Ese desempeño contrasta con el de la Nación, que proyecta para 2023 un resultado financiero negativo de $5,5 billones (-3,8% del PBI) y prima­rio de $2,9 billones (-2%), de acuerdo con las pre­visiones incluidas en el mensaje que acompaña al proyecto de ley de Presupuesto presentado al Congreso el 15 de septiembre.

Para los analistas, la explicación de la diferen­cia excede cuestiones de eficiencia en la gestión y radica en el esquema de relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, en el que la primera transfiere a las segundas cerca del 70% de su re­caudación en concepto de coparticipación federal y otros regímenes de asignación automática, ade­más de recursos distribuidos de manera discre­cional.

Los subsidios a sectores económicos y sociales, además del grueso del sistema previsional, están en cabeza del Estado nacional, que a su vez com­pensa a las provincias que no transfirieron sus ca­jas de jubilaciones por los eventuales déficits en los que incurran.

Los economistas Ariel Melamud y Sergio Chou­za, consultados por la agencia Télam, dieron su opinión sobre la continuidad de la diferente situa­ción fiscal en la Nación y las provincias. Melamud consideró que en materia fiscal "las provincias son un mundo aparte", en un marco signado por "cómo está organizado el federalismo fiscal" en la Argentina. 

Para Chouza "no es algo novedoso, es una cons­tante histórica" derivada de "nuestro arreglo tri­butario federal", y puntualizó que esa diferencia en los resultados fiscales de la Nación y las pro­vincias "no necesariamente es algo que pueda ser marcado como disvalioso o negativo". Y agregó que "el equilibrio fiscal no se tiene que generar a expensas de la postergación de las provincias más pobres". 

Melamud planteó que "a diferencia del Estado Nacional, las provincias parten de un nivel de déficit mucho más bajo", que sirve de plataforma para los actuales niveles de superávit. Al respecto, destacó como "fundamental" el reintegro gradual del 15% de la masa de recursos coparticipables detraídos entre 1992 y 2015: de no haberse con­cretado esa devolución -equivalente a un punto del PBI- el superávit consolidado provincial se transformaría en déficit y el rojo primario nacio­nal proyectado para 2023 se reduciría a la mitad.

Pero las transferencias por coparticipación son una parte de la historia, ya que a la hora de com­parar las situaciones Melamud también advirtió que las provincias no tienen los gastos que la Na­ción tiene con el sistema previsional, mucho más si se tiene en cuenta que "las moratorias fueron todas nacionales".

Además, argumentó, las jurisdicciones subna­cionales "no implementan las políticas de subsi­dios y reciben compensaciones de la Nación para inversión pública", en tanto "los programas socia­les ejecutados por las provincias también reciben transferencias corrientes de la Nación".

Chouza evaluó esa situación como "un rasgo propio de cómo está planteado el federalismo y en particular el régimen de coparticipación, con lo que se tiende a equiparar el amplísimo grado de asimetrías" existente históricamente en la Ar­gentina. Aseguró que "si se dejan a los distritos a la buena de Dios, lo más probable es que a algunas jurisdicciones se las esté condenando a una per­petuación de las asimetrías".

Por otra parte, recomendó observar la expe­riencia internacional, ya que sostuvo que "los paí­ses con regímenes federales por lo general aplican políticas para atenuar esas diferencias", y puso como ejemplo "las transferencias, muy significa­tivas, que realiza el Reino Unido a los territorios de ultramar".

Fuente:www.nortecorrientes.com