Por Horacio Rovelli

El rol del Estado en la economía es establecer las reglas de comportamiento de la sociedad, propiciando el crecimiento del producto y la mejora en la distribución del ingreso, en cumplimiento de la Constitución Nacional que desde su preámbulo afirma “promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Por ende, al Estado le cabe un rol principal en cuanto a fijar objetivos para alcanzar el bienestar general y que eso sea sustentable en el tiempo.

Por eso debe tener un programa de gobierno, un plan para gobernar el futuro, para imponer la razón humana sobre las circunstancias, que el peronismo resumió en tres banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social.

El que fuera presidente del Banco Central de Chile durante el gobierno de Salvador Allende, Carlos Matus, explica la imperiosa necesidad de un Estado presente cuando afirma: “El mercado es de vista corta, no resuelve bien los problemas de mediano y largo plazo; es ciego al costo ecológico de los procesos económicos; es sordo a las necesidades de los individuos y solo reconoce las demandas respaldadas con dinero; el hambre sin ingresos no vale; es deficiente para dar cuenta de las llamadas economías externas, es decir cuando hay costos o beneficios indirectos; es incapaz de lograr el equilibrio macroeconómico; opera torpemente cuando en el sistema dominan los monopolios, se cierra la entrada a nuevos competidores y las economías de escala son discontinuas; no puede lidiar contra la falta de patriotismo, la corrupción y la deshonestidad; distribuye mal el ingreso nacional y puede hacer más ricos a los ricos a costa de los pobres, etcétera” [1].

El plan estratégico del Estado está diseñado en el mensaje que acompaña al presupuesto general de la Administración Nacional, donde se prioriza el gasto social como contención ante la incapacidad manifiesta de dar debida respuesta a la población, según lo demuestran los indicadores de pobreza e indigencia, el nivel de remuneración del trabajo y la precariedad del empleo.

El presupuesto nacional 2023, aprobado por la ley 27.701, es el plan anual de gobierno para el corriente año y en él se destina una parte significativa al pago de jubilaciones y pensiones que alcanza a 7.124.285 de personas que perciben en el año 11,4 billones de pesos (el 37,25 % del gasto total del presupuesto nacional), a lo que debe sumarse (ampliando el gasto) la ley 27.705, mediante la cual se crea el “plan de pago de deuda previsional”, que tiene por objeto el ingreso al sistema de quienes tienen la edad y no los aportes, por lo que del propio pago del haber se le deduce la cuota de la moratoria. Se trata de 740.000 personas que percibirán la jubilación mínima (58.600 pesos por mes, en abril 2023) y el costo estimado por la Secretaría de Hacienda es de 0,4 billones de pesos para el año, con lo que el gasto previsional total consolidado pasa a ser de 11,8 billones (el 38,56 % del gasto total, cuando el gasto previsional fue del 43,1 % en el presupuesto nacional del año 2021 y del 41,2 % en el del año 2022). Más beneficiarios, pero menor gasto proporcional de un presupuesto que también se reduce frente al PIB, para ser de este año en torno al 20 % (en el año 2021 representó el 23,26 % del PIB y en el 2022 la estimación preliminar es 22,3 % del PIB).

Transferencias a familias

En la ley 27.701 de presupuesto nacional 2023 se estima que el total de las transferencias a familias suman 3.140.249 millones de pesos (3,1 billones de pesos) que se conforman principalmente por:

1. AUH (Asignación Universal por Hijo) que comprende a 4.374.699 beneficiarios que perciben en el mes de marzo 2023, 465 pesos por mes cada uno y con discapacidad la AUH es de 37.336 por mes. Anualizado, conforma un gasto total de 646.801 millones de pesos [2].
2. Las beneficiarias de la AUE (Asignación Universal por Embarazo) que perciben 465 de pesos en marzo de 2023 y que se estima en 102.308 mujeres en el año, con un costo estimado de 7.038 millones de pesos.
3. Ayuda Escolar a AUH, se trata de 3.669.723 estudiantes que perciben una ayuda escolar de 9.609 pesos, suma que anualizada significa 317.358 millones de pesos.
4. Existen otros subsidios como son las pensiones no contributivas para 1.133.415 personas discapacitadas para trabajar; 261.857 madres de siete o más hijos; 46.993 pensiones otorgadas por el Congreso de la Nación; 28.916 pensiones a ex presos políticos y a combatientes de Malvinas; 47.681 seguros por desempleo, y 302.149 pensiones universales para el adulto mayor (PUAM).
5. Potenciar Trabajo. Están registrados 1.268.000 beneficiarios. Estos percibieron en marzo de 2023 (se cobró el 5 de abril) 34.740 pesos, la suma anualizada es de 528.600 millones de pesos.
6. Becas Progresar. Los beneficiarios perciben 9.000 pesos por mes (cifra que asciende hasta los $ 10.700 para estudiantes de 5º año) y alcanzó durante diciembre de 2022 a 1.697.663 becarias y becarios en todo el país. El nivel obligatorio concentra la mayor cantidad de titulares con 924.484 personas (54,46 %). Lo siguen el nivel superior y Enfermería, que se distinguen en nivel universitario (con 412.120, el 24,28 %) y nivel no universitario (con 270.079, el 15,91 %). El presupuesto anual estimado es de 162.000 millones de pesos.
7. Asignaciones familiares. Ayuda escolar a 4.103.839 personas; asignación por cónyuge por 812.750 personas; asignación por hijos por 3.962.183 personas; asignación por 303.381 hijos discapacitados; asignación por maternidad 72.028 beneficiarios; asignación por 20.914 matrimonios; asignación por 77.518 nacimientos; etcétera.
8. Políticas alimentarias. Comprende a 2.432.061 personas beneficiarias de la prestación AlimentAr (prestación tarjeta); 15.261 comedores escolares a asistir; y 6.000.000 de personas vulnerables por asistencia alimentaria.
9. Prestaciones de salud. 1.110.747 personas beneficiarias del Programa Incluir Salud.

10. Subsidio al campo

    En cambio, al campo se lo subsidia porque no liquidó en tiempo y forma sus operaciones de ventas al exterior.

    En septiembre de 2022, percibieron 200 pesos por dólar, que cotizaba a 150 pesos, pero el Tesoro de la Nación le sumó 50 pesos más por dólar, de subsidio, por lo cual los exportadores liquidaron 8.143 millones de dólares: por ende, se generó una deuda del Tesoro de la Nación en una letra intransferible colocada en el BCRA de 407.150 millones de pesos.

    Entre el 28 de noviembre y el 30 de diciembre de 2022 el precio era de 170 pesos por dólar y el gobierno les pagó 60 pesos más para completar el precio de 230 pesos por dólar. Liquidaron 3.150 millones de dólares. Se generó una nueva deuda del Tesoro por 189.240 millones de pesos.

    Entre el 8 de abril y el 31 de mayo para la soja y sus derivados —en cuanto a la inclusión de las economías regionales, el ministro Sergio Massa comunicó que será desde el 8 de abril hasta el 30 de agosto— por 80 pesos por dólar (para que sea de 300 pesos por dólar). Se prevé, en principio, que se liquidarán 6.000 millones de dólares (pero el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, afirmó que podrían llegar a liquidarse 9.000 millones de dólares), si contemplamos la tesis más conservadora, sería un nuevo título de deuda por 480.000 millones de pesos.

    En total, 1.076.390 millones de pesos de subsidios, suma que representa el 35 % del total de las transferencias a las familias por operaciones no liquidadas.

    Es cierta la sequía, pero la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, que preside el mentor ideológico de la medida, Gustavo Idígoras, demuestra lo que afirmamos.

     

    La diferencia es de 5.124 millones de dólares menos que liquidarán con el nuevo precio.

    A su vez, la Dirección General de Aduanas informó que si bien los plazos para liquidar las divisas van a partir de los 15 días desde el permiso de embarque (soja), hasta 180 días (economías regionales), existiendo casos de 365 días, siempre con un máximo de 60 días para operaciones entre empresas vinculadas, hay 209 empresas que no liquidan las divisas ante el BCRA y dejan el pago en el exterior o lo convierten al tipo de cambio de contado con liquidación.

    En esa línea, la Aduana dictó la IG 07/2022 (DGA) estableciendo pautas a seguir en aquellos casos en que los exportadores no efectúen el ingreso oportuno de divisas y estableció que, si se verificase el efectivo incumplimiento, el agente a cargo del registro intimará al exportador para que, dentro del plazo de 10 días (el ministro Sergio Massa lo amplió a 30 días), proceda a liquidar las divisas correspondientes o a garantizar su ingreso (seguro de caución).

    Desde Aduana-AFIP están denunciando penalmente por la no liquidación de divisas a empresas que se niegan a ingresarlas al país o simulan operaciones de comercio exterior. “En ese sentido, la última denuncia fue a la firma Rizobacter [3] por el no ingreso al país de divisas por 17 millones de dólares, generadas en ventas a empresas vinculadas en el exterior. La justicia penal económica investiga un posible delito de contrabando y realizó allanamientos”.

    Es claro que el BCRA incumple con las medidas precautorias que establece el artículo 17, inciso a, de la ley N.º 19.359 de Régimen Penal Cambiario (t.o. decreto N.º 480/95), en el que se explicita que la autoridad monetaria delega el seguimiento y supervisión de la obligación de los exportadores en las entidades financieras.

    Subsidio a los bancos

    Lo que hacen los bancos es captar depósitos del público y en forma sistemática, gran parte, o se lo prestan al Estado en letras del Tesoro (mayoritariamente los llamados bonos duales) o al BCRA en pases pasivos, Leliq y Notaliq.

    

     

    El problema es que el total de las inmovilizaciones (encajes remunerados) suma 11,98 billones de pesos. Y la tasa de interés vigente es del 72 % para los pases pasivos y del 78 % para las Leliq y Notaliq. Son tasas nominales, por lo que la tasa efectiva (se renuevan varias veces en el mes) es mayor y supera el 100 %. Quiere decir que los bancos perciben en el año el doble de los encajes remunerados.

    A eso debe restarse la tasa pasiva (la que les pagan a sus depositantes) de 71,93 % promedio nominal anual para los plazos fijos a 30 días y de 71,31 % la Badlar. Por ende, la ganancia de los bancos (spread) sin correr riesgo alguno ronda los 10 puntos en el año. Esto implica, sobre la masa de encajes remunerados (11,98 billones de pesos), que los bancos perciben del BCRA un subsidio de 1,2 billones de pesos.

En síntesis

Toda la asistencia a las personas del gobierno nacional (que es una de las razones principales por la que no se produce un desborde social) se estima en el presupuesto en 3,1 billones de pesos. Y el subsidio al campo de 1,1 billones de pesos a lo que le sumamos los 1,2 billones de pesos a los bancos representan el 75 % de las transferencias a familias.

La diferencia es que en las transferencias a familias se trata básicamente de los 18.679.605 de pobres y 3.859.816 de indigentes que informa el INDEC en el año 2022, en cambio, esencialmente, los exportadores que reciben el subsidio son 209 empresas y 10 bancos privados.

El artículo 16 de la Constitución Nacional dice: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Fuente: www.elcohetealaluna.com