Luego de una batería de reclamos, en la vía pública, que hicieron trabajadores de una cadena de supermercados local que atraviesa por un conflicto entre socios, se supo que la jueza Marina Alejandra Antúnez, del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, resolvió pasar, primero, a mediación directa el expediente para tratar de encontrar una solución que evite la fractura.

Con esta medida quedó en suspenso la asamblea de accionista que estaba citada para los primeros días de noviembre. La preocupación del personal, sin embargo, no se disipa. Están inquietos por la continuidad de la empresa, pero especialmente por sus puestos de trabajo. La resolución judicial se conoció ayer a la tarde y consta de una carilla, refiere a la cuestión que atraviesa la sociedad de la cadena “Supermax”.

La jueza Antúnez resolvió que todo el expediente sea girado a “Mediación” y suspender la asamblea del 9 de noviembre. En medio del conflicto entre los accionistas, más de 700 trabajadores se encuentran en estado de alerta porque ven en peligro las fuentes laborales. Los empleados salieron ayer a la mañana a manifestarse por la avenida 3 de Abril, el centro capitalino y el reclamo llegó hasta el Poder Judicial.

La empresa con casi 20 años de antigüedad cuenta con 13 sucursales, ubicadas en distintos puntos de la ciudad y en la localidad de Santa Ana. “Queremos que los socios lleguen a un acuerdo para poder tener la seguridad de que mantenemos nuestros puestos de trabajo. Hace más de un año que estamos en vilo por el ‘tira y afloja’ de los socios y nosotros estamos en el medio. Queremos que se acuerde de la mejor manera, tanto para los socios como para los empleados”, dijo Cristian Sarasúa, delegado de los empleados. “Nosotros tenemos el ‘dice que...’, pero ningún socio se acercó a hablar con nosotros, a darnos tranquilidad, que es lo que ahora necesitamos”. Si la sociedad finalmente se disuelve, los empleados entienden que se quedarían sin trabajo o dependerían de un privado, que decidiría sobre sus empleados. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio expusieron una situación latente hace varios meses en Supermax SA, pero que en las últimas horas adquirió formalidad tras conocerse la notificación judicial para la realización de una asamblea ordinaria el próximo 6 de noviembre, en la cual se considerará, entre otros asuntos, la disolución de la sociedad y la designación de los liquidadores. En el gremio advirtieron la preocupante realidad que padecen más de 700 empleados que trabajan en las diferentes sucursales de la cadena de supermercados y remarcaron que son más de 1.000 familias las que dependen directa e indirectamente de la firma.

Los referentes del sindicato hicieron hincapié en que se llegó a esta situación ‘debido a la lucha de intereses entre sus socios’. Según pudo saber de fuente allegadas, éstos -años atrás- se habrían dividido las funciones, quedando uno de ellos (que denominaremos C) como mero participante capitalista. Y fue éste quien en el último tiempo habría encendido la mecha que provocó una implosión dentro de la sociedad anónima. Es que al ver los altos dividendos de la empresa, intentó presentarse para tener una participación más activa, con toma de decisiones y conocimiento en detalle de números, así como de operatividad.

Sin embargo, su impronta sólo recibió un portazo, aplicado por su hasta ahora ‘socio’ (que denominaremos I). ‘I’ supo hacer de la empresa una marca registrada en el rubro supermercadista local, sin que C se inmiscuyera ni opinara de cada paso dado -hasta hace poco con éxito-, pero la aparición y reclamo de su par accionista lo descolocó. C, al sentir la puerta cerrarse ante su rostro no se anduvo con vueltas y encaminó la cuestión por la vía legal, trayecto que incluyó auditorías y hasta allanamientos. Este escenario, junto al conocimiento de la asamblea ordinaria de noviembre, obligó al Sindicato de Empleados de Comercio a solicitar urgente audiencia con el gobernador. s

Fuente:www.nortecorrientes.com