizaciones son un proceso que involucra varias capas burocráticas en las que interviene el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por un lado, pero también empresarios y otros actores como los organismos y bancos internacionales de crédito, ya que el capital extranjero suele ocupar una presencia destacada en los mismos.

En ese sentido, y para facilitar los requerimientos legales, el DNU 70/2023 que anunció Milei el miércoles de la semana pasada dispuso la derogación del Régimen de Sociedades del Estado, así como toda "normativa que impida la privatización de las empresas públicas", según había expresado Milei en su discurso. El DNU prevé modificar el status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, es decir, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades.

De ese modo " se pretende habilitar la venta de los paquetes accionarios en poder del Estado a través del mercado de capitales o un operador. Eliminando la necesidad de aprobar una ley de privatización para cada empresa pública", explicaba un especialista a este diario. Así, se hace “más volátil la propiedad de la empresa: ya no tenés que enajenar toda la empresa a un solo comprador", continuaba el artículo.

Fuente: www.pagina12.com.ar