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EL TIEMPO EN LA CRUZ

30 de junio de 2014

Fondos buitres nacionales merodean las arcas de la Municipalidad de Corrientes

Representando a un fondo buitre entrerriano que hace 20 años compró supuestos créditos de deuda, dos abogados correntinos estarían intentando embargar cuentas de la Municipalidad de Corrientes.
Según supo El Litoral pretenderían cobrar al contado un pasivo que habría tenido un nacimiento irregular, crecimiento especulativo y hoy representa un monto 10 veces superior al original.

En nombre de supuestos “fondos buitres” nacionales, una pareja de abogados correntinos estarían presionando a la Comuna, vía judicial para conseguir desembolsos en razón de honorarios, intereses y capital, por una deuda originada en el año 1985, durante la intendencia de Raúl Horacio Papini, el primero en ocupar ese cargo al retorno de la democracia, en 1983. Según fuentes judiciales, los litigantes son los letrados correntinos Nora Suárez y Miguel Angel Tosetti, quienes desde hace tiempo vendrían presionando en una ventanilla local de la Justicia Federal para conseguir embargos de cuentas bancarias y bienes de la Municipalidad de Corrientes, siguiendo -según dijeron varias fuentes consultadas- los mismos procedimientos que los “fondos buitres”, tristemente célebres en estos días de zozobra financiera en Argentina. Estos abogados, tal está acreditado, defienden los intereses del estudio jurídico “Ludovico y Nissen” de Entre Ríos, que en 1995 compró a las empresas constructoras asociadas “Acquarone SC y Coviar SA”, supuestos créditos de deudas de la Municipalidad que fueron cedidos en varias oportunidades. Ahora, según pudo averiguar este diario, Nora Suárez y Miguel Angel Tosetti estarían haciendo fuerza, no ya solamente por sus honorarios, jugosos según se estima, sino que además pretenden quedarse -afirman fuentes tribunalicias corroboradas luego en la Comuna-, con más de 10 millones de pesos por un pasivo que originalmente habría sido de 1,5 millones de pesos; monto que en realidad con intereses actualizados sólo alcanzaría los 3,8 millones de pesos. El Litoral intentó contactarse con el jefe comunal, Fabián Ríos, para conocer esta información desde adentro, pero el intendente derivó la discusión pues, según dijo, se está negociando un entendimiento. Otras fuentes relacionadas al caso, confirmaron que efectivamente se negocia un acuerdo pero en un escenario “tremendamente hostil”, por lo que las cosas, al parecer, no estarían encaminadas. Todo lo contrario. Sólo falta la aparición de un juez Griesa, pero a la correntina. Las consecuencias de un fallo adverso a la Comuna, serían, por razones obvias, tremendos para la mancha de la administración y la prestación de los servicios. No obstante, nadie en el Municipio avanzó en este punto. Sí se supo que ambos abogados correntinos, que hace más de 10 años representan al fondo buitre entrerriano, estarían rechazando sistemáticamente las ofertas de conciliación que, dentro de sus posibilidades, ofrece la Comuna, lo que hace dudar de la voluntad de acuerdo. Suárez y Tosetti exigirían la actualización del pasivo con intereses históricos incorporados al capital, al que además le volverían a aplicar intereses de actualización, situación que representa, así vista, una espiral especulativa financiera, tildada de “inmoral” e impagable para el Municipio.  No obstante, técnicos comunales aseguran que vienen mostrando voluntad de pago y que manifiestan interés institucional para alcanzar un acuerdo, siguiendo la línea que sigue por estas horas el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicilloff, si es que puede trazarse un paralelo y cumplir con las sentencias judiciales que ya pesarían sobre el particular. Sucede que desde 2013, la Comuna viene saldando el pasivo en cuotas mensuales que suman devengamientos anuales de 1,8 millones de pesos, monto que al parecer constituye una insignificancia para el fondo buitre entrerriano que amenazaría siempre con ir por todo. Lo más complicado para la estabilidad económica y financiera de la Comuna es, al parecer, que esta práctica especulativa en la que estarían trabajando Suárez y Tosetti, contratados para ello, sería una huella para otros abogados que trabajan, por diferentes motivos, en el descalce financiero de la administración que dirige Fabián Ríos.   El origen de la deuda El monto multimillonario que pretenden cobrar los abogados Suárez y Tosetti, en nombre del fondo entrerriano “Román Ludovico y Augusto Nissen”, se originó en 1985. Se trata de un convenio que en octubre de ese año suscribió el ex intendente Raúl Horacio Papini (Partido Autonomista) con las empresas asociadas “Acquarone SC y Coviar SA”. El pasivo habría sido reconocido parcialmente por la Municipalidad en marzo de 1988, en el marco de las normas de consolidación de deudas, pero nunca se emitieron bonos, lo que, según los entendidos, otorga a la deuda actual un origen irregular. Posteriormente las firmas “Acquarone SC y Coviar SA”, le vendieron sus créditos al estudio jurídico entrerriano “Ludovico y Nissen”, conformado por profesionales de nota, que en 1995 inició una demanda para cobrar la deuda actualizada con intereses que observados desde hoy no serían más que especulativos. En octubre de 2003 la Municipalidad de Corrientes reconoció 1,5 millones de pesos en deuda y se regularon 342 mil pesos de honorarios para los abogados Suárez y Tosetti, confirmó una fuente de la Justicia. Pero tras rechazar las ofertas de conciliación, los abogados correntinos ahora estarían con ganas de quedarse con más de 10 millones de pesos por un pasivo cuya génesis resulta al menos discutible y viciada. En conclusión, lo que estarían reclamando los abogados Suárez y Tosetti y sus mandantes, esta especie de fondo buitre de cabotaje, es una suma que tendría más que ver con el dibujo que con el cálculo, pues se habría llegado al monto final, varias veces millonario, incorporando intereses históricos al capital, al que a su vez le vuelven a aplicar más intereses de actualización, lo que sigue acrecentando el pasivo en una rueda sinfín.   Fuente:www.ellitoral.com.ar

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