Continúa el conflicto con los comedores comunitarios de La Cruz a cuatro meses del primer reclamo. Los espacios municipales están cerrados a pesar de que el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para su puesta en funcionamiento. Ahora, la jueza de Paz de la localidad se declaró incompetente para ordenar el cumplimiento, y los docentes insistirán con la intervención de la Justicia. 

“Lamentablemente sobre la apertura de comedores no tenemos novedades. Hay una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada por el Ejecutivo. Está en vigencia y tiene fuerza de ley a nivel comunal, pero es una decisión tomada no abrirlos, es un capricho”, resaltó a El Litoral Carlos Enrique, uno de los docentes que denunció la situación. 

“A estas alturas los docentes hemos vuelto a presentar una nota ante el Juzgado de Paz y ayer (por el lunes) la jueza nos contestó y se declaró incompetente en el caso”, comentó. La jueza de Paz a la que los docentes habían presentado un pedido el mes pasado para que hiciera cumplir la ordenanza municipal es Mariel Mendez Ribeiro. 

“Le habíamos pedido que hiciera cumplir la ley municipal ya que está en riesgo la niñez y debería haber actuado. Pero se declaró incompetente porque asegura que es responsabilidad del Ejecutivo la aplicación o no de determinadas políticas. Pero también es cierto que cuando el Ejecutivo no cumple, es la Justicia la que debe poner límites”, planteó Enrique. 

En la respuesta otorgada al grupo de docentes, la magistrada argumentó que “la implementación de políticas públicas municipales es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo municipal conforme al sistema republicano que establece la división de los poderes”. 

Entre otros de los ítems, Mendez Ribeiro señaló que “las cuestiones deben plantearse ante las autoridades correspondientes” y que “los planteos y apreciaciones sobre situaciones generales de la comunidad no son objeto  de intervención y resolución judicial alguna”. “Por lo expuesto, este Juzgado de Paz no resulta competente para intervenir y resolver la cuestión planteada”, cerró. 

Tras las respuesta, Enrique detalló que presentarán el mismo pedido, junto a la respuesta de Mendez Ribeiro, al Juzgado de Paso de los Libres, que también entiende en temas de minoridad. “Para ver si logramos que desde allá se haga cumplir la ley”, comentó. 

“La intención ahora es ir con un abogado. Entendemos que es necesario un brazo legal para que avance la situación. Lo cierto es que nos va a costar y no nos sobra el dinero, pero ya que estamos en esto y ya que somos asediados, hostigados permanentemente a través de las redes, vamos a hacer lo que corresponde a través de la ley”, aseguró. 

Sobre el tema, Lucas Carballo, director de Seguridad Alimentaria de Corrientes —área encargada de administrar recursos a los comedores— detalló a El Litoral que los comedores son autónomos. “Nosotros le proveemos de un 15 % o 20 % de los recursos en alimentos deshidratados. Son los municipios los encargados de poner el restante y, por ende, de abrir las puertas”. 

Así, los comedores de la localidad continúan cerrados a pesar de que la ordenanza municipal establece una caja de dinero para solventar estos espacios necesarios.  

Fuente:www.ellitoral.com.ar