Ayer fue otro día récord de casos a nivel Nacional con su correlato en la Provincia de Buenos Aires. En Casa Rosada ven con preocupación la escalada de los contagios, su repercusión en el sistema sanitario y son conscientes de que se deben profundizar las restricciones, sin embargo, pretenden que los gobernadores avancen con los cierres de acuerdo a la situación epidemiológica particular de cada distrito. El temor a pagar el costo político de nuevas medidas impopulares y la necesidad de un acuerdo no solo con la oposición, sino también entre oficialistas.

Ayer Santiago Cafiero convocó de urgencia a su Gabinete en Balcarce 50. De un lado, el jefe de los ministros, la titular de la cartera de Salud, Carla Vizzotti; el de Defensa, Agustín Rossi; el de Educación, Nicolás Trotta; el de Trabajo, Claudio Moroni; la de Seguridad, Sabina Frederic; el de Producción, Matías Kulfas; y el de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. También participaron el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Del otro lado de la línea, Alberto Fernández desde Olivos porque aún no recibió el alta médica por su cuadro de COVID-19.

El Presidente tomó en cuenta la cantidad de contagios y la posibilidad de que colapse el sistema sanitario. Durante estas jornadas mantendrá conversaciones con los gobernadores por separado y no se descarta un Zoom del que participen todos, con el objetivo de que asuman la decisión de focalizar los cierres en los centros urbanos donde se registran la mayor cantidad de casos de coronavirus. A priori, el endurecimiento de medidas no incluye el cierre de colegios, de empresas, fábricas y comercios. Además del margen de maniobra que ofrece la crisis económica, entienden que el sector productivo puede continuar desempeñándose como hasta el momento porque son los lugares donde más y mejor se respetan los protocolos. En el Gobierno consideran que en el ámbito laboral la situación está bajo control: la gente no se contagia trabajando; la transmisión del virus se da en actividades sociales donde no se respetan las medidas de cuidado, distanciamiento y aforo.

El Presidente, su mano derecha, Cafiero, y el puñado de funcionarios que participaron de la reunión analizaron la posibilidad de endurecer las medidas que están vigentes desde el viernes pasado. Asumen que los 27.001 casos registrados en las últimas 24 horas no serán un pico que se estabilice y tienda a bajar, sino que los contagios seguirán en aumento por lo que se deben decidir nuevas restricciones y el tiempo apremia.

Si bien se planteó la viabilidad de sumar medidas más duras pero focalizadas y temporales, a la hora de analizar el impacto de las restricciones establecidas la semana pasada hubo malestar con gobernadores e intendentes por no tomar determinaciones particulares en sus distritos de acuerdo a su realidad epidemiológica.

Es que en el artículo 17 del decreto del viernes pasado se facultó a los mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “para adoptar disposiciones adicionales a las dispuestas en el presente decreto, focalizadas, transitorias y de alcance local, con el fin de mitigar en forma temprana los contagios por COVID-19 respecto de los departamentos o partidos de riesgo epidemiológico alto o medio”. Dicho artículo habilita a los gobernadores a limitar aún más la realización de determinadas actividades y la circulación por horarios o zonas.

En Nación interpretan que “los gobernadores y los intendentes no están haciendo nada para evitar la segunda ola porque no quieren pagar el costo político”. Pasan los días, cada día un nuevo récord de contagios, los casos aumentan a una velocidad preocupante por lo que la posibilidad de que se sature la disponibilidad de camas de terapia intensiva se acelera.

El otro foco de contagio se da en el transporte público donde, además de reforzar los controles, el Poder Ejecutivo intentará reformular su uso pero seguirá siendo para personal calificado como “esencial”. Hasta allí llegará el Gobierno Nacional, el resto de las decisiones recaerán en los gobernadores. Alberto Fernández se encuentra frente al avance de la segunda ola en un contexto de escasez de vacunas e incertidumbre sobre la llegada de nuevas dosis. “El Presidente se hace cargo del Estado Nacional, pero los gobernadores se deben hacer cargo de sus provincias y los municipios”, afirman en Casa Rosada.

Las restricciones que se apliquen serán antes de que culmine abril. El actual decreto se encuentra vigente hasta el día 30. Hoy continuarán las reuniones para afinar el alcance de las medidas que necesitarán de un acuerdo político no solo con la oposición, sino también con los mandatarios oficialistas. Axel Kicillof habla de la necesidad de restricciones más duras. Su gabinete lo acompaña a coro pero, pese a estar facultado a tomar sus propias decisiones, solo se diferenció de la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta al horario de libre circulación y de cierre de comercios. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sugirió cerrar todo durante tres semanas para estabilizar la escalada de contagios, pero Provincia aguarda que sean los intendentes los que den el primer paso con sus exigencias para luego plantearle a Nación el escenario y que sea quien tome la decisión final.

En la reunión de ayer se coordinó la asistencia para las provincias en materia sanitaria y de seguridad para combatir la segunda ola de contagios y para garantizar el cumplimiento de las restricciones, y también de ser necesario habrá asistencia económica para mitigar el impacto en aquellos rubros que deban cerrarse. En Nación están preparados para responder a cada demanda de las provincias pero exigen que los gobernadores pongan el cuerpo a la toma de decisiones para atender su situación particular.

Fuente:www.radiosudamericana.com