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16 de febrero de 2022

La Justicia pone la lupa sobre el origen del fuego

El fiscal general del Poder Judicial, César Sotelo, ordenó que los fiscales de toda la provincia pongan énfasis en la persecución penal de la figura contemplada en el artículo 186 del Código Penal. Es un delito contra la seguridad y contempla de tres a 10 años de prisión para quien causare incendios o destrucción.

El fiscal general del Poder Judicial, doctor César Sotelo, dictó ayer la Instrucción General N° 45, por medio de la cual ordena a los fiscales de toda la provincia que prioricen la persecución penal de delitos vinculados a los incendios rurales y forestales, que podrían encuadrar en aquellos cometidos contra la seguridad pública y conllevan severas sanciones para quienes sean hallados culpables de cometerlos.
Es vox populi que en no pocos casos los incendios devienen como responsabilidad de los propios forestadores, que se han dejado estar; y de la Legislatura, que no ha tenido los reflejos para brindar una legislación acorde para incendios, para el cuatrerismo y otros hechos.
El doctor Sotelo instruyó a los fiscales a procurar la pronta resolución de las causas que se inicien por incendios intencionales y a disponer de todas las medidas y recursos con que cuenta el Ministerio Público para esclarecer un delito tipificado en el artículo 186 del Código Penal.

CONVOCATORIA
A FUERZAS
DE SEGURIDAD

Además, manda a promover reuniones con las fuerzas de seguridad locales e impartirles claras instrucciones -el fiscal es el director de la investigación en todas las circunscripciones judiciales, excepto en la Primera, donde aún no rige el nuevo Código Procesal Penal-, para hacer más eficientes las investigaciones y garantizar la eficaz intervención del Ministerio Público.
En su directiva, el Jefe del Ministerio Público advierte que existen «serios indicios» de que muchos de los incendios pudieron «ser producto del accionar negligente o intencional del hombre» y que ello amerita una respuesta ágil de parte de los fiscales, titulares de la acción penal, en este caso en resguardo de la seguridad pública.
Estas responsabilidades han sido señaladas días atrás por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, lo que generó una reacción adversa de entidades de productores y aún de otros funcionarios del Gobierno nacional.
A raíz de ello, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, llegó a pedir la renuncia del Ministro nacional, entre otras manifestaciones de condena.

Fuente:www.diarioellibertador.com.ar



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