Por Nora Bar 

La pregunta sobre si es mejor un sistema de salud público o privado es recurrente en nuestro medio. Lo bueno es que ya se hicieron experimentos con diversas fórmulas y tenemos resultados: ningún país del mundo tiene un sistema exclusivamente privado. La mayoría involucran una mezcla de participación pública y privada en distintas dosis. Pero los que se estudian como casos exitosos (tales como los de Canadá, el Reino Unido, Australia, Suecia, Noruega, entre los desarrollados) todos se caracterizan por un fuerte componente de intervención estatal.

Los análisis sobre gestión de la salud permiten advertir rápidamente que atención “privada” no es sinónimo de mejor cuidado. Los Estados Unidos, donde la prestación es predominantemente privada, y el gobierno solo provee programas públicos como Medicare (para los mayores de 65 y discapacitados) y Medicaid (para personas de bajos ingresos), decenas de millones de individuos carecen de cobertura, los gastos son monumentales, y la expectativa de vida que arroja (alrededor de 77 años) es menor que la de países con sistemas públicos de acceso universal, como el Reino Unido (80,90 años), Japón (84,62) Costa Rica (79,28), Canadá (82,7) o Suecia (82,41).

“En general, lo que uno ve, salvo excepciones como los Estados Unidos, es que a mayor nivel de desarrollo de un país, mayor participación pública en el financiamiento de la salud –explica Daniel Maceira, economista, investigador del Conicet en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y profesor de la Universidad de Buenos Aires–. Los países europeos tienen niveles muy altos de participación pública y eso se debe a que más allá de lo que hace a la equidad, es un sector donde uno no puede dejar que el mercado opere libremente porque tiene lo que los economistas llamamos ‘fallas de mercado’: información asimétrica, imperfecta, externalidades. Esto es teoría económica básica. El Estado tiene que estar regulando y financiando en gran parte. La discusión que uno puede tener es si lo que uno quiere es mayor o menor participación del sector privado en la prestación de servicios. Y curiosamente, la participación privada en la Argentina es muy alta. O sea, el sistema público de la Nación, pero sobre todo de provincias y municipios tienen hospitales propios, pero las obras sociales, salvo excepciones, no tienen clínicas, sanatorios, entonces tercerizan la prestación en el sector privado”.

Y enseguida agrega: “En el único sector donde el aseguramiento, el financiamiento y la prestación son privados es en el 10% de la gente que tiene prepagas. El resto es financiamiento público de la seguridad social, con una regulación pública y una prestación pública o privada. Ese es el esquema que existe hoy. Por lo menos, el 70% del financiamiento en Argentina es público, de la seguridad social, pero el 60% de la prestación de servicios es privada, porque las obras sociales subcontratan".

En efecto, con sus problemas, que por supuesto se pueden discutir, el sistema público es un gran agente de equidad. Basta con mencionar solo algunos costos de los tratamientos que hoy solventa el Estado y que, si quedaran en manos de privados, una gran parte de la población sería incapaz de afrontar.

¿Cuánto cuesta? 

• El calendario completo de vacunación para una persona: $ 1.017.198
• El calendario de vacunación para una familia de dos adultos y tres menores de 2,6 y 12 años durante 12 meses: $ 1.041.189 
• El costo mensual por paciente con VIH-sida, según la combinación de fármacos puede salir $ 352.694, $ 504.946 o $ 231.151
• El tratamiento anual para la fibrosis quística: $ 14.653.333 
• El tratamiento de la atrofia muscular espinal: $ 137.980.048 o $ 729.750.000 (este último consiste exige una sola aplicación)
• El tratamiento anual para una persona con hipertensión arterial: $ 234.482 
• El tratamiento para la Diabetes tipo II por un año: $ 136.250 
• Atención de salud mental (por año): $ 252.194
• Tratamiento oncológico por año y por paciente para cáncer de mama: $ 68.252.486; cáncer de colon avanzado: $ 53.353.564; cáncer de pulmón: $ 8.864.648.

“La salud es un derecho humano fundamental, por lo que su cuidado debe estar garantizado –dice la infectóloga Leda Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI)–.  Y esto es impensable si la única oferta posible es la privada. La salud humana colectiva e individual jamás puede pensarse como un bien exclusivo de mercado. Y nuestro país puede enorgullecerse de una tradición de salud pública de calidad accesible para todos y todas. Creo que esto llevo a naturalizar la percepción de que ciertos tratamientos o medidas preventivas (como vacunas) ofrecidas desde el estado son ‘obvias’ o ‘naturales’... Sin embargo hoy estamos hablando del impacto que tendría la privatización de la salud. En nuestro país, con el porcentaje tan alto de personas por debajo de la línea de la pobreza, gran parte de la población perdería toda posibilidad de acceder a controles, tratamientos, vacunas. Y esto por supuesto tendría consecuencias individuales, pero también colectivas. El ejemplo más claro es el de la vacunación. Si cae la tasa de vacunación pueden reemerger enfermedades que ya estaban eliminadas en nuestro territorio. En VIH casi el 70% de los pacientes se atienden en el subsector público. No imagino cómo el colectivo de personas viviendo con VIH podría continuar su tratamiento si la salud es privada”.

Pero además, el Ministerio de Salud no solo tiene a su cargo el financiamiento y las estrategias sanitarias, sino también la regulación. “Un tema particularmente importante, sobre todo en salud, es el marco regulatorio que nos rige y que es algo natural para cualquier sociedad organizada –subraya Maceira–. Quejarse de eso es como decir que el semáforo impide tu capacidad de moverte libremente y que por eso quisieras abolirlo. Tenemos normas que hacen que uno trabaje, se desarrolle, invierta, consuma bajo ciertas pautas. Un laboratorio farmacéutico tiene que avenirse a las normas de la Anmat, si uno quiere producir una máquina es imprescindible controlar que cumpla con su rol y en especial si de ella dependen vidas. Eso también es misión del ministerio de Salud”.

Guzzi destaca que "La salud pública es la que piensa no sólo en tratar, sino en prevenir, en buscar las estrategias más costo- efectivas para controlar los problemas de salud, y es la que está presente resolviendo patologías que no son de interés comercial. Por ejemplo, la producción de medicamentos para la enfermedad de Chagas, el paludismo o la tuberculosis. Los fármacos de primera línea para esta patología en general surgen de laboratorios públicos o privados financiados por el sector público. Sin un estado presente, probablemente los pacientes deberían viajar para conseguir la medicación o importarla, y bien sabemos que sólo muy pocos pueden hacerse cargo de esos costos, y que si la tuberculosis se expande el problema socio sanitario y la morbimortalidad, son tremendos".

Otra promesa de campaña que despertó el interés de la población en materia de cuidado de la salud es la de “financiar la demanda en lugar de la oferta”. Esto se traduciría en dejar de hacerse cargo de los costos de los hospitales para orientar ese dinero a los pacientes en forma de “vouchers”.

“Esto tampoco es realizable –dice Maceira–. Las experiencias internacionales no fueron exitosas, porque lo que termina sucediendo es que hay selección de riesgo. Las instituciones, como necesitan subsistir, lo que hacen es terminar atendiendo a poblaciones más sanas, menos riesgosas desde el punto de vista sanitario, y dejan de lado a la gente con cuadros más complejos para no perder rentabilidad. Pero además, la mayor parte de los hospitales son provinciales o municipales; hay muy pocos que son nacionales [alrededor de una docena], de modo que no tendría de dónde sacar el dinero para los vouchers”.

Y concluye Maceira: “En lugar de estar pensando en los mejores mecanismos para que haya cooperación entre el sector público y el privado, donde éste toma riesgos, aquel atiende necesidades urgentes de población que de otro modo no tendría cobertura, encontrar espacios de investigación conjunta, esta lógica de que porque es público hay que eliminarlo no solamente es extemporánea, sino que llama mucho la atención. Es volver 150 años atrás".

Fuente: www.eldestapeweb.com