Por Lucas Arrimada

El terror y el horror de la última dictadura corporativo-militar tenían su plan y sus razones. La intensidad del terror y del horror ocultó la razón estratégica: un plan económico para empobrecer y condicionar el futuro juego político para siempre. Se aprovecharon los errores garrafales de una generación –que pueden estar repitiéndose hoy entre el narcisismo patológico y la distracción social– y se tomó esa oportunidad para rediseñar la sociedad argentina. La venganza social de la oligarquía para un pueblo que fue indócil ante ella.

Una democracia en restricción sistémica, siempre condicionada, en un corset que la sofoca y la pone contra la espada y la pared. Esa democracia y sus gobiernos pretendidamente democráticos socavan sus propias condiciones de posibilidad al generar más inflación y pobreza, debilidad institucional y un juego político autodestructivo, suma cero y políticas regresivas, segregación y fragmentación real o artificial, económica o identitaria, guerra de pobres contra empobrecidos, viejos pobres contra nuevos pobres.

A ese contexto le sumamos un sistema político y una generación de políticos profesionales que aunque inicialmente –los mejores de esa generación de los ’80 y ‘90– criticaron a esas oligarquías, después terminaron trabajando política y judicialmente en contra de la sociedad y a favor de esa elite parasitaria que no tiene para la Argentina otro proyecto que no sea saqueo, fuga y guerra suicida y autodestructiva. La ausencia pasmosa de proyecto terminará con esa elite infantilizada y por supuesto con la misma sociedad que habita y a la que tiene como rehén.

La encrucijada actual es resultado de ese proceso iniciado en 1983. Las elites son irracionales y salvajes para defender sus privilegios, por eso terminarán con nuestros recursos y con nosotros. Esa pulsión de muerte, esa clara amenaza, está materializada en esta coyuntura electoral de una forma nítida. La democracia y sus líderes, si es que todavía quedan, deberían aprovechar ese momento de claridad, de nitidez, inmerso en medio de tanto ruido y confusión generalizada.

La ausencia de proyecto político y narrativo de futuro, de ideas y planes, del sistema político y sus líderes reflejan la ausencia de proyecto de las elites del poder económico. El cortoplacismo es pasmoso incluso en los que tienen asegurado un futuro de abundantes recursos. Las elites actuales construyen mundos inviables hasta para las futuras elites, sus sucesoras. Acumular riqueza no es un proyecto político y social en una economía global con restricción y contracción sistémica. Ni siquiera es un proyecto económico porque la economía siempre será una práctica social, comunitaria. No hay institución social más antigua que el mercado. Precedió al capitalismo y seguramente le sucederá a sus catástrofes. Ese proyecto de mera acumulación es un proyecto autodestructivo para las propias elites alienadas y desacopladas de las sociedades que habitan y que las nutren de recursos.

El desacople de las elites de las sociedades que habitan, en la historia, ha dado a nivel global y local a guerras, revoluciones y quiebres políticos. Más cerca en el tiempo, ha abierto gobiernos y populismos de diferente índole que disputan la circulación de las elites, que desplazan a las antiguas e incorporan nuevas. Las guerras de elites son destructivas para las propias elites que las inician pero mucho más dolorosas y corrosivas para las sociedades testigos, como todas las guerras. Esa guerra de elites se expande en el sistema político con traiciones patrióticas y bajezas históricas, con las guerras de servicios de inteligencia, las guerras judiciales y las guerras culturales que generan que la sociedad se ataque a sí misma.

Las guerras de circulación de elites se pueden ver en el Estados Unidos de Trump, en el Reino Unido del Brexit, en el Brasil de Bolsonaro, en la Venezuela de Chávez y post Chávez, en el Salvador de Bukele y en varios otros gobiernos democráticos, que según el concepto acuñado por Guillermo O’Donnell pueden estar en un proceso de muerte lenta de la democracia. Un proceso de muerte que invita intensamente a profundizar necro-políticas, políticas de la muerte, represivas y punitivas. Para las elites tienen altos costos estas nuevas guerras híbridas, las guerras de circulación de elites, pero para las sociedades los costos humanos son siderales: empobrecimiento y embrutecimiento, abandono y zonas de sacrificios, caos y crueldad social, básicamente un mundo de dolor extremo, sin precedentes.

No es lo mismo hacer la guerra de elites en el contexto de expansión económica del capitalismo industrial del siglo XVIII, XIX y XX que en el contexto de contracción económica, crisis ambiental y endeudamiento global actual.

Los análisis académicos sobre las elites suelen tener muchos problemas de complacencia, endogamia y cámara de ecos, lo que impide ver más allá del propio ombligo, incluso cuando tengan niveles interesantes de crítica y autocrítica. Los cortesanos y sus amigos son malos criticando a la Corte.

Lo importante es que el pueblo recuerde –algo que puede rastrearse en la cultura popular– que el poder económico y partes del propio sistema político legitimado por su soberanía política suelen estar dispuestos a sacrificar a la propia sociedad para mantener sus privilegios. Explicar “sacrificar a la sociedad” nos llevaría a repasar la historia de la humanidad. Que una actual o futura generación de políticos con pretensiones democráticas lo tenga presente podría ser clave para la supervivencia de la democracia y de la misma sociedad en contextos de desafíos superpuestos y existenciales.

Elites sin frenos ni contrapesos

La auto-amnistía exitosa fue la auto-amnistía invisible, aquella de la que no se habla. Porque en la Argentina no hay elites sádicas ni oligarquías parasitarias. Nadie trabaja política ni judicialmente para ellas. Nuestro futuro, democracia, derechos o mera supervivencia no están atados a ponerle límites políticos, sociales, constitucionales a sus planes claramente insostenibles en los próximos 10, 20 ó 40 años. Menos mal.

¿Acaso se observan condiciones económicas, sociales y culturales para pensar que podremos “expandir” la democracia y los derechos en estos próximos 10, 20 ó 40 años? ¿Se pueden expandir derechos en un contexto de contracción económica estructural y crisis ambiental? ¿Cuáles serán las consecuencias políticas de esa restricción sistémica para la democracia y los gobiernos? ¿Pueden los gobiernos constitucionales del mundo poner un límite a un capitalismo cada vez más feudal y autófago?

Pensada desde el presente, esa auto-amnistía económica tuvo algo de momento constitucional, instituyente, fundante, aunque su diseño esté por fuera de la Constitución y de las normas del Estado de Derecho. Aunque sea abiertamente contraria a la Constitución en lo respectivo a cómo se contrae una deuda y qué poder del Estado la arregla (artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional).

La Constitución de Pinochet de 1980 constitucionalizó la victoria del golpe de 1973 en Chile. En la Argentina, la reforma constitucional fue en el sistema económico. Fue más que inconstitucional, fue para-constitucional. Aún después de la derrota económica, política y militar de la Junta, luego del terrorismo de Estado, del desastre económico y del delirio máximo de Malvinas, la elite económica pudo concluir su momento constituyente, su venganza política, al hacer pública la deuda privada. Así logró poner la futura democracia en una trampa económica. La trampa de una democracia en un laberinto económico de restricciones imposibles de salir, una atadura económica castrante.

La reforma constitucional fue hecha a través de la economía: la reforma constitucional de noviembre de 1982. Fue constituyente de un nuevo orden económico y político al haber transformado la deuda privada en deuda pública. La deuda externa, el modelo de acumulación, la matriz productiva y el sistema político –y judicial– resultado de la dictadura corporativo-militar fueron sus logros de largo plazo. En democracia, hubo otros que continuaron ese modelo de la dictadura con el Plan Brady (1990), blindaje (2001) y la deuda contraída en el gobierno de Macri (2017), muchas veces compartiendo funcionarios y asesores.

En sus resultados, la dictadura fue tanto corporativa como militar. Los efectos económicos-corporativos de largo plazo hoy son evidentes para el sistema político y económico de una pretendida democracia. Dado que los derechos dependen de la economía, nuestros derechos seguirán condicionados por esa decisión fundante de una economía en restricción sistémica producto de la matriz productiva, el modelo de acumulación y la deuda externa. A esa triada, debemos sumarle el co-gobierno del FMI, ausente en nuestra Constitución y en la discusión pública.

La matriz productiva, el modelo de acumulación, el sistema judicial y la deuda son la tenaza de la lucha libre que la elite hace a toda posible democracia. El sistema político hace lo suyo, finge cierta resistencia en una lucha imposible, mientras oculta que la mayoría de las veces está trabajando para el organizador del show, recaudando dólares y entregando recursos. En última instancia, la extraordinaria película The Wrestler (2008), de Darren Aronofsky, puede ser leída como la crisis del sistema político y de la política en la Argentina en estos 40 años.

La historia demuestra que las elites no tienen límites para defender sus privilegios. Como puso en claro el economista John Kenneth Galbraith, ellas piensan sus privilegios como derechos basados en derecho natural, por más atroces que sean. Toda sociedad, todo pueblo, debería tener una práctica política e institucional que recuerde que puede morir, un memento mori democrático. Un artículo de la Constitución para entender que limitar al poder usualmente es limitar a sus elites económicas, políticas y sociales. Frenar su endogamia y negocios incestuosos que no tienen límites ni en las peores atrocidades como en la dictadura, que suelen regalar el patrimonio colectivo y abandonar al pueblo a la pobreza estructural como en democracia y que finalmente pueden plebiscitar la violencia como en la actual coyuntura.

Un gobierno de unidad nacional

En el Pacto de Olivos de 1993 se demostró que un acuerdo de las elites económicas y políticas sin un diagnóstico político profundo sobre la viabilidad de largo plazo del plan económico hará imposible las metas de cualquier pacto de estabilización –política y económica– de cualquier gobierno.

El plan económico de 1991 fue previo al Pacto de Olivos y fue operativamente constituyente de las condiciones de posibilidad de la propia Convención Constituyente de 1994, resultado del acuerdo de Menem y Alfonsín. Sin estabilidad económica –ilusoria y mentirosa– no hubiese existido Pacto ni Convención Constituyente y mucho menos la Constitución Nacional reformada.

Gobernar la Argentina es gobernar el dólar y su modelo político-económico encorsetado. El fallido gobierno de la Alianza (1999-2001) demostró que el estado de negación sobre la economía termina en negación de la política.

La convertibilidad fue constituyente de un orden político inviable que hizo desaparecer a un partido político como fuerza mayoritaria. La elite política y económica no pudo, no quiso, no supo evitar el colapso de la convertibilidad, pero usó ese colapso, intencional o de forma oportunista, para su beneficio, con una devaluación y pesificación asimétrica que 20 años después sigue teniendo efectos –y con razón– en la confianza de la sociedad en su sistema bancario y financiero.

El gobierno de coalición extraña –con parte del radicalismo– que realizó Eduardo Duhalde en 2002 no pudo traducirse en un largo plazo. Aunque tuvo efectos quizás hasta 2008. Eso significa que hubo dos gobiernos de unidad nacional, uno en 1993/4 y otro en 2002, que fallaron en proyectar un plan económico de largo plazo.

La elite económica, o al menos parte importante de ella, hoy está atraída por el momentum totalitario, como dice Arendt. Parte de la sociedad enfurecida por el sistema político hoy acompaña esas propuestas auto-destructivas, después de años de abandono y propaganda que aumentó un enojo con base real y justificada (como en otros contextos históricos). Parte de la elite se proyecta con propuestas catastróficas de cortísimo plazo para enriquecerse sideralmente de forma rápida y huir hacia la mismísima nada. Otra fuga hacia adelante, pero un adelante cada vez más caótico e incierto, cortoplacismo sin proyecto, rapiña y retirada.

Se puede vencer electoral y políticamente a esas necro-elites pero económicamente su poder seguirá presente. Culturalmente sus expresiones sociales seguirán siendo nutridas por gobiernos que no reparen lo que tengan que reparar. Así, la disputa política continuará en una relación política que tiene todas las características del sadomasoquismo.

Sin reparar todo lo roto, la fractura social abrirá un abismo al que entraremos como sociedad con bronca y como nación golpeada pero saldremos como otra cosa diferente.

Festejar la supervivencia es entendible. Y es hasta necesario. Proyectar un futuro para la democracia exigirá mucho más. Empezando por reconocer que si se sigue con políticas de gobierno basadas en una hipocresía insensible, las necro-elites cínicas y sádicas tomarán el control del poder en la próxima oportunidad electoral (2027) para cumplir con sus promesas de exterminio y destrucción, que anuncian de forma entusiasta y vitalista. La motosierra como gobierno constitucional, en definitiva una democra-dura, una dicta-blanda, un disfraz para una dictadura constitucional.

La tarea hoy es evitar que la democracia se auto-celebre negándose y ponerse manos a la obra para reparar todo lo que necesite paciente y disciplinada reparación.

* Lucas Arrimada da clases de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.

Fuente: www.elcohetealaluna.com