Robles se negó a entregar su celular. Como se sabe, Robles y D’Alessandro combinaron tácticas para que el gobierno de CABA utilice en el máximo tribunal. O sea, en el litigio entre la Nación, las provincias y CABA, Robles funcionó como asesor de CABA siendo el alter-ego de Rosatti y de la mayoría contraria al Poder Ejecutivo y a las provincias.

Una denuncia muy útil para Rosatti

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó el lunes una denuncia contra Robles por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De inmediato intervino el juez Molinari y el fiscal Pedro Simón, ambos de la capital santiagueña, y se le ordenó a Robles que deposite su celular en la secretaría de turno de la Corte Suprema. 

Por supuesto, enseguida apareció el coro político-mediático-judicial aliado a Juntos por el Cambio reclamando, como siempre, que la causa se traslade a Comodoro Py, donde juegan de local. Y, en paralelo, Robles no sólo se negó a depositar el celular, sino que recusó al juez y, tácitamente, pidió el traslado al edificio de Retiro: sostuvo que Molinari no es juez natural y que hubo una maniobra de forum shopping.

Curiosamente este miércoles se presentó Marano en Comodoro Py con una denuncia contra Robles por negociaciones incompatibles con la función pública. Un diagnóstico más que razonable es que el abogado de quien participó de la tentativa de matar a CFK le dio una manito al dúo Robles-Rosatti porque el juez que resulte sorteado podría pedirle al magistrado de Santiago del Estero, igual que Robles, que dé un paso al costado, con el argumento de que los hechos ocurrieron en CABA. Justito lo que andaba necesitando el bloque integrado por Juntos por el Cambio y la mayoría de la Corte Suprema.

Del lado de los que intentaron matar a CFK

Marano sorprendió aceptando la defensa de Carrizo, imputado como partícipe del intento de asesinato de CFK, al punto que tiene mensajes a su hermanastra en los que suponía que Fernando Sabag Montiel había usado un arma calibre 22 que él proveyó y comentaba: “Se adelantó, era para hacer dentro de una semana”. En la andanada hasta afirmó que él mismo terminaría el trabajo incompleto de Sabag Montiel, o sea que mataría a Cristina.

Antes de tomar la defensa de Carrizo, Marano fue asesor del senador del PRO, Ignacio Torres, nada menos que en la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. La socia de Marano, Brenda Salva, también asesoraba a una legisladora del PRO, Karina Bachey. Y durante 2022, Marano fue convocado por el diputado Ramiro Marra de La Libertad Avanza.

En su momento, el ministro de Justicia, Martín Soria, se preguntó quién paga los servicios de la defensa de Carrizo. En la causa judicial, la hermanastra declaró que no tenía plata ni para comprar el arma que el jefe de los copos mencionó en su mensaje. Aun así, Carrizo consiguió un letrado que, en su momento, hasta hizo trabajos para la Embajada de Estados Unidos. Esta capacidad económica hace pensar también en la coincidencia de que Caputo Hermanos le hizo llegar 15 millones de pesos a Revolución Federal, el grupo que hablaba y hablaba de matar a Cristina.

Fuente: www.pagina12.com.ar