El exoficial de la Policía de Entre Ríos, Ángel Gerardo García, comenzó a ser juzgado por someter a su esposa a todo tipo de violencia y explotación sexual en distintas ciudades de Entre Ríos y Corrientes. García fue detenido en 2019, luego de la denuncia que hizo la hermana de la víctima en un llamado a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el Delito de Trata. Aquel 20 de abril de 2019, la mujer contó que su hermana le envió mensajes de texto donde le hacía saber sus padecimientos, la explotación a la que era sometida por su marido, oficial de la Policía de Entre Ríos.
Detalló que era sometida a explotación sexual y la obligaba a mantener relaciones sexuales con otros hombres, en distintas ciudades de Entre Ríos y de Corrientes, a tomar alcohol y a drogarse. Dijo que se quedaba con el dinero que les cobraba a los “clientes”, mantenía controladas sus comunicaciones y no la dejaba salir si no era con él. Se dispusieron tareas de inteligencia. El 23 de abril de 2019, el comandante principal de Gendarmería Nacional Argentina, Cornejo, informó que se había comunicado con la denunciante, quien a su vez le dijo que su hermana le había comentado que quería irse del lugar donde se encontraba y que temía por su vida, su integridad física y la de sus hijos. Por ello solicitó que se la auxiliara y rescatara con urgencia. Así sucedió pocos días después.
Ahora García comenzó a ser juzgado en el Tribunal Oral Federal de Paraná por el delito de trata. La víctima declaró con una psicóloga y en un testimonio estremecedor ratificó todo lo sufrido a lo largo de su relación con el acusado. También dieron su testimonio la hermana y la madre de la mujer, que comprometieron al acusado. En su testimonio, la víctima dijo que poco después de comenzar la relación con García, en 2009, tuvieron inconvenientes económicos y el hombre le dijo que la llevaría con un amigo que le iba a pagar para que mantuviera relaciones sexuales con ella. El victimario la llevó a una choza donde había tres pescadores, donde fue sometida por ellos. Ella le dijo a García que no quería hacer eso nunca más. Después se mudaron a La Paz porque allí lo trasladaron al oficial de policía. En 2011 volvió a forzarla para explotarla con hombres. En una ocasión la llevó a la localidad de Esquina (Corrientes), donde iba a estar con un hombre que pagaría 1.000 pesos, además del alquiler de la cabaña. García nunca la dejaba sola y ella jamás tuvo acceso al dinero. Cada vez que planteaba que no quería seguir siendo explotada sexualmente, “era una guerra”, según describió la mujer, y sufría amenazas. En 2015, el proxeneta la trasladó bajo amenaza de muerte a Goya (Corrientes). La llevó a un pool y le dio de beber un trago dulce con alcohol que le hizo perder el conocimiento. Una semana más tarde la mujer se enteró de lo que había ocurrido porque García le mostró un video que había filmado, en el que la mujer mantenía relaciones sexuales con un hombre mientras ella lloraba. “García no le permitía salir sola, las compras las hacían sus hijos, nunca fue a buscarlos a la escuela ni participó de ninguna reunión de padres. García se enteraba cuando iba al Centro de Salud cerca de la casa, no tenía acceso a dinero ni a DNI”, se fundamentó en la acusación, según publica el medio Uno Entre Ríos.
Una prueba fundamental que será expuesta en testimonios en el juicio es el informe de la Dirección General de Asistencia a la Víctima de la provincia, que tuvo a su cargo la contención y las entrevistas a la mujer. Concluyeron que su relato fue coherente, con detalles de todas las violencias padecidas (física, sexual, psicológica, económica y de explotación sexual). Afirmaron que la mayor preocupación de la víctima era la manutención de sus hijos y subrayaron que el grado de sometimiento al que se encontraba expuesta la víctima implicaba una situación de alto riesgo. Se remarcó que cada vez que la explotaba, la hacía llamar por un nombre de fantasía, Pamela, “lo que constituye un accionar característico del prostituyente destinado a sustituir la identidad de la víctima”, consignaron las profesionales que intervinieron en el caso.

Fuente:diario1588.com