Por Horacio Rovelli

Las elecciones nacionales de este año 2023 y las distintas y principales listas posibles de candidatos demuestran que los sectores dominantes de nuestro país han logrado naturalizar la propuesta excluyente de un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador, que beneficia a las 200 empresas que representan el 70% de nuestras exportaciones, a los grandes terratenientes y a los 10 bancos privados que lideran el sistema financiero local.

Extractivistas como son Río Tinto y Livent en litio y minerales raros, Barrick Gold y Glencore (fuerte participación BlackRock) en oro y cobre, Silvent en plata; petroleras y gasíferas como Chevron, Total, Shell, Pan American Energy, Vista oil, Tecpetrol e incluso YPF SA, a la que se suman las grandes distribuidoras como Pampa Energía (fuerte participación BlackRock), Transportadoras de Gas del Sur y del Norte.

El Registro Nacional de Tierras Rurales creado por la ley 26.737 afirma que el 40% de los 65 millones de hectáreas que dispone el país está en poder de 1.200 titulares, de los cuales 11.790.229,15 hectáreas corresponden a firmas extranjeras, y de ellas, 1.877.885 hectáreas son propiedad de firmas que tienen domicilio en guaridas fiscales.

La producción agropecuaria que es récord años tras año (con o sin sequía) es acopiada y comercializada mayoritariamente por nueve firmas:

• ADM,
• Bunge,
• Cargill,
• COFCO,
• Glencore (fuerte participación de BlackRock),
• Louis Dreyfus,
• Aceitera General Deheza,
• ACA, y
• Molinos Agro de Pérez Companc.

Los diez bancos privados con mayores depósitos y, a la vez, los mayores poseedores de encajes remunerados (Pases pasivos, Leliq, y Notaliq), son (en orden de importancia)

• Santander-Río;
• BBVA;
• Galicia;
• Macro;
• Credicoop;
• Patagonia;
• City;
• HSBC,
• ICBC y
• Supervielle. (En los cuatro primeros tiene fuerte participación BlackRock.)

Todos ellos, con sus enfrentamientos por la tasa de ganancia y predominio en sus mercados, como fueron en su momento la Shell contra la Standard Oil que incluso propiciaron la guerra de Bolivia y Paraguay en 1930, coinciden en que el Estado no interfiera en sus negocios y que apuntale la renta. (Beneficio que tienen por encima del costo internacional, dado que extraer o producir en la Argentina es mucho más barato que en el mundo y, a su vez, el sistema financiero por la legislación de la dictadura, genera y obtiene su propia renta).

Perciben esa renta en moneda dura (dólar, euro, yuan, yen) porque los costos operativos, fundamentalmente los laborales, son menores que el internacional y a la vez, logran internacionalizar sus precios.

Renta en la que el Estado participa en forma muy menor por la baja tasa de retenciones y la baja recaudación de impuestos a la propiedad, cosa que se agrava por la falta de una empresa nacional clave en cada sector. YPFSA cubre ese rol deficientemente e incluso con acuerdo con Chevron y otras empresas en Vaca Muerta, en que no se le comunica a la población cuál es la participación del Estado y cuál es el destino de esa producción. La chapa para los tubos del tramo Saliquelló a San Jerónimo del gasoducto Néstor Kirchner la financia el BNDS de Brasil, que con alta probabilidad lo continuará haciendo con los tramos que lleguen a San Pablo, corazón industrial del hermano país

El Plan Gas Ar para su distribución fue adjudicado a Pampa Energía, Pan American Energy, y Tecpetrol,  y el Ministro de Economía Sergio Massa ponderó el aporte del capital privado. Lo que no se menciona es que esas tres empresas están entre las principales compradoras de dólares en la gestión de Cambiemos y, en sus respectivos balances y demás estados contables no pueden demostrar de donde extrajeron los recursos para comprar la millonada de dólares y tampoco saber que hicieron con esos millones (evasión fiscal y fuga de capitales).

La deuda y otros condicionantes

 Hay datos irrebatibles de la economía nacional y la deuda externa:

• En 2015 la deuda externa representaba el 52,6% del PIB, e incluso gran parte estaba en poder de organismos públicos nacionales y provinciales.
• En 2019 representó el 89,8% del PIB y en forma mayoritaria estaba en poder del capital extranjero.
• Esto incluye al FMI. El 3 de enero de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner llegó a juntar 9.500 millones de dólares del superávit comercial de los siete meses de democracia de 2003, y de los años 2004 y 2005 para cancelar la deuda externa y, de ese modo, el cogobierno con una potencia extranjera.
• Pero el gobierno de Maurizio Macri volvió a endeudar al país con el FMI por 44.600 millones de dólares.
• El gobierno de Alberto Fernández, incumpliendo con su discurso de inauguración de las secciones ordinarias del Congreso de la Nación del 1° de marzo de 2020, no investigó la deuda, pero si la reestructuró, de manera tal que reprogramó los pagos a los poseedores privados de títulos de deuda argentina (bonistas) hasta 2043 (con un período de gracia para pagar el capital hasta el segundo semestre de 2024), y la deuda con el FMI que debía pagarse en tres años, la refinanció hasta 2034.

La deuda la paga el pueblo argentino, primero privándose de los recursos naturales que nos pertenecen a todos y no a una minoría rentista. En segundo término, con su trabajo cuyas remuneraciones son disminuidas por las constantes depreciaciones del peso, que lleva de un dólar, tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina de $ 9,10 el 9 de diciembre de 2015, a $ 62 el 10 de diciembre de 2019, y a 197 en la segunda semana de febrero de 2023. Y en tercer lugar con un ajuste permanente del gasto público, esencialmente en subsidios a la energía y al transporte, la disminución de las partidas a las provincias, en jubilaciones y pensiones y, hasta en la obra pública.

Esto explica por qué el salario promedio determinado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (RIPTE) fue de $ 15.600 en diciembre de 2015 (convertido a dólares oficial: 1.715 dólares) y en noviembre de 2022 de $ 184.210,25.  (Unos 965 dólares.)

Paradójicamente la cantidad de empleo con aportes previsionales (incluidos los trabajadores monotributistas) crece, pero la participación del trabajo sobre el PIB decrece: en 2015 superaba el 50%, en 2019 había caído al 45,7% y en 2022 fue del 43,6%.

La devaluación del tipo de cambio oficial se exacerba con los distintos tipos de cambio paralelos, especialmente el Contado con Liqui (CCL), que es el medio preferido para comprar acciones o títulos públicos en el mercado local y venderlos en el exterior por la mitad de su valor, que explica su precio de $ 367 en la segunda semana de febrero de 2023  y, que, es a su vez, un mecanismo constante de presión para devaluar aún más nuestra moneda, beneficiando a los que obtienen dólar en desmedro de los que percibimos pesos (cuando aún después de Macri y de Alberto Fernández, más del 70% de la economía argentina depende del mercado interno, esto es su ingreso es en moneda nacional).

El gobierno y el FMI confían en que este año 2023 y tal como está previsto en la ley de Presupuesto de la Administración Nacional, se obtendrán ingresos por exportaciones de mercaderías por 103.000 millones de dólares (en 2022 se alcanzó el récord de 88.500 millones de dólares, ingreso que supera en un 25% al obtenido en años anteriores). Y con ese monto se puede pagar la totalidad de los intereses con el FMI, estimados en unos 3.300 millones de dólares, al elevarnos la tasa a 7,43% anual en dólares; importaciones por unos 83 u 85.000 millones de dólares, la venta a dólar oficial a las empresas para que paguen sus deudas (reales o supuestas) e incluso la venta de dólar oficial de las reservas internacionales del BCRA para que abonen las provincias sus compromisos con el exterior.

El problema pasa a ser la deuda en pesos, tanto las del Tesoro de la Nación, que el Ministro Sergio Massa desde el 8 de agosto 2022 fue canjeando básicamente por Bonos Dual (se ajustan por inflación o por dólar linked-oficial) que según el Ministerio de Economía dice que representa el 24% del PIB, pero la mitad está en manos del sector público y la otra mitad en bancos, compañías de seguro, fondos de inversión, etc., que operan en el país y que tienen intereses en el país y no esperan que derrape para poder cobrar.

El problema de los encajes remunerados (Pases pasivos, Leliq y Notaliq) que a la segunda semana de febrero de 2023 superan los 10,4 billones de pesos, es un problema mayúsculo, pero no estalla por los acuerdos con los diez bancos privados mencionados, que son sus principales poseedores y, a la vez, tienen intereses fuertes en la economía real local, que es básicamente la matriz energética y agropecuaria, como lo demuestran las inversiones en la economía real de BlackRock.

En síntesis

La política de endeudamiento de Cambiemos y no investigación del Frente de Todos es funcional al poder económico, fuertemente concentrado y extranjerizado. Los norteamericanos tienen una frase: “Porque van a cambiar lo que todavía no se rompió”.

Es más, su embajador, Marc R. Stanley, no bien asumió el cargo propuso que se fusionen Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, a lo que ambos, por distintas razones, le dijeron que no era posible. Hoy que por cuestiones electorales (y de carrera presidencial) aparecen enfrentados, que Horacio Rodríguez Larreta acuse a este gobierno de irresponsable, cuando ellos nos endeudaron por más de cien mil millones de dólares y nos ataron al FMI, es ridículo. Pero incluso se torna hasta patético cuando acusa al gobierno que va a defaultear la deuda en pesos, y ellos la “reperfilaron” (sic), eran básicamente Letes (Letras del Tesoro de la Nación) que no pudieron pagar en el año 2019 por el equivalente a unos 32.000 millones de dólares, y ese “reperfilamiento” (extensión en la fecha de pago) le costó al Estado Nacional 1.500 millones de dólares más, que pagamos todos los argentinos.

Ese modelo y esa matriz productiva y distributiva que deberían ser centrales en la discusión de qué país queremos, no están en los debates presidenciales. Deberíamos, en primer lugar, preguntarnos porqué.

Fuente: www.elcohetealaluna.com