Por Franco  Mizrahi

La Universidad de Buenos Aires (UBA) pidió ser querellante en una de las causas paradigmáticas del espionaje ilegal macrista por haber tomado conocimiento de tareas de inteligencia ilegal practicadas sobre alumnos, docentes y personal no docente vinculado a la institución.

Según se hizo saber en la presentación, el Consejo Superior de la UBA instruyó a los abogados e integrantes de la institución Pablo Lafuente y Valeria Thus “a formular presentación en sede judicial constituyéndose como querellante” por la realización de tareas de inteligencia ilegal contra profesores y alumnos, hechos “que damnifican a la Universidad de Buenos Aires”. El escrito se hizo ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se investiga a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia y del Servicio Penitenciario Federal por un espionaje masivo realizado durante el gobierno de Mauricio Macri contra dirigentes políticos, eclesiásticos, sociales, sindicales, empresarios y periodistas. Por esos hechos hay 38 personas procesadas –como los titulares de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani-, cuya situación procesal está siendo revisada por la Cámara Federal porteña.

Para el Consejo Superior de la UBA “es imperioso que la Universidad de Buenos Aires se presente en sede judicial en calidad de querellante de modo de poder participar activamente en la dilucidación de la pesquisa y velar por el debido resguardo de los miembros que integran la comunidad universitaria, en el caso docentes y personal no docente de gestión, con el máximo respeto a los derechos humanos, frente a intervenciones y actuaciones de espionaje ilegal que, de verificarse, implican una preocupante vulneración de las reglas del Estado de Derecho y que merecen el más fuerte repudio”.

La presentación tiene por disparador una nota del portal El Cohete a la Luna donde se relatan “maniobras de espionaje ilegal que habrían recaído en el marco de charlas organizadas por la Facultad de Derecho de esta Universidad y sobre docentes que desempeñan funciones en el Centro Universitario Devoto (CUD) del Programa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires en el Servicio Penitenciario Federal – UBA XXII”.

En el artículo periodístico “surge que en esta investigación se llevó adelante un procedimiento en la calle Varela 266 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de la Dirección Principal de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal, y como consecuencia del mismo se habrían secuestrado” una serie de pendrives en los “que aparece información de inteligencia con fotos de docentes que dan clases en las cárceles federales”. Entre otros, se menciona a: Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI; Diana Cañal; Claudia Neira; David Cohen. También se halló “información del ex director del Programa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires en el Servicio Penitenciario Federal – UBA XXII, Leandro Halperín”.

A su vez, “la referida publicación también da cuenta de la presunta existencia de documentos que demostrarían la presencia de personas infiltradas por el Servicio Penitenciario Federal en charlas organizadas por la Facultad de Derecho, relacionadas con posibles reformas al régimen penitenciario”.

Tal como se da cuenta en la presentación, el Programa UBA XXII –en el marco del cual se habrían realizado las tareas de inteligencia ilegal- se desarrolla en cinco Centros Universitarios: el Centro Universitario Devoto; Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”; Colonia Penal de Ezeiza Unidad 19; Centro Universitario Ezeiza; y Complejo Penitenciario Federal 1.

“La reunión de información sobre alumnos, integrantes docentes y no docente de esta Universidad que se desempeñaban en el Programa UBA XXII, además de encontrarse en una absoluta irregularidad formal, no contaba con respaldo dentro de la estructura administrativa y burocrática del organismo, ni provenía de una orden judicial o algún objetivo establecido en la ley de inteligencia”, se resalta en el pedido de ser querellantes. Es decir, las tareas fueron absolutamente ilegales. Tanto las vinculadas al programa como las referidas a las infiltraciones en charlas organizadas por la Facultad de Derecho.

En el escrito de la UBA no se apunta contra un imputado en particular ya que hasta el momento no pudieron individualizar a quienes llevaron adelante las tareas de inteligencia ilegal. “Una vez aceptado el ingreso de la Universidad de Buenos Aires como parte querellante en este proceso, se procederá a la tarea de individualizar a los responsables”, se indicó.

No obstante, el ámbito desde el cual se llevaron adelante las tareas ilegales parece claro. La hipótesis de la querella es que el espionaje fue realizado por un grupo de funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal en estricta violación de la Ley Nacional de Inteligencia.

Para concluir, en la presentación se resalta que “este tipo de acciones”, que se llevaron adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, “implican una vulneración de garantías y derechos consagrados en nuestra Carta Magna, y en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de jerarquía internacional además de atentar contra la autonomía universitaria”.  Además de la vulneración del derecho a la privacidad e intimidad de las víctimas.  

Este jueves, Martínez de Giorgi dio por recibido el escrito de la UBA y antes de expedirse, es decir, de aceptar o no el pedido de la Universidad de Buenos Aires, pidió constatar que los hechos relatados consten documentados en el expediente.

Fuente:www.eldestapeweb.com