La incorporación de una serie de nuevos imputados a la causa judicial que inves­tiga la compra y venta irre­gular de terrenos en Santa Ana de los Guácaras, derivó en una modificación de la carátula del caso. Es que los siete nuevos imputados son todos empleados públicos, los más importantes son los respectivos titulares de las direcciones de Catastro y Registro de la Propiedad Inmueble. Fuentes judicia­les informaron que a las dos figuras delictivas anteriores -la "asociación ilícita" y la "estafa"- se sumó ahora una tercera: el "incumplimiento de los deberes de funciona­rio público". Esta última se centra en la responsabilidad que la Fiscalía y la quere­lla les atribuyen a los más recientes aprehendidos, algunos de los cuales que­daron privados de su liber­tad cuando se encontraban en sus puestos de trabajo durante los allanamientos simultáneos ejecutados por la Prefectura Naval Argenti­na a pedido del Juzgado de Instrucción Nº 3, de la ma­gistrada Josefina González Cabañas. 

"Salía la mensura aproba­da por la prescripción, des­pués se fraguaba ese título sobre la mensura aprobada y se presentaba en el Regis­tro para tener el título. Eso se presume según la acusa­ción de la Fiscalía, porque nosotros no tenemos esa documentación por ahora", dijo el abogado Guillermo Escalante, quien representa a Narciso Toffoletti, direc­tor de Castastro. El defensor particular explicó que su cliente tenía intenciones de prestar declaración ante la magistrada González Caba­ñas, pero por recomenda­ción suya terminó por abste­nerse, al igual que el resto de los detenidos -entre ellas la directora del Registro, María Eugenia Demetrio- con la única excepción de la jefa de Legal de Catastro, doctora Mercedes Arostegui, quien manifestó su inocencia. "Es­peramos tener acceso a esta documentación la semana que viene y a partir de esto poder ampliar la indagato­ria", acotó el doctor Esca­lante. 

A criterio del defensor, la estrategia estará centrada en "determinar el grado de par­ticipación con respecto a los trámites". Es que a entender del jurisconsulto, "hacer una gauchada no es facili­tar, sino solamente dejar de lado la burocracia y agilizar un trámite". En esa línea de pensamiento, Escalante co­mentó que "Toffoletti cono­ce a varias de las personas que estaban ahí y atendía de forma personalizada a la mayoría de los escribanos que se acercaban a la ofici­na". Se perfila así una coar­tada basada en la confianza que le merecían las personas que le pedían ayuda con los trámites -entre ellas se des­tacan la escribana Teresa Vázquez, prófuga de la Justi­cia, y Gladys Báez, detenida en el Instituto Pelletier-. 

Una argucia semejante es la que esgrimió el fiscal Gustavo Schmitt, otro de los imputados en la causa, quien pese a ello sigue en funciones en el Tribunal Oral Penal Nº 2 de la Capital. Schmitt justificó la confian­za de las profesionales de la escribanía y sostuvo que fue un "comprador de buena fe". Tanto él como uno de sus hijos están acusados de for­mar parte de la asociación ilícita. s

Fuente:www.nortecorrientes.com