Perugorría volvió al centro del escándalo el viernes, cuando la justicia provincial allanó las oficinas de la Municipalidad en busca de información sobre el manejo de los fondos públicos, que realizó la gestión de la intendenta kirchnerista, Angelina Lesieux.  El voltaje se incrementó, luego de conocerse un audio de uno de los asesores contratados por la gestión de la jefa comunal camauista, bajándole línea a los medios adictos a Lesieux respecto de responsabilizar al gobernador Ricardo Colombi de toda las causas abiertas que se investigan, tanto la justicia federal como la provincial, por hechos de corrupción, en una suerte de persecución política hacia los referentes del Frente para la Victoria (FPV) de todo el territorio correntino.  En ediciones anteriores este medio publicó que Lesieux había contratado una empresa de comunicación para frenar el derrumbe de su imagen al hacerse públicos los supuestos hechos de corrupción de su gestión.  La estrategia que busca desarrollar Prado Comunicaciones, la firma porteña que se dedica al asesoramiento en prensa y comunicación política, es limpiarle la imagen a la mandamás de la pequeña localidad del sur correntino, respecto del envío de fondos de la Nación para obras, que se habrían certificado como finalizadas, pero que son inexistentes en la ciudad. También la causa iniciada ante el Ministerio Público Fiscal por la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la macrista Laura Alonso por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la Comuna, y la que presentaron los concejales de la oposición, ya que la intendenta no presentó un solo pedido de informes solicitado como tampoco envió los balances de las cuentas de inversión al Concejo Deliberante.   “Muchachos, primero escuchen a La San Pedro (FM) y pásenme lo que están diciendo. Lo que hay que decir es que, en el marco de la causa que está en curso, hoy se hicieron actuaciones en la Municipalidad. Bajémosle el copete diciendo que está todo a disposición y que llama la atención es la espectacularidad que le está poniendo la oposición y el oficialismo correntino. No le peguemos al juez (Martín Vega) para que no se enoje. Pongámoslo en clave política. Que es un ejemplo más de la persecución como pasa con el muchacho de Goya, con la gente de Esquina, como pasa con (Gerardo) Bassi. Planteemos una persecución política instrumentada por Ricardo Colombi a los personajes que opinan distinto”, dice el audio de Mario Rodríguez, hombre sindicado como el estratega comunicacional de Lesieux, al que accedió La República.
“En cuanto al tema en cuestión (los allanamientos a la Municipalidad) seguimos a tono con lo que decíamos. Estamos en 100% a derecho, no pasa nada. Hubo una diligencia más en el marco de la conformación de una causa, en la cual nosotros estamos a derecho”, continúa este asesor que marca la línea que deben seguir los periodistas de la radio comunitaria municipal.
La estrategia, tal cual lo manifiesta Rodríguez, es minimizar el hecho de que la intendenta camuista tiene tres causas abiertas por irregularidades y sospechas de corrupción. Asimismo, endilgarle al Gobierno provincial una persecución judicial (¿?) a los referentes del FPV y victimizar a Lesieux por su condición de mujer, plan que se cae por su propio peso, teniendo en cuenta que los fondos que se investigan tienen que ver con la gestión nacional anterior, donde el bolsero detenido José López, exsecretario de Obras Públicas fue quien les otorgó el dinero para la obras fantasmas.
Mientras la jefa comunal alineada al camauismo Angelina Lesieux participaba en el encuentro de intendentes convocado por el Gobierno nacional, funcionarios del juzgado de instrucción de Curuzú Cuatiá llegaron hasta el pequeño poblado para buscar los documentos sobre el movimiento de los fondos y la manera en que se ejecutaron los mismos desde que Lesieux asumió como titular del Ejecutivo municipal.  Pero no solo fue el edificio municipal el lugar de allanamiento, sino también la casa particular que Lesieux comparte con el concejal Jorge Corona, exintendente y actual pareja de la jefa comunal. Asimismo la casa de Sabina Lammens, quien hoy tiene la firma autorizada para los cheques y la casa de su madre, Gladis López. Asimismo la de la tesorera comunal Patricia Vera. De todos los domicilios se llevaron documentación. Lo que agranda aun más el escándalo. ¿Por qué había documentación del municipio en casas particulares? Es algo que deberá resolver la Justicia.