Por Claudio Scaletta

Meter en un solo DNU una reforma estructural de la economía que afecta a más de 300 leyes es una acción que se explica primero por la debilidad legislativa inicial de la fuerza que lo impulsa, pero también porque persigue el objetivo de que el núcleo del paquete pase sin mayores contratiempos mientras se debaten las formas y los detalles. El nuevo oficialismo puede parecer torpe, pero no es tonto. “El loco” no es sólo un loco. Nótese además que la debilidad legislativa es solo “inicial”, en tanto más allá del debate por las formas, existe también una mayoría de legisladores que acuerda sustantivamente con el contenido del mega decreto, a lo que debe agregarse que, cuando hay voluntad de poder, “lo que no se acuerda se negocia”, más con provincias ansiosas por recursos fiscales. Al panorama contribuye la memoria histórica de la reciente experiencia macrista, que contó con el acompañamiento legislativo de una porción de sus presuntos opositores. Mejor no detenerse en el detalle. En el presente, además, se está frente al mismo colectivo que vetó todas las iniciativas de fondo del período 2019-23, las impulsadas y las declamadas. Es muy posible que la versión actual de este bloque de poder en construcción, integrado por “la vieja casta” del PRO, UCR, fuerzas provinciales y tránsfugas provisorios o permanentes, sea la que le brinde legitimidad y sustento a las graves reformas encerradas en el DNU del 20 de diciembre.

En otro nivel de análisis se agrega que la buena ficción del nuevo relato ultraortodoxo necesita, para ser creíble, componentes de verdad. Se trata de algo que comenzó a experimentarse con mayor intensidad a partir de la irrupción de las redes sociales y el auge de la “posverdad”. En concreto, la clave del éxito de cualquier mentira es que sea creíble. Y la credibilidad se construye apoyándose en retazos de verdad. En esta línea el decreto incluye la eliminación de no pocas regulaciones discutibles, así como transformaciones que una parte de la sociedad considera necesarias. El detalle es largo, pero en vez de pensar como las normas afectan a tal o cual empresa es preferible detenerse en lo operativo. A modo de ejemplo, una ley de alquileres que congela precios por un año con una inflación de tres dígitos no puede estar bien. Los tramites infinitos y caros en registros automotores que seguirán privados tampoco. La medicina privada es una actividad empresarial, no son obras sociales, con costos crecientes en un contexto de alta inflación no se pueden restringir ingresos sin hacer estallar el sistema. Si los bancos comerciales no fueron capaces de generar cajas de ahorro con alguna protección contra la inflación, no pueden quejarse porque se habilite a pagar sueldos en cuentas que sí lo hacen, como las virtuales. Si las operaciones de comercio exterior son farragosas y caras, con una sumatoria de peajes informales, se demandan cambios. Son todas cuestiones que ameritan debate, pero también señales de que algo no estaba bien. Si el Estado regula o legisla mal resulta esperable que crezca el discurso antiestado. La idea de la motosierra creció por no atender esta sumatoria de descontentos sectoriales. Sin embargo, de ninguna manera estos “retazos de verdad” son las temas de fondo del megadecreto. Las medidas realmente transformadoras y socialmente más negativas son las que afectan al mundo del trabajo y la producción. Se trata de medidas clasistas de disciplinamiento social y de destrucción de sectores productivos y empresas.

Una de las reformas centrales incluidas en el decreto del 20 de diciembre es la laboral, donde se intenta avanzar hacia una desregulación casi total de las relaciones. Prácticamente no existen aspectos de la relación laboral en los que el DNU no se meta: los tiempos de los contratos, la extensión de 3 a 8 meses del período de prueba, la facilidad para despedir reduciendo indemnizaciones, el fomento de la tercerización quitando responsabilidad a las empresas que tercerizan y hasta la reducción de los tiempos de las licencias por parto.

El alcance no se limita a la relación contractual trabajador empleador, también ataca a las organizaciones sindicales. Habilita la negociación colectiva por empresa y no por rama y dificulta el cobro de las cuotas. También afecta por múltiples vías a las obras sociales facilitando la afiliación a la medicina prepaga, que se llevarán la crema del negocio. Para completar se limita en la práctica el derecho de huelga, entre otras vías declarando “actividades esenciales” a la educación y el transporte, lo cual puede ser comprensible para quienes estén cansados de los paros docentes y de transporte. A estas actividades se suman rubros como energía y puertos, alimentos y bancos, pero también otros más insólitos para ser considerados esenciales, como hoteles, televisión, siderurgia y minería.

El “casi” de la desregulación “casi total” es porque se mantiene el monopolio sindical por actividad y la vigencia de las condiciones de los convenios colectivos a su vencimiento (ultraactividad), lo que quizá se una puerta que se dejó abierta para negociar. Resulta llamativo que semejante sumatoria de medidas no tenga, al menos preventivamente, a todos los sindicatos en la calle, en tanto se trata de modificaciones que, en caso de prosperar, afectarán para mal la vida cotidiana de los trabajadores. Situación que se verá agravada en un escenario que se augura largamente recesivo. Se trata de reformas con un evidente sesgo de clase que implican una retracción de un plumazo de derechos adquiridos durante décadas de lucha sindical y que, por supuesto, no presentan ni necesidad, ni urgencia.

En materia de producción se destaca el desarme de una serie de promoción e incentivos a diversas actividades. Como en todas las áreas existían previamente situaciones a corregir. La teoría económica convencional, por ejemplo, habilita la promoción industrial para sostener el crecimiento de actividades elegidas durante el período de aprendizaje. Lo que en general no existe es la protección “para siempre”. Sin embargo, irregularidades como el régimen de privilegios de Tierra del Fuego, notablemente no tocado por el súper DNU, no deberían habilitar barrer con todo. 

Lo que sí barrerá el decreto si prospera son dos instrumentos fundamentales para el desarrollo: el “Compre nacional” y el “Prodepro”, el programa de desarrollo de proveedores. El “compre nacional” en las licitaciones públicas, es un mecanismo para promover a empresas y sectores locales y evitar el dumping de las extranjeras. Básicamente consiste en aprovechar, a través de un pequeño diferencial de tolerancia en los precios pagados, el poder de compra del Estado.

Se trata de una política utilizada por muchas economías desarrolladas, como por ejemplo Estados Unidos, donde sin el “Buy American” sería difícil entender la expansión de muchas de las grandes firmas de su complejo militar industrial. La decisión va a contramano de lo que sucede en los países más desarrollados, donde a partir de la disputa geopolítica con China e ideas como el “reshoring” se asiste, por el contrario, a un resurgir de las políticas productivas.

El Prodepro, en tanto, es lo que su nombre indica, un programa de desarrollo de provedores de bienes y servicios por la vía del financiamiento diferencial y la asistencia técnica para sectores que se consideran estratégicos. Apunta al desarrollo local de las cadenas de valor a través de inducir a las grandes empresas a desarrollar proveedores locales, lo que no solo es bueno para los nuevos proveedores, sino para los costos globales de los circuitos productivos. Su finalidad última, además de la generación de trabajo y valor local, es la diversificación y la integración productiva, lo que resulta fundamental, por ejemplo, en áreas como los hidrocarburos y la minería, claves en el futuro inmediato y mediato, para que no se limiten solo a la producción primaria. Según el mileísmo existe necesidad y urgencia de eliminar el programa que, dicho sea de paso, también existe en otras economías desarrolladas con recursos naturales abundantes, como Canadá y Australia, donde muchas empresas proveedoras locales se transformaron en proveedoras globales. Y un detalle, el programa fue implementado en 2018, es decir durante el macrismo ¿El PRO y la UCR aceptarán ahora su eliminación?

La conclusión preliminar es que no se está frente a un simple decreto que desregula, simplifica trámites, remueve trabas y digitaliza procesos para agilizar la economía, como se milita desde la comunicación oficialista, sino frente a una virtual refundación clasista de las relaciones laborales, la destrucción de pequeñas y mediamas empresas locales y la entrega de mercados a empresas globales. Sin necesidad y sin urgencia y pasando por encima de la división de poderes. Si a ello se le suma la enajenación del patrimonio social vía la privatización de empresas públicas, profesionalmente gestionadas bajo todos los controles de la SIGEN, se obtiene el panorama completo del modelo productivo imaginado por el nuevo bloque de poder en consolidación.-

Fuente: www.eldestapeweb.com