El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, estimó que la actualización del fondo de emergencia agropecuaria “debería rondar los 5.000 millones de pesos”, ya que actualmente los $500 millones que rigen desde 2009, sin incremento alguno, son “insuficientes y hacen que estos recursos sean obsoletos para hacer frente a todas las situaciones climáticas que está pasado el país”. La semana pasada el Gobierno nacional decidió declarar la emergencia agropecuaria en Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes y Chaco, debido a las inundaciones que afectan a vastas zonas de dichas provincias, producto de las abundantes lluvias que se produjeron en las últimas semanas. A partir de esto, Achetoni comentó que en la reunión que tuvieron con autoridades del Gobierno nacional hubo una “coincidencia” entre la Sociedad Rural Argentina y la entidad que el representa, para reclamar un aumento en el monto que contempla la ley de Emergencia, para que pase de 500 a 5.000 millones de pesos, “para que tenga contundencia y efectividad, teniendo en cuenta las inclemencias que se están dando”. Por lo que graficó: “Cuando fue asignado el presupuesto de $500 millones en 2009, teníamos un dólar de 3,82 pesos y un gasoil de 2,26. Esos valores se multiplicaron por 10 y por 20, respectivamente, con un mercado interno además que ha bajado en su capacidad de consumo y un potencial exportador que no termina de aprovecharse”. “En tres años no haber movido el fondo de emergencia habla de que se acostumbraron a sacar del campo y no ponerle al campo. Este es un sector que da muchísimo y reinvierte”, remarcó Achetoni. Con la emergencia los productores de Santa Fe, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero serán beneficiados con la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y a los bienes personales, hasta tanto se mantenga la medida extraordinaria. Además se activará el plan de emergencia estipulado en el programa permanente para deuda exigible, con un plazo de hasta 48 cuotas. Así, se suspende durante el plazo de un año la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes incluidos en el decreto. s