Por Nicolás Lantos

La misión a Washington conformada por funcionarios técnicos del ministerio de Economía y del Banco Central comenzará esta semana a dar los trazos finos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la hoja de ruta que anotaron en lápiz los negociadores del gobierno argentino, siempre susceptible a cambios, la recta final comenzará horas antes de Navidad, cuando el directorio del FMI dé a conocer su evaluación técnica del programa que acordó e incumplió Mauricio Macri. Para los primeros días de enero podría estar listo un borrador o una carta de intención que dé a conocer los lineamientos generales del entendimiento de cara a las últimas negociaciones. La firma de un nuevo programa podría esperar hasta febrero o incluso a comienzos de marzo.

Es una gestión de alta complejidad que todavía no tiene garantías de éxito. La propuesta que lleva adelante el ministro de Economía Martín Guzmán es inédita: no existen antecedentes de que el FMI haya aceptado un programa con las características que propone la Argentina. Según fueron conociendo en los últimos días empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos y sociales que se interiorizaron en los términos de la negociación, desde Washington existe, en principio, buena predisposición para llegar a un acuerdo que no implique un ajuste del gasto público con consecuencias recesivas para la actividad económica, ni una devaluación abrupta que alimente la inflación, ni reformas regresivas en las leyes laborales y previsionales.

El camino que pone sobre la mesa Guzmán, y que se conocerá en detalle esta semana cuando ingrese al Congreso el proyecto del plan económico plurianual que acompaña la negociación con el Fondo, prevé un sendero hacia el equilibrio fiscal de cuatro años en forma gradual, además de un período idéntico de gracia antes de tener que hacer los primeros desembolsos en 2026. El acuerdo contempla los 44 millones de dólares que recibió Macri, lo que significa que el país volverá a disponer de los recursos que haya desembolsado para saldar cuotas que vencieran antes de la firma. También incluye una cláusula de país más favorecido, que implica que cualquier beneficio que en el futuro reciba otro acreedor o grupo de acreedores podrá ser adoptado por sin pagar ninguna penalidad.

Al contrario de lo que sostienen muchos economistas ortodoxos, no existen mayores reservas por parte del organismo respecto al nivel de déficit fiscal previsto para los próximos años sino el diálogo se empantana a la hora de definir la forma en la que se va a financiar esa diferencia. En ese sentido, en Washington no quieren que el grueso del esfuerzo se salde mediante la impresión de pesos, porque atenta contra uno de los objetivos que plantean como prioritario que es el achicamiento de las brechas cambiarias. Como se sabe, existen en cualquier economía tres y solamente tres formas de financiar un déficit. Si descartamos la emisión monetaria, quedan, como únicas alternativas, el endeudamiento o un incremento sustancial en la recaudación.

El acceso al crédito privado internacional quedó destruido después de los primeros dos años de gobierno de Macri. Mientras apuesta a una recomposición del mercado financiero local en pesos, el gobierno argentino trabaja en acuerdos con organismos de crédito y otros directamente entre estados para acceder durante los próximos años a divisas que lubriquen la macroeconomía y le den mayor capacidad de maniobra al país para completar la reactivación de la actividad. El fondo especial de resiliencia que pidió el G20, otras líneas de crédito multilaterales, swaps y cesiones bilaterales de DEGs: todas opciones en la carpeta de Guzmán, que no puede darse el lujo de rechazar ninguna. Por ahora, son alternativas en instancias muy preliminares. Y el Fondo Monetario pide definiciones más concretas.

Por eso habrá que prestar especial atención al capítulo tributario del plan. Allí está la clave de la economía que se viene pero también la respuesta a una pregunta anterior y profundamente política: ¿Quién va a pagar la deuda? Un esquema impositivo más progresivo, que simplifique y reduzca el peso de las obligaciones sobre pequeñas y medianas empresas y vaya a buscar los recursos que faltan entre las principales fortunas, a las empresas con ganancias extraordinarias y entre quienes guardan sus excedentes offshore no solamente resulta necesario para financiar un acuerdo con el FMI sino que es imprescindible para que ese acuerdo sea aceptable para su electorado. Plata hay y, gracias al blanqueo de Macri, el estado sabe dónde: ahora falta ir a buscarla.

Contrario a lo que dice el saber popular, moldeado desde las pantallas por economistas a sueldo de las grandes corporaciones, los impuestos en la Argentina no son más altos que en otras partes del mundo, aunque sí están pésimamente distribuidos. En un informe que publicó esta semana el sociólogo y politólogo Julián Corvaglia en Ámbito Financiero queda clara la necesidad de hacer la transición hacia un sistema mucho más progresivo. Corvaglia destaca que mientras el IVA, que pagan todos los ciudadanos, es el principal aportante de recursos al Estado, comprendiendo casi uno de cada tres pesos que entraron por esta vía, el impuesto a los bienes personales, que sólo alcanza a los que más recursos tienen, significó, según los datos de 2019, apenas un 0,6 por ciento de la recaudación total.

Uno de los motivos que explican este desequilibrio es que las tasas sobre los inmuebles, que representan una buena parte de los bienes imponibles entre esos sectores (las obligaciones sobre activos financieros resultan mucho más fáciles de evadir), se calculan  de acuerdo a una valuación fiscal muchas veces más chica que su valor real. Este fenómeno se hace más pronunciado en el caso de propiedades rurales, que es, en este país, el principal refugio de valor de los que más tienen. Así, en la práctica, a medida que se sube en la escala económica más se distorsiona la magnitud de las fortunas y muchas veces se termina pagando menos por varias hectáreas en el corazón productivo del país que por un departamento de tres ambientes o incluso un par de vehículos. 

“Para dimensionar el nivel de sub-valuación fiscal de la tierra basta nombrar el ejemplo de la provincia de Buenos Aires”, escribe Corvaglia. “Según datos del especialista e investigador Martín Mangas (profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento) en términos recaudatorios, todos los vehículos (automotores, yates, embarcaciones, aeronaves) patentados en la provincia de Buenos Aires (que suman más de 6 millones de unidades) recaudan el 9% del total de ingresos fiscales bonaerenses, mientras que toda la tierra rural bonaerense (que se agrupa aproximadamente en 300 mil partidas rurales) recauda el 3%". En Argentina la recaudación del impuesto inmobiliario sólo explica el 0,4 por ciento del PBI, la mitad que Uruguay, la cuarta parte que el promedio entre socios de la OCDE y cinco, seis y hasta ocho veces menos que los países más desarrollados. 

Ese porcentaje se redujo a partir de 2005, en coincidencia con el aumento de la inflación, que fue licuando los valores de las tierras. Las actualizaciones que se han hecho en el interín no fueron suficientes. No existen obstáculos legales ni técnicos para sincerar el valor de esas propiedades y comenzar a cobrar a sus dueños la alícuota correspondiente. Allí puede estar una de las claves para salir de la crisis. Según otro informe citado por Corvaglia, en este caso de la CEPAL, “con un sistema de valuaciones más actualizado los países latinoamericanos podrían generar un ingreso extra de alrededor del 2 por ciento del PBI”. Ese número se parece mucho al margen de la discordia en las negociaciones con el Fondo. Dicen que a veces dos problemas pueden hacer una solución.

Fuente:www.eldestapeweb.com