Es información clave para la causa por incitación al odio y la violencia política que instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre la organización que, en sus algo más de cinco meses de existencia, llevó adelante varias movilizaciones con guillotinas, horcas, antorchas e insultos, entre otras cosas. 

Pero, además, conduce a profundizar en la búsqueda de una respuesta para estos interrogantes centrales: ¿Existe vinculación entre este grupo violento y el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre último? ¿Alguien incidía políticamente sobre estas personas? ¿Estos montos detectados, siderales para un negocio pequeño y reciente, podrían esconder un modo de financiamiento? ¿Podrían conducir a alguna vinculación política con el atentado? 

Morel confirmó los pagos del Grupo Caputo 

El propio Morel le confirmó a Página/12 la existencia de esos pagos (aunque sin precisar los montos) que, sostuvo, fueron por trabajos de carpintería que le encomendó una mujer a quien dijo conocer solo como Rossana y como decoradora. Se trata de Rossana Pía Caputo, hermana de "Toto" Caputo, quien además fue directora suplente de Caputo Hermanos S.A. 

Según Morel, ella los contactó y contrató para distintos trabajos a través de dos fideicomisos. Uno que ya está incorporado a la investigación era para un hotel en Neuquén, por 1.7 millón de pesos. Un informe de Unidad de Información Financiera (UIF) corroboró que Morel emitió dos facturas por esa cifra antes del intento de magnicidio. Un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sugería que había números que no cerraban. 

De entrada parecía dudosa la contratación de una carpintería casi sin historia en la provincia de Buenos Aires para un trabajo a más de mil kilómetros. El negocio, según ya relató públicamente el hombre de Revolución Federal, se remonta al año pasado y dijo que aprendió el oficio por Youtube. Para la hermana de Caputo, según describió, hizo mesas ratonas, barras y muebles de melamina. 

Pagos sospechosos

Ahora resulta que los pagos, según los recientes hallazgos —que conoció este diario por allegados a la investigación—, eran bastante superiores e incluso podría haber más. Parece algo poco congruente con un grupo de jóvenes con mínima experiencia en el oficio. 

Uno de los datos más llamativos es que dos de las facturas emitidas por las mujeres, que figuran como monotributistas, son la número 00000001 (como si fuera la primera factura que emiten como inscriptas). Una de las hipótesis es que se anotaron en el monotributo en el rubro carpintería específicamente para esto, pero no por su actividad. También tienen trabajos en relación de dependencia. Los dos fideicomisos que efectuaron los pagos son de Caputo Hermanos: se llaman Santa Clara al Sur y Espacio Añelo. Son los dos con los que Morel, además, relata haber tenido trato. 

El uso de fideicomisos es una herramienta muy utilizada para ocultar personas que manejan un negocio y movimientos de fondos. Pese a tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, no estarían inscriptos en la Inspección General de Justicia, a lo que obliga la ley. 

Este es el detalle de los pagos, al que pudo acceder Página/12:

• Morel emitió entre mayo y diciembre de 2021 facturas por 578.930 pesos. 
• El 28 de diciembre de 2021 Morel emitió seis facturas por 176.00 pesos a nombre del fideicomiso Santa Clara al Sur (cuya génesis es un proyecto de barrio cerrado ubicado en San Vicente). 
• El 22 de agosto último recibió una transferencia de 250.000 pesos de aquel mismo fideicomiso de Caputo Hermanos. Esto fue solo cuatro días después de la violenta marcha de antorchas que Revolución Federal hizo frente a la Casa Rosada y de la que participó Brenda Uliarte, una de las detenidas y procesadas por el intento de homicidio de CFK, diez días después del movimiento bancario. 

Revolución Federal y el atentado a CFK

Pero en torno de esa fecha hay varios acontecimientos para prestar atención: el mismo 22 de agosto el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para CFK en la causa de la obra pública en Santa Cruz. Comenzaron las movilizaciones de respaldo a la vicepesidenta. 

El 23 hubo una suerte de contra-movilización en Recoleta donde fueron demorados por la policía Leonardo Sosa, de Revolución Federal, y Natanael Reinstein Menin, quien llevaba una bomba molotov y había arrojado otra, episodio que investiga el juez Ariel Lijo. 

Ese mismo 23, Uliarte y otro de los detenidos, Gabriel Carrizo, hablaron de matar a la vicepresidenta. “Ya se les acabó la joda”, le comentó Carrizo a Brenda. “Si, que la saquen a la mierda. No puedo creer que hay gente que todavía la defiende (...) Hace falta alguien que vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina", dice ella, quien resultó ser un personaje clave en la planificación y ejecución del magnicidio. 

El 26 de agosto Revolución Federal hizo un vivo en Twitter bajo el título "hay que pudrirla?", donde Morel y otros participantes hablaban de atacar también a Alberto Fernández y a Máximo Kirchner. 

• Morel también obtuvo del fideicomiso Espacio Añelo y de Rosanna Pía Caputo transferencias por 1.503.480 pesos. Cada vez que recibía transferencias, con posterioridad el dinero era retirado en efectivo. 
• Ailen Cintia Vallero, socia de Morel en la carpintería, se anotó en el monotributo en mayo de este año y con el mismo domicilio fiscal que él, en Martín Rodríguez 141, Boulogne. El 30 de mayo recibió una transferencia de Espacio Añelo por 2.454.480 pesos. Los dos días posteriores retiró efectivo por 1,9 millones. La factura, que era la número uno, fue emitida el 24 de mayo. 
• Evelyn Nataly Balboa, ex pareja de Morel, se inscribió como monotributista en junio de este año, también en la actividad de carpintería. Su empleo en relación de dependencia es en la Municipalidad de San Isidro. El 30 de junio recibió una transferencia de 1 millón de pesos de Espacio Añelo. El 4 de julio retiró casi la totalidad en efectivo (840 mil pesos) y le transfirió a Morel 70 mil pesos. El 9 de julio fue la marcha donde los simpatizantes de Revolución Federal exhibieron una guillotina hecha en la carpintería de Morel. La factura para ese fideicomiso era por 2,5 millones de pesos e, igual que en el caso de Vallero, era la número 00000001. 

Ni Morel, ni Vallero ni Balboa tenían antecedentes comerciales por montos tan elevados y en la actividad de carpintería. 

Las investigaciones a Revolución Federal

En un comienzo, el papel de Revolución Federal era parte de la causa  sobre el atentado a la vicepresidenta, que está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Por otro carril, el juez Martínez de Giorgi tramitaba una denuncia que se inició a raíz de una publicación de la organización que decía: "Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas". 

Después se supo que este grupo estaba detrás de varias protestas violentas antigobierno, no sólo las de las antorchas y la guillotina, sino que aparecieron en las asunciones de Silvina Batakis y Sergio Massa con agresiones verbales y al auto del actual ministro. "Al kirchnerismo cárcel o bala" es una de las consignas más frecuentes. Su actividad en tres redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) empezó en mayo de este año. 

La Agencia Federal de Inteligencia le presentó a Capuchetti un informe, con audios incluidos, sobre la charla en vivo que hizo la organización con el título "hay que pudrirla?", donde hablan de la posibilidad de infiltrarse entre simpatizantes de la vicepresidenta para "hacerla pasar a la historia", en alusión a la posibilidad de matarla. 

Morel incluso en un momento le pregunta a Franco Castelli si pasa todos los días por la casa de Máximo Kirchner. Castelli le dice que sí, que es de Santa Cruz. "Uhh, ¿cómo no lo mataste, boludo?", le responde el fundador de Revolución Federal. Castelli era soldado y fue desafectado. 

En una resolución del 16 de septiembre Martínez de Giorgi dijo que "no podría descartarse el aporte" de Revolución Federal "en el intento de homicidio de la actual vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda Uliarte, su auxilio, cooperación o financiación". 

A raíz del informe de la AFI también señalaba que tampoco se podía afirmar "que el plan delictivo haya finalizado ni descartar que se vuelva a intentar" un ataque a CFK u "otros funcionarios". Así, le mandó su causa a Capuchetti, que la rechazó, porque sostuvo que no encontraba hasta ahora relación entre la organización ligada a Morel y el atentado. El presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, coincidió. 

El expediente volvió a Martínez de Giorgi y al fiscal Gerardo Pollicita, que ahora suman información sobre los pagos de al menos 7 millones a Morel y sus allegadas, que podría colaborar con la pista sobre el financiamiento. En los últimos días el juez Daniel Rafecas les envió copia de otra investigación a su cargo, donde fue procesado Claudio Herz por amenazar de muerte a CFK en una manifestación frente al Instituto Patria el 21 de julio último. Cerca suyo estaban Gastón Guerra, otro hombre que reaparece en las manifestaciones de la organización, y el propio Morel, a quien se ve arrojar basura en la puerta del Patria. No está descartado, con las pistas que aparecen, que las causas vuelvan a juntarse. 

Fuente:www.pagina12.com.ar