“La ciudadanía ve este carnaval de platita que se tira a la calle, pero donde estaba esa plata para ayudar a los productores que seguimos en emergencia”, se quejó el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc), Pablo Sánchez, quien confirmpó que judicializaron el pago del bono de $60.000 porque considerarlo arbitrario.

Detalló que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha presentado una impugnación legal ante la Justicia Nacional del Trabajo, por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 438/2023, emitido por el Gobierno Nacional que establece el pago de la suma fija no remunerativa de $60.000.

"CRA es la única entidad gremial del país que ha depuesto una medida rechazando la arbitrariedad de esa medida. No nos hemos quedado sólo en expresiones públicas y hemos avanzado en lo que nos permite nuestro sistema institucional de poder reclamar ante quien corresponde, frente a algo que consideramos absolutamente injusto y arbitrario", dijo Sánchez en diálogo con El Matutino de Mega.

"La ciudadanía ve este carnaval de platita que se tira a la calle, pero dónde estaba esa plata para ayudar a los productores que estuvimos y seguimos en emergencia. Somos el motor de la economía del país, parado por 3 años de sequía, dónde estaba el Estado", reprochó.

Sánchez informó que la presentación se realizó el 21 de septiembre, el día antes de que venza el plazo para pagar el bono. Por el momento, la discusión está en la Justicia que deberá expedirse sobre el asunto”, cerró.

Tras la presentación judicial y consultado sobre la producción tras la seca señaló que “a pesar que las consecuencias de la sequía continúan, la situación en el campo está mejorando”. “En general ha comenzado la recuperación. En la provincia se dieron precipitaciones, un poco excesivas en el norte, pero en general, vamos  bien”, dijo.

En este marco, desde CRA emitieron un comunicado donde también aclararon que “nos vemos en la obligación de impugnar este DNU debido a que no podemos dejar de lado los perniciosos efectos y los resultados insatisfactorios y negativos de las políticas económica, tributaria, financiera y cambiaria que se viene desplegando desde 2019 por parte del Poder Ejecutivo, con obvio impacto en el sector”.

“Se presentan hoy nuevas y mayores dificultades para desenvolver la actividad del sector a causa de enorme presión tributaria; deficiente y costosa logística; ausencia de adecuada infraestructura vial y de conectividad en muchas regiones, y las persistentes restricciones cambiarias que impiden importar elementales insumos”, aseguraron.

Fuente: www.ellitoral.com.ar