Después del escándalo con los sobreprecios en la compra de fideos, aceite y arroz para atender a los sectores más vulnerables, Alberto Fernández prepara un decreto para facilitar la compra directa a los productores de alimentos y evitar los intermediarios.

Según supo LPO, en el Gobierno están ultimando los detalles de la norma que busca facilitar la compra directa de alimentos, que el presidente terminó de definir el fin de semana tras la reunión con el ministro Daniel Arroyo y el empresario Luis Pérez Companc, el dueño de Molinos Río de La Plata, la productora de alimentos más grande del país.

Cerca del presidente y del titular de Desarrollo Social también hubo contactos con otros pesos pesados de la industria alimenticia, con el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, y con el empresario Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo que denunció públicamente que no le permiten participar de las licitaciones porque sus precios están muy por debajo de los intermediarios. Habló, sin tapujos, de coimas y corrupción.

En todos los contactos, los funcionarios escucharon que el problema de los sobreprecios es que las empresas alimenticias no tienen espalda financiera para cobrar las operaciones a seis meses, como suele pagar el Estado.

Ante ese problema aparecen los intermediarios o "bolseros", empresarios conocidos y desconocidos en el rubro que compran cash o un plazo más corto a los productores y que luego le venden al Estado con un precio inflado. Esa es la razón financiera de los sobreprecios, más allá de las sospechas de otro tipo.

La norma que pondrá en marcha el Gobierno busca evitar esta situación y dispondría acelerar el circuito burocrático para que los pagos a los productores tengan un plazo más corto, posiblemente con un tope de 45 días. En la Casa Rosada creen que la compra directa de alimentos generará un ahorro millonario.

La disposición oficial también establecerá una nueva serie de controles internos en las compras que hace el Estado. Alberto ya había dispuesto que no se pague encima de los precios máximos establecidos por la Sigen, pero ahora se implementaría un nuevo mecanismo posiblemente con la participación de algún otro ente estatal.

Si bien en el Gobierno dicen que es inminente la publicación de la norma, la demora generó algunas sospechas por los intereses que se tocarían con la eliminación de los intermediarios.

Fuente:www.lapoliticaonline.com