Macri adelantó ayer que este miércoles no se presentará a declarar en el juzgado de Dolores, a cargo de Martín Bava, por la acusación de liderar las supuestas maniobras de espionaje ilegal.

«No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio», afirmó el ex mandatario en el último de una seguidilla de mensajes que publicó ayer en su cuenta personal en la red social Twitter.

«Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan», aseguró el expresidente en su hilo de mensajes, en los cuales criticó al juez Bava, quien lo citó a indagatoria.

Macri acusó a Bava de actuar en la causa a pesar de ser supuestamente «incompetente», lo cuestionó por citarlo a indagaría en medio de la campaña electoral y le achacó que le impidiera viajar con una prohibición de salida del país, una medida que fue apelada.

El ex mandatario se reencontró ayer con su equipo de asesores y con su abogado Pablo Lanusse, quien horas antes había estado en Dolores leyendo el expediente, y fue allí que se terminó de cerrar la estrategia -aún no concretada en el expediente- de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria.

La convocatoria a indagatoria al expresidente está prevista para esta mañana, pero la idea del ex mandatario es hacer llegar antes -a través de sus abogados o de forma telemática- un escrito en con el cual recusará al juez, cuestionará la investigación y, además, pedirá una nueva postergación.

Se trataría de su segundo movimiento en el expediente: el primero se produjo la semana pasada cuando firmó un escrito junto con Lanusse en el que declamó su «inocencia» y reclamó que quedara en suspenso la prohibición de salida del país que le impuso el juez Bava el 1 de octubre cuando lo convocó a indagatoria para el día 7, luego aplazada hasta mañana.

Macri está imputado por haber «ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias», entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan, según el magistrado.

Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en «la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos».

«Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan», según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre.

Fuente:www.minuto.com