Las familias del predio del 17 de Agosto se manifestaron frente a Casa de Gobierno para reclamar el acceso a la energía eléctrica y agua potable. La querella y los mismos habitantes del terreno advierten que el desalojo se podría dar en pocos días.

Las familias okupas que habitan hace casi tres meses el predio de calle El Trébol en el 17 de Agosto marcharon ayer y se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, pidiendo asistencia y servicios básicos. En contacto con EL Litoral, uno de los habitantes del terreno comentó que “pedimos luz y agua porque acá viven muchos chicos y es muy difícil así”.
Si bien no fueron recibidos por ningún funcionario público, presentaron una nota formal con sus inquietudes y pedidos para las decenas de familias que se asientan allí. 

  Más allá de esta situación, los okupas se encuentran preocupados ante la posibilidad cierta de que los saquen del predio. Uno de ellos contó a este matutino que “la abogada que nos defiende nos aconsejó que nos vayamos por nuestros propios medios porque en pocos días nos iban a desalojar”.
Esta versión coincide con la opinión que tiene la parte querellante, que en varias oportunidades aseguró que no había otra solución posible que el desalojo masivo del terreno, propiedad de la familia Tsukamoto.
A pesar de estos indicios que hacen suponer que los okupas sean sacados del lugar, los habitantes del predio se muestran aún confiados en poder quedarse y aseguran que no se van a retirar. En este sentido, uno de ellos dijo ayer que “no vamos a salir hasta que el Gobierno nos atienda o nos de una respuesta”.
Según indicaron, desde Casa de Gobierno les dijeron que podrían darle una respuesta el viernes; aunque temen que la Justicia ordene la liberación del lugar antes, en el transcurso de esta semana. “Parece que nos van a sacar con la Policía y la verdad es que no tenemos donde ir, además hay muchos chicos y mujeres”, argumentó uno de los okupas.
En los últimos días, fueron varias las familias que decidieron abandonar el predio por sus propios medios, tal vez alertados por la posibilidad de un desalojo. Al quedar lugares disponibles, al menos tres nuevos grupos de personas ingresaron y se asentaron allí, modificando de esta manera la cantidad de habitantes que la Justicia determinó tras el censo realizado.
  Fuente:www.ellitoral.com.ar

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