A través del decreto 1.075/22, el Gobernador estableció que “los órganos administrativos de protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes son la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia, como órgano ejecutivo; la Coordinación Interministerial, como órgano de articulación ministerial, y el Departamento de Fiscalización como órgano de control, los que funcionan en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

Además, se estableció que “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene la función de asistir y asesorar al Gobernador de la Provincia, en todo lo inherente a políticas de protección y defensa de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes y sus familias; en las acciones de asistencia y contención social, y la ejecución de políticas que faciliten la protección integral de la familia como núcleo de la sociedad”.

En este contexto, quedó estipulado que la “Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia es la máxima autoridad provincial administrativa de protección y defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Es el órgano de ejecución encargado de garantizar el principio de efectividad de las leyes de protección de los derechos mencionados, especialmente en casos de riesgo o vulnerabilidad, abuso físico o mental, abandono, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, adiciones, protección a los derechos a la identidad, intimidad, imagen, alimentación, educación y formación integral”.

También, con el decreto “se facultó al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a aprobar los procedimientos, protocolos de actuación, planes de acción de las distintas áreas y los reglamentos internos de funcionamiento de la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia”.

Por último, se trasfirió “al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el personal en la situación de revista presupuestaria y modalidad de prestación de servicios en que se encuentren, los bienes y el presupuesto correspondiente asignados al Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia (Copnaf) y a los Dispositivos de Cuidado Residencial dependientes del Ministerio de Desarrollo Social”.

Esta decisión del mandatario provincial se da en el medio de la polémica por las denuncias de abusos, malos tratos y hasta una muerte en hogares de menores de la localidad de Virasoro, hechos que se suman a denuncias similares que previamente recayeron sobre otras instituciones, como el Domingo Savio.

Fuente:www.diarioellibertador.com.ar